La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó los recursos de apelación de las defensas de ocho acusados -entre ellos seis abogados- de conformar una asociación ilícita dedicada a cometer, desde el año 2022, diversos hechos delictivos de estafa procesal. Así, confirmó los procesamientos dictados por la jueza María Fabiana Galletti, en el marco de la investigación desarrollada por el fiscal Anselmo Castelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°57.

En su resolución, los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini consideraron que las constancias de la causa evidenciaban “la existencia de una organización entre los imputados, con cierto grado de cohesión y permanencia en el tiempo, que no se altera en lo sustancial porque sus miembros muten de roles o limiten su aparición en los expedientes para no dejar expuesta su modalidad delictiva”.

Agregaron que era “indudable que, aunque fuera de manera somera, se verificaba una actuación mancomunada que administraba recursos materiales como documentos, fotografías, así como el conocimiento para constituir pólizas de seguro, simular los siniestros y presentar las demandas en los tribunales”.

El caso

La investigación desarrollada por la fiscalía se inició a raíz de la presentación de una serie de compañías de seguros que daban cuenta de la existencia de una organización conformada por seis abogados y dos hombres, que denunciaban falsos siniestros a las aseguradoras, con lesiones en las personas y/o daños a los vehículos, para obtener, de modo ilegítimo, reparaciones económicas para las supuestas víctimas.

Al solicitar la indagatoria de los implicados, en abril pasado, el fiscal Castelli les imputó a dos hombres, cuatro abogados y dos abogadas “haber conformado una organización y/o asociación permanente para cometer hechos delictivos indeterminados de estafa procesal, la que opera al menos desde el año 2022”.

De acuerdo a la fiscalía, uno de los hombres se presentaba -patrocinado por alguno de los abogados- como actor ante la Justicia Nacional en lo Civil, donde demandaba a distintas personas y compañías de seguro por accidentes en los cuales, supuestamente, era víctima o, en un caso, responsable de un accidente. Así, presentaban pruebas, testigos y presupuestos falsos, para poder obtener un fallo patrimonial que los favoreciera y los hiciera acreedores de una indemnización, en perjuicio de las contrapartes.

“Lo expuesto, permite sin dudas tener por configurado el despliegue de maniobras fraudulentas, mediante la presentación de datos, pruebas y testigos falsos", señala el fallo.

Además, la investigación reveló que los supuestos testigos que podían dar cuenta de la mecánica de los hechos, se repetían en los distintos expedientes y, en algunos casos, mantenían relación de convivencia con los denunciantes, todo lo cual era ocultado a los jueces civiles. También se determinó que se presentaron las mismas fotografías y presupuestos, para más de un siniestro.

Oportunamente, y en base a las pruebas recabadas por la fiscalía, la jueza Galletti procesó a las ocho personas implicadas por los delitos de asociación ilícita y cinco hechos de estafa procesal -tres de los fraudes en grado de tentativa y dos de ellos, consumados-. Además, trabó embargos sobre sus bienes.

El fallo de la Cámara

El decisorio fue recurrido por las defensas, pero la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, desestimó las presentaciones y confirmó lo resuelto por la magistrada.

Para así proceder, los jueces Rodríguez Varela y Lucini destacaron que, en los expedientes compulsados por la fiscalía ante el fuero civil, “se constató el accionar de los integrantes del grupo, verificándose la presentación de las mismas personas en carácter de testigos en más de un caso, con algunas de las cuales los unía diversas relaciones que fueron ocultadas al juez, además de pretender falsear los daños alegados merced a la presentación de las mismas fotografías y presupuestos en más de un legajo, a todo lo cual se aduna la similitud del modo en que se describían los siniestros. Así quedaron en conato tres de los fraudes, mientras que otros dos alcanzaron a ser consumados”.

Los camaristas también señalaron que, en su resolución, la jueza recalcó el formato similar de las demandas presentadas por los distintos abogados, las que se presentan idénticas en estructura, forma y letra utilizada”, al tiempo que, en todos los casos, tuvieron la misma mediadora.

“Lo expuesto, permite sin dudas tener por configurado el despliegue de maniobras fraudulentas, mediante la presentación de datos, pruebas y testigos falsos. La reiteración de testigos repetidos o vinculados a las partes, como el recurso al aporte de las mismas fotografías y presupuestos en distintos procesos, convencen acerca de la falsedad de las pretensiones introducidas en los expedientes”, destacaron.

Agregaron que “quienes figuraban como demandantes podían hacerlo como demandados en otros casos”, que se constataron “coincidencias en los talleres a los que se atribuían los presupuestos, completamente falsos en el caso de uno de los establecimientos pues se comprobó que no existía”, y que “muchos de esos reclamos avanzaron e incluso fueron cobrados”.

Así concluyeron que uno de los abogados y uno de los hombres eran los jefes de la organización, dado que montaron el escenario para las maniobras delictivas, mientras que los restantes implicados resultaron ser miembros de la misma, por “su disposición a participar en los roles asignados cuando ello fuera necesario”.