En los tribunales federales de Comodoro Py, se reanudó ayer el juicio por la desviación de la investigación y el encubrimiento del atentado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, cuando una camioneta Renault Trafic explotó a las 9:53 horas de la mañana frente al edificio de Pasteur 633. El hecho provocó la muerte de 85 personas y, al menos, 151 heridos.

La audiencia comenzó minutos antes de las 10:00 con los últimos planteos de las cuestiones preliminares. Esta vez fue el turno de los abogados defensores del ex presidente de la Nación, Carlos Menem, Omar Daer; del ex juez Juan José Galeano, y de los ex fiscales Eamon Gabriel Mullen y José Carlos Barbaccia. Además, se escucharon las presentaciones del ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y de Carlos Alberto Telleldín. El debate es llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilla, con la actuación como cuarto juez de Domingo Altieri. En representación del Ministerio Público Fiscal, estuvieron en la sala los cotitulares de la Unidad Fiscal AMIA Sabrina Namer y Roberto Salum, junto con los fiscales ad hoc Miguel Yivoff y Fernando Comparato.

Los letrados defensores solicitaron la nulidad -en algunos casos parcial- de los requerimientos de elevación a juicio de las querellas y del Ministerio Público Fiscal. Además, cuestionaron la lectura de las síntesis de dichas piezas procesales. Asimismo, se hicieron planteos relativos a la inaplicabilidad del derecho internacional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el juzgamiento de los delitos que se encuentran sometidos al debate; cuestionaron la legitimación de las querellas y solicitaron la nulidad de la designación de los fiscales ad hoc. Como dato saliente, el abogado de Carlos Saúl Menem pidió la nulidad del procesamiento y la prescripción respecto del delito de encubrimiento, además de plantear que el ex presidente tiene la obligación de guardar el secreto de Estado y que, por esa razón, existen circunstancias que conoce pero se ve impedido de declarar. Sobre una situación análoga, también se expidió el abogado de Hugo Anzorreguy.

Sobre este último punto, el defensor explicó que el imputado Menem cuenta con información producto de haber estado a cargo de la presidencia de la Nación al momento de los hechos, y recalcó que todo lo que el acusado pueda decir “puede afectar al gobierno actual, a los intereses de la nación y a los ciudadanos”.

Por la tarde, fue el turno de las respuestas a estos planteos por parte del Ministerio Público fiscal y las querellas. Sobre la cuestión planteada por el abogado del actual senador nacional, el fiscal Roberto Salum refirió que la pretensión “se encontraba escasamente fundada sin invocación de norma alguna que avalara el planteo”. Recordó que una cuestión similar había sido resuelta respecto otro del ex secretario de Inteligencia Anzorreguy y que debía ser el Tribunal quien resuelva, tal y como lo hizo en el incidente de relevamiento del secreto de Anzorreguy. Esto es, generar todas las instancias procesales a disposición de la justicia a los efectos de que el ex presidente tenga la posibilidad de defenderse declarando todo aquello que conociera sobre los hechos, garantizando la posibilidad de su defensa sin restricciones, siempre y cuando  no se tratase de un planteo meramente dilatorio.

En relación a la nulidad del procesamiento, señaló que es “improcedente esta discusión porque ya fue tratada en instancias anteriores”. Por su parte, la fiscal Sabrina Namer se expidió sobre la intervención de los fiscales ad hoc Fernando Comparato, Miguel Yivoff y Juan Murray. La representante del Ministerio Público solicitó que se rechace el pedido de apartamiento e hizo especial referencia al artículo 33 inciso g de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que habilita a la conformación de grupos de trabajo, integrados también por fiscales ad hoc para casos de alta complejidad. Así, agregó: “Las designaciones fueron efectuadas por medio de resoluciones fundadas y se pusieron en conocimiento a todas las partes (…)  van a actuar de manera conjunta o alternada”, además de recalcar las implicancias de la nueva Ley Orgánica del MPF para estas situaciones.

El Ministerio Público Fiscal también se expresó sobre los pedidos de nulidad de las elevaciones a juicio, y en este punto Namer enfatizó que no se trataba de cuestiones preliminares y que “el contenido denotado fue lo más parecido a un alegato de un juicio”.

Más tarde, fue el turno de las querellas, que adhirieron a los planteos del MPF y rechazaron las cuestiones preliminares propuestas por las defensas. El Ministerio de Justicia de la Nación señaló que la cuestión de la legitimidad como querellantes “fue una cuestión zanjada  en este proceso (…) esta querella planteó los fundamentos y argumentos de su legitimidad y el estado argentino ha reconocido la responsabilidad internacional por lo sucedido y en sus fines estaba que este proceso llegue a buen puerto y una reparación a sus víctimas”. Asimismo, sus representantes efectuaron especiales consideraciones respecto del derecho y jurisprudencia internacional aplicable al caso, e hicieron hincapié en los antecedentes históricos y en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que legitima la intervención de los fiscales ad hoc.

A su turno, el representante de Memora ActivaRodrigo Borda fue contundente al momento de argumentar el rechazo sobre la aplicación del secreto de estado sobre Carlos Menem: “Si sabe muchas cosas sobre el atentado de la AMIA y durante 21 años se calló, quizás este juicio sea el lugar en honor a las víctimas y a la impunidad para que puedan recibir un resarcimiento. Que no se reprima más”.

 A continuación hicieron uso de la palabra, la querella representada en la sala por Laura Ginsberg –APEMIA-, la agrupación de Familiares y Amigos de las víctimas del atentado contra la sede de la AMIA -18 J-, la querella unificada de AMIA/DAIA y la que conforman los ex policías bonaerenses encabezados por el ex comisario Juan José Ribelli. Todas, agregaron las consideraciones puntuales respecto de los planteos realizados y adhirieron a los rechazos formulados previamente por los restantes acusadores.

A las 18:00 finalizó la audiencia, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 3 de septiembre a las 9:30 para resolver las cuestiones preliminares planteadas y comenzar con las indagatorias. Todo indica que el primero en declarar sería el ex presidente Carlos Saul Menem.