La causa se inició cuando el actual Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata denunció una serie de irregularidades en las contrataciones de los servicios de limpieza y de seguridad en esa casa de estudios durante la década del noventa. En esas irregularidades habrían intervenido las que en ese entonces eran las máximas autoridades de la universidad. Los imputados son Jorge Domingo Petrillo, Jorge Galatro, Néstor Fernando Herrera, Mario Prossa y Rubén Néstor Prossa

Luego de una ardua y extensa investigación, se pudo comprobar que la primera de esas irregularidades consistió en el armado y contratación directa de una cooperativa de vigilancia, durante el año 1994, por las máximas autoridades que en aquel momento manejaban la universidad. El personal de esa cooperativa era obtenido por per personal que ya se encontraba bajo el régimen de locación de obra en similares tareas en la facultad. Para integrar la cooperativa, se los amenazaba con que, si no lo hacían, iban a perder su fuente de trabajo.

Al año siguiente, en 1995, el tesorero designado en la cooperativa advirtió que había un excedente mensual que, dividido por el número de asociados, representaría aproximadamente un sueldo más por mes para cada uno de los asociados. Frente a esa situación, el contador de la cooperativa se había negado a firmar el balance. Se comprobó, también, que en ese año de vida, la cooperativa había triplicado los montos históricos pasando de $154.478,77 a $487.634,78.

Otra de las irregularidades se había presentado mediante la contratación de una empresa de seguridad luego de rescindir el contrato con la cooperativa. A esta nueva empresa, que había ganado la licitación de manera fraudulenta, sólo en el primer período de trabajo se le giraron cien mil pesos más que el que se había pagado hasta ese entonces.

El juez de primera instancia y la cámara de apelaciones habían archivado la causa por considerar que estaba prescripta la acción penal. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales generales Daniel Adler y Ricardo Wechsler solicitaron a la Cámara de Casación que revocara esa medida. Este tribunal consideró correcto el pedido de los fiscales y ordenó que se siguiera investigando la actuación de los imputados.

En este sentido, Casación señaló que de la propia lectura de los argumentos desarrollados por los jueces de la cámara de apelaciones para justificar su decisión de tener por extinguida la acción penal respecto de los acusados, se pudo apreciar que estos no habían fundado adecuadamente su postura, ni acreditado la efectiva vulneración de la garantía constitucional invocada, a la luz de los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recogida en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, destacaron que, entre otras cosas, no se tuvo en cuenta que la realización de la pericia se vio demorada por distintas circunstancias. Algunas de ellas, habían sido denunciadas por los representante del Ministerio Público Fiscal, y consistían en la pérdida de expedientes administrativos y una inundación que destruyó parte de la documentación. Más adelante, Casación indicó que la cámara de apelaciones tampoco había considerado el fallecimiento, debido a una leucemia "fulminante", de la contadora designada para llevar adelante la pericia.

El Fiscal General Adler también había sostenido que la demora en la tramitación de la causa no era atribuible a los fiscales. Además, había indicado que la mayoría de los imputados aún en la actualidad ocupan puestos que los habilitan para obstruir la actuación de la justicia. Refirió, finalmente, que los imputados recién adquirieron técnicamente tal carácter en el mes de diciembre de 2004, lo cual reduce sensiblemente los términos señalados por la cámara federal de apelaciones.