El secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim, y el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, firmaron esta semana un Convenio de Cooperación Institucional entre ambas entidades. El documento permitirá la asistencia mutua en el intercambio de información y asistencia técnica para mejorar la eficiencia de las investigaciones, tanto en curso como a futuro. El principal objetivo es atender a los problemas que aquejan a los ciudadanos, vinculados con irregularidades o delitos cometidos en el ámbito de la administración pública nacional, en gran parte canalizados a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El representante del Ministerio Público Fiscal destacó que “tras el largo período de vacancia que tuvo la dependencia es necesario revitalizar las relaciones institucionales con los organismos claves que hacen a la función de control e investigación que tiene la Fiscalía”.  En ese sentido, destacó la importancia de la firma de este convenio ya que, junto con las demás estrategias articuladas en miras a mejorar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en materia de corrupción pública, “el trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Nación es una puerta más de acceso que facilitará la investigación de nuevos casos y por tanto cumplir con el objetivo esencial de los organismos de control”.

Por su parte, el director de la Defensoría resaltó que la función principal de su organismo es “la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos tutelados en la Constitución, como por ejemplo las cuestiones vinculadas a la seguridad social, a la salud pública, al medio ambiente, a los derechos de los discapacitados, la trata de personas o las comunidades indígenas”. Por tanto, para Haquim, la labor de la FIA en la investigación de irregularidades penales y administrativas en las que pudieran haber incurrido los agentes de la administración pública “son un complemento y una ayuda inestimable para ejercer más eficientemente la labor de ambas instituciones”.

Según surge del texto del Convenio, la cooperación se pondrá en práctica en tres modalidades esenciales: por medio de la remisión de asuntos, cuando entiendan que la Institución resulta competente de manera complementaria o alternativa a la propia; a través del intercambio de Información (materiales, datos y documentación) que pueda resultar de utilidad para el mejor cumplimiento de las tareas de investigación de la contraparte, y a través de la asistencia por medio de participación en investigaciones, dentro de los límites que establece su marco legal. En este último caso, las dos Instituciones acordaron otorgar a su personal la posibilidad de asistirse mutuamente en lo que hace a sus respectivas actividades operativas.

Tras la firma del convenio, ambos organismos comenzaron las conversaciones previas para la realización de un seminario de intercambio de experiencias y prácticas exitosas en la investigación de los casos que llegan a cada una las instituciones y la forma de explotar las facultades complementarias de cada uno, respetando los ámbitos de competencia y regulación, para mejorar su eficiencia.