El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 14, Andres Madrea, solicitó el llamado a indagatoria de Aníbal Marcelo Terra e Ingrid Georgina Kern Dornfeld, presidente y vicepresidente de “Kowsef SA” -cuyo nombre de fantasía es “Kosiuko”-; Daniel Awada y Patricia Norma Fraccione, presidente y vicepresidente de “CHEEK S.A.” -cuyas marcas son “Como Quieres que te Quiera” y “Cheeky SA” y/o “Cheeky Child SRL”-, y Sergio Jaime Said y Victoria Papu De Said, presidente y vicepresidente de la sociedad denominada “Mazalosa SA”, conocida por el público con el nombre de “Portsaid”.

La medida había sido denegada por la jueza Alicia Iermini, cuando subrogaba el juzgado 48. El fiscal apeló, la Cámara del Crimen hizo lugar a su pedido y en diciembre la jueza María Fontbona de Pombo los convocó a declarar, lo que se haría a mediados de marzo.

Se les imputa a los empresarios el delito de reducción a la servidumbre entre junio de 2007 y octubre de 2011, período en el que habrían contratado un taller de costura a nombre de Rocy Mari López Cisneros y de Marco Antonio Cáceres Flores, ubicado en la calle Pola 1995/1997, en el barrio porteño de Mataderos. Ese domicilio, a su vez, posee una conexión interna con el de la calle Garzón 5611.

Allí, los acusados habrían sometido a sus empleados a trabajar en precarias condiciones laborales, sin permitirles salir del lugar, haciéndolos pasar incluso las noches en habitaciones improvisadas destinadas para continuar bajo custodia de López Cisneros y Cáceres Flores.

Durante las jornadas laborales los habrían mantenido encerrados bajo llave sin dejarlos salir y conminándolos, gritos y maltratos mediante, a realizar el trabajo textil encargado sin tiempo de descanso. De esta forma, se indicó desde la fiscalía, los sometieron bajo su dominio, ya que los empleados no tuvieron la voluntad como para exigir mejoras laborales por temor a perder el trabajo; era común que los amenazaran en caso de no culminar la tarea o solicitar descanso.

Allanamientos y detención

Durante un allanamiento realizado el 3 de octubre de 2011 en el taller textil, personal del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina constató la presencia de quince empleados, siete de ellos en condiciones migratorias irregulares. Además, mientras se llevaba a cabo el operativo, se presentaron López Cisneros junto a Cáceres Flores, quienes se identificaron como los dueños del negocio.

En ese contexto, se detuvo a los imputados y se secuestró material importante para la investigación del caso.

Del resultado de otro allanamiento efectuado en la finca de la calle Rondeau 2583/5, piso 1°, de la localidad de San Martin -provincia de Buenos Aires-, fueron secuestrados documentos de la firma “Cheeky” -notas de débito, facturas “A” y órdenes de pago con membrete “Cheeky Baby & Kinds”- además de prendas de vestir de la firma mencionada, de “Portsaid” y de “Cómo Quieres que te Quiera”, además de cartones con el logotipo de “Kosiuko” y etiquetas de “Cheeky” y “Kosiuko”.

Una persona que prestó declaración indagatoria y luego fue sobreseída explicó que su rol relacionado con la confección “se centraba esencialmente en conseguir a las marcas talleres aptos para cumplir con el trabajo". Y añadió que hacía "aproximadamente un año, y estando prácticamente retirado de esa actividad" se contactó "con la empresa Cheeky y/o Cómo Quieres que te Quiera”.

Denuncia y testimonios

La causa se inició a raíz de dos denuncias formuladas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad que daban cuenta  de la existencia de un taller textil “clandestino” donde se realizaban prendas de vestir para la firma “Como Quieres que Te Quiera”, submarca de la empresa “Cheeky”.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que el taller en cuestión no registraba constancias de habilitación.

En cuanto a los empleados, declararon que su trabajo consistía en cortar telas, despuntar los hilos y planchar las prendas y etiquetas. Uno de ellos aseguró que nunca le fue exigido presentar documentación personal para trabajar allí, siendo la contratación convenida en forma oral.

Una de las víctimas explicó que hacía cuatro años que trabajaba en el taller y que el dueño era Cáceres Flores, “porque era quien llevaba adelante todo".

"Me explicaba las cosas que tenía que hacer, era una persona muy soberbia que nos gritaba y maltrataba todo el tiempo. Nos decían ya está, metan pata, apuren, que teníamos que seguir trabajando y no parar”, narró el testigo. La esposa de Cáceres Flores, López Cisneros, “era la titular”, añadió.

Explicó además que el sueldo se pagaba por prenda confeccionada. Aseguró que muchos de los empleados eran indocumentados y menores de edad, y resaltó: “No podíamos salir del lugar, Marcos nos lo tenía prohibido. Sólo podían salir, en muy pocas ocasiones, las personas que teníamos documentos de identidad y los que no, tenían prohibido salir”.

Indicó que, si querían hacerlo, Cáceres y López Cisneros les decían “para qué van a salir si acá tienen todo, no necesitan comprar comida ni nada".

"Además, nos decían que tuviésemos cuidado con la policía. Teníamos que dar un motivo fundado para poder salir, no podíamos hacerlo libremente”, precisó.

Además contó que trabajaba “en negro” y que a pesar de que posee una hernia, nunca paró de hacerlo, no le dieron días de reposo ni redujeron su trabajo: “No me dieron ni un centavo, más aún cuando no tenía ningún beneficio social”, explicó.

Por su parte, otra víctima agregó que el taller poseía alrededor de dieciséis empleados bolivianos que trabajan desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche. También refirió que “Marcos” (Cáceres) construyó varias habitaciones, en las cuales alojaba a sus empleados. Al momento de cobrar sus respectivos sueldos “reciben descuentos en concepto de alquiler” por ellas, añadió.

El rol de las marcas

De acuerdo con las pruebas recogidas en la investigación, la confección de las prendas de vestir incluía el agregado de las etiquetas de las marcas que presiden los empresarios imputados. Para ello, habrían aportado los moldes de las prendas, los cortes de las telas y los géneros, además de botones, cintas y etiquetas con la marca, logística que consistía también en el traslado de los materiales al taller y luego su retiro con destino a las sociedades en cuestión.

Esa función estaba en manos de fleteros, que fueron sobreseídos por entender que eran sólo transportistas tercerizados de la mercadería.

Sin embargo, cuando requirió las declaraciones testimoniales, el fiscal explicó que se pudo comprobar en esta instancia de la causa que los empresarios habrían tenido “conocimiento de la irregular situación laboral, migratoria y habitacional en las que se encontraban los empleados”.

“Surge de autos el conocimiento de los imputados acerca de las precarias situaciones en las que se encontraba el personal del taller, toda vez que el flujo laboral habitual incluía personal propio de las empresas que concurría al mismo a verificar las instalaciones, todo ello en el marco de un intercambio habitual de documentación, de lo que son ejemplificativos los moldes encontrados en oportunidad del allanamiento, que detallaban pormenorizadamente las indicaciones de las características de cada prenda”, valoró Madrea.

A ello deben sumarse las facturas, los remitos, las notas de crédito y las facturas secuestradas, y la asiduidad en el intercambio comercial, explicó el fiscal.

Finalmente, la producción del taller -luego de su terminación y de la verificación de la calidad de las prendas- era comercializada en los locales de las marcas, “lo que configura en su conjunto la maniobra estudiada”, precisó el representante del Ministerio Público Fiscal.