El fiscal general Maximiliano Hairabedian solicitó anteayer al Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba la imposición de penas de hasta 7 años de prisión para cuatro hombres que integraban una asociación ilícita de tipo paramilitar. Los cuatro acusados eran parte de una organización denominada Compañía de Reserva Mohamed Ali Seineldin, que funcionaba sin la autorización del Ejército y que logró captar a varias personas de buena fe a quienes le hacían creer que eran un grupo legal y les cobraban una cuota mensual para pertenecer y recibir entrenamiento militar. 

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 7 años de prisión para Martín Eloy Browne por el delito de jefe y organizador de asociación ilícita, falsificación de documento público agravado por ser de las fuerzas armadas y tenencia ilegal de armas. Además, solicitó que se declare su reincidencia, dado que contaba con una condena previa. También requirió la 5 años y 6 meses de prisión para Adán Myszkozky, a quien acusó como organizador de la asociación ilícita, mientras que para Luis Brian Galván pidió 4 años de prisión por considerarlo miembro de asociación ilícita y responsable de la falsificación de documento público agravado por ser de las fuerzas armadas. La misma pena solicitó para Federico Kores, como miembro de asociación ilícita y uso de documento falso.

En los casos de Myszkosky, Kores y Galván la fiscalía tuvo en cuenta como pauta agravante sus ideas antisemitas y simpatías por el nazismo porque, al estar asociados a una organización de tipo paramilitar, elevaba el riesgo de afectación al orden público.

Las actuaciones que llegaron a juicio habían comenzado con una denuncia formulada el 23 de abril de 2018 por el general de Brigada Alberto Esteban Sigón, comandante de la 2da División del Ejército Argentino. En su presentación, Sigón había señalado que personas no autorizadas por el Ejército, autotitulándose reservistas, arrogándose títulos y honores no concedidos formalmente, habían emitido credenciales apócrifas en nombre del Ministerio de Defensa y del Ejército Argentino y organizado a ciudadanos en tal calidad. 

De acuerdo a la acusación, Browne -en carácter de jefe de compañía y autoproclamándose capitán-, secundado por Myszkozky y los demás imputados ostentaron indebidas jerarquías militares. Para ello, habían procedido a asociarse y a conformar un grupo armado y de tipo castrense destinado a cometer delitos que actuaba bajo el nombre Compañía de Reserva Coronel Mohamad Alí Seineldin, que no habría estado autorizada a funcionar como tal. La organización engrosaba sus filas a partir del reclutamiento de ciudadanos en Córdoba y Buenos Aires bajo la engañosa promesa de lograr el carácter de reservista y ascensos rápidos sin demasiados requisitos en el escalafón del Ejército.

Los postulantes se incorporaban a esta organización pagando una suma mensual. Bajo estas mismas premisas, los supuestos reservistas debían contribuir económicamente para la realización de supuestas prácticas militares. Una de ellas se llevó a cabo en un predio cercano a la localidad de Camilo Aldao, en el Centro Recreativo de Empleados de Comercio, donde los asistentes recibieron certificaciones y credenciales apócrifas, según se estableció en el proceso. 

En la investigación se acreditó que tanto los reclutados como los encargados de esta compañía se presentaban en sociedad con uniformes militares y ostentando simbología y graduaciones apócrifas. De la pesquisa se desprende también que los líderes pretendieron la entrega de una suma de dinero por parte de los reclutados bajo el pretexto de otorgamiento de una tarjeta de crédito con beneficios. Además se detectó que Browne sería titular de una organización no gubernamental en la localidad bonaerense de Bella Vista, desde donde también captaba fondos. 

La fiscalía señaló que en la estructura de la organización Browne ostentaba un título falso de capitán y se ubicaba en el vórtice superior del mando. Debajo suyo se posicionaban los demás imputados, que cumplían distintas funciones tanto de administración como de reclutamiento, también de adiestramiento táctico y militar, tareas de inteligencia, emisión de documentación y recopilación de información.

A partir de las denuncias, se habían realizado una serie de allanamientos en los domicilios de los acusados, de donde se incautó una gran cantidad de documentación apócrifa, credenciales falsas y, en el caso de Browne, una pistola 9 milímetros con cargador y cartuchos con municiones, además de carpetas y legajos con registros de los integrantes y exintegrantes de la compañía.