El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó a una mujer a ocho años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se trata de la causa seguida contra Ramona Antonia Romero, a quien el 25 de abril de 2014, tras un allanamiento ordenado por la justicia, le secuestraron de su vivienda “trocitos de diferentes tamaños semirectangulares, de 113 envoltorios plásticos cortados en tiras, las que se usarían para fraccionar el estupefaciente y posibilitar así la venta”, junto con “343 comprimidos de rivotril”, y casi un kilo de marihuana.

Durante el debate oral, en representación del MPF intervino el fiscal general Carlos Schaefer, quien “consideró acreditados los hechos imputados” y solicitó la pena de cinco años de prisión, multa, decomiso de bienes secuestrados con accesorias legales.

Los jueces avalaron el alegato del fiscal y llegaron a otorgarle ocho años de prisión debido a que poco tiempo antes la mujer había sido condenada a cuatro años de prisión por también resultar “autora penalmente responsable del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización”.

En este sentido, en la fundamentación de la sentencia, expresaron que “el cuadro probatorio resulta categórico y determinante, para la reconstrucción histórica del hecho investigado y […] permite aseverar que efectivamente el 25 de abril de 2014, luego de realizar tareas investigativas por personal de la Dirección de Toxicomanía, de la Policía de la Provincia de Corrientes, […] se pudo determinar que en el domicilio ubicado en el Barrio Quinta Ferré, […] residencia de la señora Ramona Antonia Romero, se comercializaba estupefacientes; por ello y ante la sospecha que se estuviera cometiendo actos en infracción a la ley 23.737, la prevención solicitó al Juez Federal Nº 1, orden de allanamiento para la vivienda mencionada […] la que fue otorgada”. Allí fue donde encontraron los distintos elementos para fraccionar el estupefaciente, los psicofármacos y el kilo de marihuana.

De esta manera, el Tribunal Oral precisó que “los datos reunidos en las pruebas incriminatorias confirman esa finalidad: la forma en que estaba dispuesta la droga, en pequeñas cantidades o dosis umbrales, fraccionadas, debidamente preservadas en cuanto a su envoltorio y protección; el número de envoltorios que ya fue señalado, el hallazgo de dinero de baja nominación (monedas y billetes), dan cuenta en forma objetiva que el destino, lo era el de la comercialización”.

Y, tal como sostuvo el fiscal Schaefer, los jueces agregaron: “ello resulta tan claro además, en razón de que Romero fue sorprendida por la autoridad prevencional en plena actividad con el objeto prohibido, esto es en posesión -dentro del ámbito de custodia-, ejerciendo la potestad sobre la cosa, conforme dan cuenta las pruebas de valoración que se viene señalando”.

Finalmente, el Tribunal sostuvo que la mujer no sólo puso “en riesgo a sus hijos, muy jóvenes aún sino […] también a los de ese barrio que tiene la particularidad de ser de bajos recursos económicos y como es de conocimiento público, toda vez que está ubicado sobre una avenida (Armenia) de acceso al centro de la ciudad de Corrientes, donde se producen constantemente situaciones de inseguridad (Hurtos, robos, arrebatos) protagonizado por jóvenes de ese barrio “Pujol” que son consumidores de estupefacientes. Dan pautas de ello, el hecho que los preventores de la Dirección de Toxicomanía deben actuar apoyados por agentes del PAR (Policía de alto riesgo) y la reacción de la gente del barrio de agredirlos con piedras”.