23 de abril de 2024
23 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Está acusado de falsedad ideológica en documento público y cohecho
Cromañón: pidieron seis años de prisión para un inspector
El fiscal Fabián Céliz lo solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 . En abril de 1997, Roberto Calderini había rechazado la habilitación del local pero, tres meses después, habilitó el lugar a pesar de que no se habían corregido ninguna de las irregularidades antes detectadas. El veredicto se conocerá la próxima semana.

El fiscal Fabián Céliz le pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 que condene a un inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos a seis de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público y cohecho. Roberto Calderini está acusado de aprobar en agosto de 1997, la habilitación del local donde luego funcionaría el boliche “Cromañon”, a pesar de que tres meses antes había destacado varias irregularidades que no fueron corregidas en el inmueble.

Céliz requirió además la inhabilitación de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Calderini es actualmente empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, la querella a cargo del abogado José Iglesias había solicitado una pena de nueve años de cárcel. Los jueces Gustavo Valle, Gustavo Rofrano y Miguel Angel Caminos establecieron que el alegato de la defensa se realizará el jueves 14 de abril y la próxima semana se dictará el veredicto.

Durante su exposición, el fiscal explicó que en el proceso de habilitación del local de Bartolomé Mitre 3060 se llevaron adelante tres expedientes dentro de la Dirección General de Registros y Certificaciones. En el primero, se decretó la clausura. En el segundo, del 14 de abril de 1997, fue dónde intervino Calderini. Allí, quedaron plasmadas varias de las irregularidades que presentaba el local: la superficie del inmueble era mucho mayor que la declarada, faltaban salidas de emergencias y había puertas que se conectaban con otros inmuebles, pese a que esto estaba prohibido para los locales de baile “clase C”.

A la par de ese expediente, surgió otro. Tres meses después, el 28 de julio de 1997, y a pesar de que el local tenía aún todas las irregularidades señaladas, Calderini firmó un informe en el marco de ese tercer expediente donde hizo constar que "podía accederse al otorgamiento de la habilitación”. Para Céliz, Calderini recibió dinero de los accionistas de la firma “Lagarto”, que tenían a su cargo la administración del local. “Nadie mueve un dedo en ese ámbito gratis, son las dos caras de las misma transacción” afirmó con el respecto a la falsificación del documento público y el cohecho.

“El desorden, la negligencia, la desidia y la viveza criolla son el caldo de cultivo de la corrupción” sostuvo el fiscal. Descartó que los cambios en la habilitación se hayan hecho por incapacidad del inspector (a quién los testigos calificaron como “alguien de referencia, de consulta”) o por amistad. “¿Cuál es la variante entre haber recibido dinero por haber hecho lo que hizo?” se preguntó Céliz y explicó: “No hay duda, sólo el soborno explica porque en abril el local violaba las normas vigentes y luego, mágicamente, se convirtió tres meses después en algo increíble para la evacuación”.

Céliz enumeró la cantidad de irregularidades que se encontraron en el local y que por los cuales, su habilitación era imposible. Explicó que se señaló una superficie de 1447 metros cuadrados cuando en realidad, el inmueble tenía 1840, y no podría haber sido habilitado en esa zona de la Ciudad. Calderini aseguró que no debía medir durante una inspección, que lo hacían “a ojo”. “Dos testigos, uno de ellos el interventor de la Dirección explicaron la importancia de medir y controlar las superficies” señaló el representante del Ministerio Público en su alegato.

También, expuso sobre los tres puntos del local que se comunicaban con los inmuebles que tenía al lado. El primero, una puerta en la planta baja que iba desde la boletería hasta el hall de un hotel. Otro, también en planta baja, comunicaba con unas cocheras que tenían salida por las calles Bartolomé Mitre y Jean Jaures. El tercero era un portón metálico, que daba a la calle, y que estaba marcado como salida alternativa. “Esa puerta era antireglamentaria, no tenía ningún mecanismo para abrirse, no reducía para nada los riesgos de la gente” argumentó.

Además, señaló las deficiencias que había con respecto a las salidas de emergencia. Según la reglamentación, debía haber varias salidas que le permitieran evacuarse rápidamente y sin recorrer más de 40 metros, independientemente del lugar del boliche donde se encontraran. Puso como ejemplo el entrepiso del lugar, donde cabían más de 200 personas y no había ninguna salida: “esto hizo que se produjeran más muertes el 30 de diciembre de 2004”.

Señaló que una columna bloqueaba una salida del boliche y una de las puertas que funcionaba como “de emergencia” ni siquiera cumplía con el ancho que debía tener por ley. “La falsedad en la inspección y habilitación de un local de estas características es muy grave: tiene estrecha relación con el riesgo de muerte que se creó” recalcó.

“Las deficiencias en los controles en 1997 se ven volcadas en el 2004, lo que se habilitó ese año tiene una relación de causalidad con las muertes por la Tragedia de Cromañon” dijo Céliz. Si bien aclaró que por los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales no podía endilgarle una participación en el delito de incendio seguido de muerte, si afirmó que “la falta de habilitación hubiera evitado ese siniestro”. “Pese a las irregularidades, detectadas por el peritaje, bomberos y municipales, increíblemente el local permaneció habilitado sin control hasta el 30 de diciembre de 2004”.

Antes, y en esa misma línea, la querella había realizado su alegato. Sostuvo que “la actividad ilícita más reprochable era abrir el local o habilitarlo” y que “la justicia es muy reacia a condenar estructuras”. Enumeró las ordenanzas relacionadas con las normas de seguridad que debían adoptar los locales con habilitaciones especiales y que, entre ellos, están las inspecciones previas a la apertura.

El abogado Iglesias, padre de una de las víctimas, indicó que si Calderini hubiera hecho cumplir con todas las habilitaciones y reglamentaciones, su hijo no hubiera muerto en el incendio. Detalló todas las irregularidades que presentaba el local con respecto a planos adulterados, las salidas de emergencia y los obstáculos para la salida en caso de siniestros. También consideró que hubo un cobro por habilitar el inmueble y “cajonear" el primer expediente, el que había decretado su clausura. “Pese a todas las irregularidades, se lo habilitó y se lo mantuvo abierto, y seguro que con cada visita de un inspector, hubo un sobre con plata” concluyó.