El fiscal general Germán Moldes denunció ante la justicia al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por el delito de encubrimiento. La investigación preliminar se sustanció a partir de un escrito presentado por los legisladores nacionales Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo. Allí, se hicieron eco de una nota periodística publicada por Hugo Alconada Mon en el diario La Nación del día 19 de octubre de 2014, que daba cuenta de la presunta “utilización de facturas apócrifas por parte de Austral Construcciones, firma insignia del conglomerado de Lázaro Báez. Ellas corresponderían a las empresas Calvento, Grupo Penta y Cía. y Terrafari de la familia Ficcadenti; otras pertenecerían a Constructora Patagónica Argentina S.A. de la familia Ferreyra y otras a Iberoamericana de Servicios SA de la familia Pedraza con domicilio fiscal en jurisdicción de AFIP Bahía Blanca, en la provincia Buenos Aires”. En esta última firma, agregó el fiscal general, “estaría involucrado Juan Ignacio Suris, con procesamiento confirmado por asociación ilícita”.

En ese contexto, Moldes le reprochó a Echegaray “ser encubridor de Báez en el empleo de esa documentación falsa, en procura de disminuir, trastocar o disimular el monto de sus ganancias en las declaraciones presentadas para evadir impuestos”. Para esto, estipuló que el titular de la AFIP “procedió al descabezamiento de la regional de AFIP Bahía Blanca y a la reducción de la misma a la categoría de ‘agencia’, dependiente de la Regional Mar del Plata centrando la investigación en las firmas generadoras y no en la usuaria”.

Junto con los legisladores denunciantes, el fiscal general concluyó “en que el descubrimiento del delito por parte de la AFIP Bahía Blanca, llevó a que se disuelva la regional y se desplazaran las autoridades”.

Por otra parte, el representante del MPF destacó una segunda parte de la denuncia en la que Bullrich, Alonso y Pinedo describieron la existencia de “una suerte de protocolo de toda la administración pública para proteger al Sr. Báez y, a su vez, a la Sra. Presidente” y, agregó Moldes, “sugieren la existencia, entre bambalinas, de un aceitado mecanismo de resguardo que se dispara apenas salen a la superficie señales más o menos concretas de una interpelación a los registros de las sociedades de este empresario. Pintan una escena en la que parece verse al Estado al servicio de la impunidad”.

Para denunciar “la probable existencia de un ilegal dispositivo esparcido entre los estamentos de la administración pública, dedicado de un modo prácticamente automático a enervar -desde sus orígenes- toda pesquisa que pudiere salpicar a tan privilegiado ciudadano [en referencia a Báez]”, el fiscal general analizó una serie de causas que se encuentran o encontraron en la justicia por las que se investigaba al empresario. Esto llevó a Moldes a, “con el grado de provisoriedad que la situación impone, suscribir la hipótesis de que existen indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen los chanchullos de Báez, ya sea mediante la sobrefacturación de la obra pública, la evasión impositiva o el uso de documentación ficticia, por no hablar de operaciones aún más inexplicables, como el escandaloso pago de alojamientos no usufructuados en determinadas cadenas hoteleras”.

Las medidas

Algunas de esas medidas fueron la incorporación de la Disposición de AFIP que determinó que "la unidad orgánica con nivel de División denominada ‘Agencia Sede Bahía Blanca’ existente en la Dirección Regional Bahía Blanca de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, en el ámbito de la Dirección General Impositiva, pase a denominarse ‘Agencia Bahía Blanca’ y a depender de la Dirección Regional Mar del Plata, con idénticas acciones y tareas que las establecidas para sus similares del interior”.

También, se adjuntó al legajo “aquellos elementos de interés que surgieran en principio de la causa 3017/2013 en trámite por ante el Juzgado Federal N° 7, caratulada ‘Lázaro Báez y otros por encubrimiento y asociación ilícita’”. Luego, explicó Moldes, se agregó “la información oportunamente requerida al Fiscal Federal de Bahía Blanca, Dr. Antonio Horacio Castaño sobre las actuaciones iniciadas en virtud de las firmas radicadas en aquella jurisdicción vinculadas con la generación de facturas apócrifas que estarían relacionadas comercialmente con las empresas de Lázaro Báez”.

Sobre este punto, el fiscal general destacó que “Castaño avanzó hasta donde pudo y terminó convencido de la necesidad de judicialización de lo actuado, en función a las recortadas facultades del Ministerio Público, para afrontar una investigación de ese calibre […]. Sin embargo, una vez judicializada la cuestión el derrotero procesal se direccionó, nuevamente, hacia las generadoras de las factura apócrifas”, pero no a Báez, indicó el representante el MPF.

Moldes también agregó el oficio enviado por el juez Claudio Bonadío, en relación a la causa n° 11.352/14 caratulada "Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público". Allí, se informó que “se investiga la inactividad de la Inspección General de Justicia (lGJ) en el contralor de las firmas vinculadas a los Kirchner y Báez”.

Además la Fiscalía accedió a las actuaciones del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario en la que se investiga a Austral Construcciones S.A. porque “habría registrado facturas apócrifas, tendientes a disminuir los ingresos reales”. Sobre la utilización de esas falsas facturas en los períodos 2008 y 2009, Moldes señaló que el Juez en lo penal económico “se vio obligado a archivar la investigación. Esa decisión se fundó en el informe remitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos del que surge que ‘se auditaron las operaciones de la firma con los proveedores más significativos y no se formularon observaciones’. En otros términos, dice AFIP que Austral Construcciones S.A. (propiedad de Lázaro Báez) no presentó facturas apócrifas en ese período”.

Para el fiscal general, “esa situación podría contradecirse con lo señalado por la propia agencia gubernamental en la investigación de Bahía Blanca […] donde reconoce que la firma Constructora Patagónica Argentina S.A. -entre otras- es investigada en esos períodos como usina de facturas falsas”. Y agregó: “Si esto lo relacionamos con la nota periodística de [La Nación] podemos inferir, aun cuando sea a modo de indicio, que Báez recurrió al empleo de facturación simulada para disimular su patrimonio por esos períodos”.

Valoración

Moldes destacó que “en todas las causas señaladas se aprecian curiosas coincidencias de personajes y situaciones en distintos pero equivalentes escenarios. Una única finalidad recorre transversalmente todo el paisaje: explotar al máximo la protección de los organismos del Estado para sacar a Báez de todo atisbo de investigación o limitar sus consecuencias dispersando las diligencias al papel de actores secundarios. Hasta dónde llegan esos auxilios y a quiénes benefician los mismos será el objetivo ineludible de la prosecución de esta línea de investigación”.

En este sentido, el fiscal general agregó que “Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva (no sabemos aún a ciencia cierta en qué nivel de participación y con qué grado de decisión efectiva, valga la reiteración) de Lázaro Báéz, sus asociados y sus cómplices punibles, cuya diferenciación - ya lo hemos visto- se torna frecuentemente difusa e imprecisa”.

Por otra parte, también indicó que “las maniobras [de Báez] suelen ser tan groseras y sus rastros tan obvios que, si hay un organismo para el cual no podrían pasar inadvertidos, esa es la AFIP, cuya base de datos del patrimonio de los ciudadanos y posibilidades de entrecruzar información con dependencias afines dentro y fuera de las fronteras del país es de tan extenso alcance y tan tupida trama que hemos visto no pocos casos de personas de notoria exposición pública que han denunciado campañas de seguimiento y desprestigio basadas en informaciones, frecuentemente malintencionadas e inexactas. En suma, sin la aquiescencia o complicidad de la AFIP la madeja delictiva que hoy está empezando a desovillarse no habría tenido posibilidades de comenzar a liarse”.

El fiscal general concluyó que “no hay dudas de que Echegaray encubre a Báez recurriendo a diferentes vericuetos legales para disimular no solo el lavado de activos, sino también las infracciones tributarias, el empleo de facturas falsas, etcétera”.

Finalmente, remitió las actuaciones a la Oficina de Sorteo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal “con el objeto de desinsacular el juzgado que por turno corresponda intervenir, con intervención del Ministerio Público Fiscal”.