El fiscal del distrito electoral de Santa Fe, Walter Rodríguez, desestimó una denuncia dirigida contra la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por presuntas infracciones al Código Electoral cometidas durante anuncios de inversiones privadas realizados el pasado 30 de julio.

Allí, Fernández de Kirchner anunció un desembolso privado de 325 millones de pesos destinados a invertirse en la fabricación de alimentos para mascotas en la planta de Nestlé Purina, ubicada en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Rodríguez señaló que la supuesta noticia ''infraccional'' señalaba que Jorge Obeid, actual candidato a Diputado Nacional por el mismo espacio político que integra la Presidenta, participó del evento y dialogó por video conferencia con la primera mandataria. Para el denunciante, esta conducta habría colocado en inferioridad de condiciones al resto de los candidatos por carecer de esa promoción.

Sin embargo, el fiscal indicó que si bien Obeid efectivamente participó del evento, lo cierto fue que, luego de saludar a Fernández de Kirchner, dio el uso de la palabra a la Ministra de Industria de la Nación, Débora Adriana Giorgi, a quien le siguió el responsable de la firma y luego un operario de la planta. Ninguna de esas personas hizo manifestaciones sobre las elecciones, sino que simplemente se refirieron a la “decisión empresarial de sujetos pertenecientes a la actividad privada”, agregó el magistrado del MPF.

En este sentido, Rodríguez señaló que para que se configure una desprotección a la igualdad de oportunidades ante la inminencia de una elección nacional, “es necesario […] que pueda verificarse un hecho concreto con capacidad y entidad suficiente para generar la atracción de una persona, ganar su voluntad o afecto en perjuicio de otros y ello suceda bajo el amparo de un acto de gobierno”. Sin embargo, el fiscal añadió que Obeid simplemente “esbozó un sintético reconocimiento a la gestión presidencial que en modo alguno influye en su situación particular, por cuanto, a lo sumo, tan sólo puede inferirse su alineamiento político que, más allá de las palabras, resulta de notorio conocimiento público desde los inicios mismos de la campaña”.

Asimismo, Rodríguez dijo que esas expresiones fueron emitidas en un ámbito donde la Presidenta y el candidato del FPV no tenían una incumbencia formal, debido a que “las inversiones privadas aplicadas en el sector […] resultan extrañas a la administración pública nacional”. De esta manera, el fiscal aclaró que el desembolso de millones de pesos pertenecientes a capitales privados en una fábrica en Santa Fe no se encuentra dentro de las atribuciones establecidas por la Constitución a la Presidenta de la Nación.

Finalmente, el magistrado del MPF consideró que la denunciante, ante una elección nacional de carácter primaria, omitió identificar al candidato o candidata que podría haberse visto afectado directamente por la supuesta infracción.