El fiscal Jorge Di Lello, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, había planteado una excusación para intervenir en la causa iniciada a raíz de la medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que buscaba frenar la aplicación de la Ley 26.855.

La jueza María Servini de Cubría aceptó la excusación. Sin embargo, dispuso que en su lugar interviniera el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. A partir de esta medida, Di Lello elevó un escrito a la magistrada, en el que señala que con esa decisión contrariaba lo dispuesto en el art. 120 de la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En este sentido, indicó que la sustitución del fiscal debe ser realizada por el titular del Ministerio Público Fiscal, es decir, la Procuradora General de la Nación. Di Lello además explicó que sólo la jefa de los fiscales está facultada por la ley y la Constitución para decidir eso, ya que es su única superior jerárquica. De esta manera, le solicitó a la jueza interviniente que notificara de la decisión a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, para que ella pudiera resolver su reemplazo.