18 de mayo de 2022
18 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Tras la sentencia contra el ex presidente y altos funcionarios de la Casa de la Moneda
Diego Luciani: “El gran desafío que la sociedad nos propone es que los hechos de corrupción sean juzgados en un corto plazo”
El fiscal general, quien intervino en el juicio en el que se condenó a Armando Gostanián a cinco años de prisión, destacó que el fallo ordenó el decomiso del dinero, calculado en más de un millón de dólares, y que la pena es de cumplimiento efectivo. “Resoluciones como ésta nos indican que estamos en el camino correcto”, dijo a Fiscales.

El 14 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a quien fuera presidente de la Casa de la Moneda entre 1989 y 1999, Armando Gostanián, a cinco años de prisión al encontrarlo culpable del pago de sobreprecios en compras realizadas a la empresa alemana Atlantic Zeiser, que retornaban como “comisiones”. Los jueces también dispusieron penas de tres años a los entonces vicepresidente y director de la institución, Juan Carlos Kalfaián y Rubén Chorbadjián, respectivamente, y dos para el agente comercial Jorge Molina. También, ordenaron el decomiso del dinero, que supera el millón de dólares. A una semana del veredicto, el fiscal general que intervino en el juicio, Diego Luciani, dialogó con Fiscales al respecto.

-¿Qué significa esta condena en materia de corrupción? ¿Cuál es su importancia?

- Es muy importante porque es un fallo condenatorio, una condena de cumplimiento efectivo en un caso que fue realmente grave, que en su momento generó conmoción en la sociedad. Y tiene también la relevancia de que se están recuperando los bienes sustraídos al Estado. Después de nueve meses, la sentencia del TOF4, del cual destaco el serio trabajo que realizó, tiene algo novedoso: el recupero de los activos, que los ex funcionarios que los sustrajeron los ingresen nuevamente a las arcas del Estado, con los intereses que corresponda y actualizados al día de hoy.

Y es relevante porque se trataba de recursos del Estado que terminaron en las cuentas bancarias de funcionarios de alta jerarquía de la Casa de la Moneda. Estamos hablando de su [entonces] presidente, vicepresidente y director, con la participación de un intermediario de la empresa alemana Atlantic Zeiser (AZ) que también se quedó con diferentes giros de dinero, que no provenía propiamente de la contratación sino de los sobreprecios previamente pactados.

-¿Cómo trabajó esta causa desde la fiscalía?

- Fue fundamental trabajar con el equipo de la Fiscalía, por tratarse de una causa sumamente compleja. A partir de allí, se elaboró una estrategia que se materializó en cada audiencia del extenso debate oral. Quiero destacar que la tarea se vio facilitada por la investigación que sobre estos hechos concretos hizo el juez federal que instruyó el sumario, me refiero al Ariel Lijo, como así también el fiscal federal Carlos Cearras, quien finalmente requirió la elevación a juicio. Justamente, las pruebas acumuladas en la instrucción, que fueron recreadas en el juicio, además de las nuevas pruebas que se incorporaron al debate, permitieron probar este grave hecho de corrupción.

Fueron nueve meses de mucho trabajo porque, por supuesto, en esta etapa se requiere un grado de convicción suficiente para revertir el estado de inocencia del que goza todo imputado, pero además uno como fiscal se encuentra solo frente a una gran cantidad de abogados defensores, cada uno con su estrategia particular y su propia visión de los hechos, que en este caso fue bien opuesta a la del Ministerio Público.

-Los actos ilícitos cesaron en 1999. ¿Cuándo empezó la instrucción de la causa? ¿Por qué se llegó a una sentencia recién 16 años después?

- Tal como lo mencioné en mi alegato, creo que estos hechos nunca se hubiesen descubierto si no fuese por una circunstancia inesperada para los imputados. La justicia alemana remitió en 2006 un exhorto internacional a nuestro país solicitando información sobre los funcionarios de la Casa de la Moneda y poniendo en conocimiento estos hechos. A partir de ahí, se extrajeron testimonios y se comenzó una investigación.

El lapso de tiempo que duró tiene mucho que ver con esto: exhortos internacionales que iban y venían y que tardaban en contestarse, como así también la propia actividad de las defensas, planteando cuestiones que dilataron el proceso, además de recurrir todo tipo de decisión, hasta las instancias máximas. Así, la clausura del sumario en instrucción tuvo lugar en abril del año 2012. Por supuesto: en la etapa de juicio las defensas reiteraron planteos que fueron rechazados, sumado a la instrucción suplementaria necesaria, lo que determinó el inicio del juicio en la segunda mitad del 2014.

-A veces, el cuestionamiento parece ser que las causas por corrupción tardan muchos años en transformarse en condenas. Más allá que de 1999 a la actualidad pasaron más de quince años, este caso tiene la particularidad que comentaba.

- Los hechos de corrupción son difíciles de investigar. Uno entiende, cree y quiere que estos hechos, que provocan conmoción, se juzguen rápidamente. El gran desafío que la sociedad hoy nos propone es éste: que sean juzgados en un corto plazo.

Muchas veces el paso del tiempo no es atribuible solamente a la justicia. Hay tiempos que necesariamente deben transcurrir, como es el caso de los exhortos que tardaron en ser contestados por Alemania o Suiza. A eso, se le suman otros movimientos, como dije en mi alegato, que el que realizó el propio imputado para impedir que la información de Suiza se remitiera a la Argentina. Y otras veces también esos exhortos llegaron tarde: el último, hace unos pocos meses, cuando ya estaba finalizando el juicio. A pesar de que no teníamos algunas contestaciones internacionales, el debate se inició igual para no seguir demorándolo.

-¿Cómo piensa que son recibidas las sentencias por la ciudadanía en general cuando efectivamente se producen?

- Seguramente, un joven de 20 años no sabe quién es Armando Gostanián y qué cargo ocupó como funcionario público. Ahora, de todas formas la condena de por sí tiene un efecto preventivo general. La sociedad observa que la conducta no queda impune y eso es un hecho destacable. Esto fortalece las instituciones democráticas y reafirma el imperio de la ley. Las circunstancias que rodearon este hecho son tan graves -por tratarse de un acto de corrupción en el ejercicio de la función pública y con trascendencia internacional-, que la pena solicitada por el MPF fue de seis años de prisión y esto fue compartido por el Tribunal que lo condenó a cinco años de prisión, es decir, a una pena de cumplimiento efectivo. Ello, sin olvidar que la sentencia también establece el decomiso de los bienes, conforme establece, entre otras, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fueron suscriptas por nuestro país.

Es decir, estamos siguiendo los lineamientos de normativas internacionales que la Argentina se comprometió a cumplir para prevenir, detectar, disuadir, combatir, erradicar la corrupción y recuperar el dinero. Y las sentencias que se van obteniendo, sin lugar a dudas, ayudan a esos fines.

-¿Cómo es el proceso para la devolución del dinero sustraído, que se calculó en más de un millón de dólares?

- En principio el Tribunal estableció un monto de decomiso para cada imputado. Esto va a ser materia de análisis cuando conozcamos los fundamentos de la sentencia en octubre, pero ya se ordenó formar un incidente para eso. Recordemos que la resolución no está firme, seguramente va a ser recurrida. A partir de ahí, voy a poder tener más precisiones para avanzar en ese sentido.

De todas maneras, también destaco que la resolución del Tribunal hace lugar a todos los pedidos del MPF por unanimidad. No hay muchos antecedentes, hay algo que empieza a cambiar para bien.

-¿De qué manera colaboran las procuradurías y diversas estructuras de la PGN en causas así o similares?

- En este caso específico el trabajo fue realizado íntegramente con el equipo de la Fiscalía y solicité la colaboración del contador de la Procuración, Guillermo Bellingi, quien hizo un excelente trabajo de análisis del movimiento del dinero por diferentes cuentas bancarias. Somos abogados y muchas veces necesitamos de otras disciplinas para que nos ilustren ciertas situaciones o nos apoyen en la investigación. Yo creo en un trabajo interdisciplinario.

Al momento de los alegatos también me facilitó la presentación el apoyo que recibí desde la Dirección de Comunicación Institucional. Pude exponer la idea y mostrar claramente a los jueces el movimiento dinerario y diversas circunstancias que ayudaron a la comprensión de la maniobra: no es lo mismo relatarlo que ilustrar con imágenes cómo giraba la plata de un lado a otro y cómo llegaba este sobreprecio a las cuentas de los imputados. Son estructuras que están disponibles para apoyar el trabajo diario de todos los representantes del Ministerio Público.