El Tribunal Oral Federal N°4, representado por el juez Pablo Bertuzzi, dispuso la suspensión del juicio a prueba de un joven acusado de cometer el delito de intimidación pública, al proferir en 2015 junto a un compañero una falsa amenaza de bomba al Colegio “Nuestra Señora del Milagro" , en el que cursaba el 5° año. El imputado deberá realizar tareas no remuneradas durante un año y, en virtud de lo solicitado por la Fiscalía General N°6 que encabeza Diego Velasco, un curso orientado a concientizar “acerca de la gravedad de hechos” como el investigado.

El magistrado dio curso al pedido formulado por la abogada del acusado, que había propuesto que realice las tareas en el comedor comunitario de la Basílica San José de Flores, a razón de seis horas mensuales durante un año. El Ministerio Público Fiscal, representado por la auxiliar fiscal Liliana Ormachea, propuso que también haga un curso coordinado por la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con el Departamento de Bomberos de la P.F.A., el servicio de emergencias 911 y el SAME, con lo que prestó su conformidad. Ese curso fue organizado especialmente por la administración local a pedido de la Fiscalía. El joven también deberá fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato.

El imputado deberá realizar tareas no remuneradas durante un año y, en virtud de lo solicitado por la Fiscalía General N°6 que encabeza Diego Velasco, un curso orientado a concientizar “acerca de la gravedad de hechos” como el investigado.

“Entiendo que lo peticionado por el imputado y su defensa resulta procedente. Se tiene en cuenta para ello la buena impresión causada por el imputado durante la audiencia, su edad, su situación familiar, y la carencia de antecedente penales, todo lo cual torna viable la concesión del beneficio solicitado”, resolvió Bertuzzi.

El hecho investigado

En la etapa de instrucción de la causa intervinieron la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Carlos Rívolo, y el juez federal Sergio Torres. La investigación logró acreditar que el acusado, junto a otro compañero de curso, realizó dos llamadas en la mañana del 17 de julio de 2015, refiriendo que había un artefacto explosivo en la institución educativa. La primera fue dirigida desde un teléfono celular al 911, y la segunda directamente a la línea instalada en la escuela ubicada en el barrio porteño de Vélez Sarsfield.

Como consecuencia de los llamados intimidatorios “se debió proceder a la evacuación de la totalidad de las personas que se encontraban en la institución educativa, tanto del plantel docente y no docente como de los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario”, es decir 560 personas de entre 3 y 93 años, señalaba el requerimiento de elevación a juicio firmado por Gerardo Pollicita -interinamente a cargo de la Fiscalía que encabeza Rívolo- en septiembre del año pasado. Finalmente, el personal de la Brigada de Detección de Explosivos de la Superintendencia Federal de Bomberos inspeccionó los tres niveles del establecimiento educativo, “tarea que permitió descartar la presencia de material explosivo alguno”.

De acuerdo a la acusación, los hechos detallados encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal. La directora informó durante la pesquisa que los alumnos fueron desvinculados de la institución.