El fiscal federal y coordinador del distrito Mar de Plata del MPF, Daniel Adler, presentó ante la fiscal Laura Mazzaferri, a cargo de la Fiscalía N°1 de Mar del Plata, una denuncia para que se investigue la posible contaminación ambiental y la consecuente afectación de salud de la población por parte de los propietarios de las fábricas de harina de pescado del puerto de Mar del Plata. Además, consideró que deben evaluarse si funcionarios públicos encargados de controlar a las firmas cobraron sobornos.

En el escrito, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resaltó que en los barrios cercanos al puerto, aunque también en el centro de la ciudad, muchas veces se sienten olores nauseabundos. “Irrefutables pruebas abonan por el contrario que esos olores, que ponen en riesgo la salud, en especial la psíquica de los marplatenses y turistas, y que afectan el derecho de los habitantes a gozar del medio ambiente, provienen de la inescrupulosa actividad económica de las fábricas de harina de pescado emplazadas en el puerto”, destacó el representante del Ministerio Público.

Ya en 2010 la entonces defensora del Pueblo Beatriz Arza había presentado el expediente caratulado “Varios vecinos de Puerto y Punta Mogotes sobre contaminación por olores en fábricas procesadoras de harina de pescado” . Ese mismo año, comenzó a tramitar ante la Fiscalía Federal N°2 una investigación que, luego de una extensa investigación, se decidió archivar debido a que las empresas habrían iniciado la adecuación de sus procedimientos. “Sin embargo, la situación ha recrudecido en los últimos tiempos”, advirtió Adler, quien además recordó la advertencia realizada días atrás por el presidente del Consorcio Portuario Regional, José Hidalgo.

El fiscal reparó en que más allá de “una clara advertencia de parte de diversas autoridades que a modo preventivo y cautelar esperaron la adecuación de las empresas”, no se ha logrado hacer cesar la actividad contaminante.

Esa situación “ha colocado a los responsables de tales emanaciones y a quienes deben evitarla, a través del debido contralor, en una clara situación de dolo respecto de las consecuencias de sus acciones”. Ante ello, Adler sostuvo que el trámite de esa investigación evidencia que “estuvieron en conocimiento de la situación  y que, pese a ello, no evitaron  las consecuencias dañosas que esos olores nauseabundos han provocado en el medio ambiente y  en la salud, en especial la psíquica, de las personas”.

Incluso, señaló que la pesquisa desarrollada en la Fiscalía Federal N°2 “evidencia que no se trata de una situación irremediable”, sino que “requiere de inversión de quienes se llevan las ganancias”.

“Conforme estudios realizados los olores nauseabundos podrían evitarse de contar las harineras con la infraestructura necesaria para evitar la proliferación de esos olores. Así se ha expresado, con claridad, en recientes informes que han sido incluso materia de publicación en distintos medios locales”, destacó.

En su escrito, Adler refirió que “el argumento para no realizar las correspondientes inversiones ha sido, por veces, la preservación de las fuentes de trabajo o la rotura de alguna máquina”. Y agregó que “se ha colocado como mascarón de proa para no realizar las inversiones necesarias una situación sensible a la comunidad y a todos los que nos solidarizamos con los sectores más vulnerables, pero en rigor debería analizarse cuáles han sido las ganancias de los empresarios y si éstas no pudieron, en tiempo y forma, utilizarse para la realización de las inversiones que eviten esos olores nauseabundos”.

“En relación a la rotura de máquinas –sumó- ello forma parte del riesgo empresario, y de ningún modo se puede afectar, sólo por mantener las ganancias, el medio ambiente y la salud de la población”.

Ante ello, el fiscal federal y coordinador del Distrito Mar del Plata pidió que se investigue “como presunto hecho delictivo si los olores nauseabundos han generado un impacto sobre la atmósfera de modo tal de tipificar el delito de contaminación ambiental con peligro de afectar o directamente de haber dañado la salud de los habitantes (art. 55 1ra parte de la ley 24051)”. “El derecho a la salud y el derecho a disfrutar el medio ambiente son los bienes jurídicos protegidos afectados (arts. 33, 43, 75 inc. 22 de la CN; CP 89 y 183)”, remarcó.

La investigación, dijo, no debe centrarse sólo en los responsables de las empresas, sino que también debe indagarse sobre “posibles complicidades de las autoridades que han permitido durante estos años que esta situación se mantenga, pudiendo constituir delitos propios de funcionarios públicos”.

Por último, sugirió la necesidad de una “inmediata disposición de una medida cautelar”. “En tal sentido, entiendo razonable intimar a las empresas que se abstengan de seguir trabajando de modo de que se continúe propalando los referidos olores nauseabundos, bajo apercibimiento de ordenarse la clausura judicial  de las referidas plantas”, concluyó.