El titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), Sergio Leonardo Rodríguez, se presentó hoy ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal para sostener la acción penal en la causa que se sigue contra el actual Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa por presunto enriquecimiento ilícito. Esto se debió a que, en junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había hecho lugar a los recursos extraordinarios presentados por el entonces fiscal interino de la FIA, Guillermo Noailles, y por el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Ricardo Wechsler, a partir de lo cual ordenó al máximo tribunal penal que resolviera sobre los planteos efectuados por los representantes del MPF en las instancias judiciales anteriores.

En esta oportunidad, Rodríguez profundizó la presentación formulada por Noailles y Wechsler en relación con los bienes cuestionados que integrarían el patrimonio del ministro de Planificación Federal. Sobre estos bienes, señaló que ninguna consideración realizó la Cámara Federal de Apelaciones, que en su momento confirmó el sobreseimiento dictado en primera instancia.

Los orígenes

La investigación contra De Vido y su esposa se inició cuando el abogado Ricardo Monner Sans denunció un supuesto incremento patrimonial en el periodo comprendido entre 2003 y 2007. El matrimonio fue sobreseído en el año 2009, a partir de un informe remitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar en la investigación. Esa resolución fue apelada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, pero confirmada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.

Esta decisión motivó una segunda apelación, que no fue sostenida por el fiscal general ante la Cámara, Germán Moldes, razón por la cual, Noailles interpuso un recurso de Casación para que la causa no fuera cerrada. Los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron el recurso del fiscal, al considerar que la FIA no se encontraba legitimada para apelar, porque la causa penal no tenía origen en una denuncia propia de esa dependencia.

En este marco, Noailles y Wechsler presentaron ante la Corte Suprema los respectivos recursos extraordinarios, que motivaron la decisión del máximo tribunal de legitimar a la FIA en sus recursos y así revisar el sobreseimiento dictado.