La defensa del ex represor Lucio César Nast, sobre la base de un fallo reciente de la Corte Suprema, había solicitado que se apartara de la causa que se seguía en su contra por crímenes de lesa humanidad al fiscal general subrogante Gonzalo Stara. También solicitó que se declararan nulas todas las actuaciones que se habían realizado en el proceso, debido a que consideraba ilegal tanto la designación de Stara como todo el régimen de subrogancias del Ministerio Público Fiscal.
Stara, que actúa como fiscal titular de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en la sección judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, manifestó, en primer lugar, que el planteo de la defensa no encontraba sustento en ninguna norma prevista en el Código Procesal Penal de la Nación. Por otra parte, añadió que el fallo de la Corte que citaba era aplicable únicamente al caso concreto allí analizado, y que no debía asimilarse la situación a otro tipo de nombramientos de magistrados. A la vez, indicó que la etapa para realizar la recusación, “si es esa la forma que el defensor quiso dar a la presentación”, ya se encontraba superada. En efecto, el fiscal detalló que su actuación como magistrado se remontaba a la instrucción de la causa, lo cual fue convalidado por todas las partes. En función de esto, entendió que el planteo de la defensa del ex represor resultaba extemporáneo.
El tribunal oral federal N° 2 de Rosario adhirió a la postura de Stara y convalidó la legalidad de su nombramiento. En efecto, destacó que la actuación del fiscal general estaba avalada por resoluciones tanto del ex procurador general Esteban Righi como de la actual mandataria del MPF, Alejandra Gils Carbó. Y agregó que esos documentos cumplían con todos los requisitos legales exigidos para la designación de fiscales subrogantes.
El tribunal remarcó que las resoluciones de Righi, primero, y Gils Carbó después habían sido efectuadas "en su carácter de jefe máximo del Ministerio Público Fiscal y ejecutor de las facultades que la ley otorga a dicho organismo". En particular, destacó el tribunal, la designación de Stara la realizaron “como titular de la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal y encargado/a del dictado de los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes” (ver informe que se había realizado sobre designaciones de fiscales coadyuvantes, subrogantes y ad-hoc).
De esta manera, un nuevo tribunal vuelve a confirmar la legalidad del sistema de subrogancias de magistradas y magistrados del MPF, en coincidencia con lo sucedido en otras jurisdicciones como Tucumán y Bahía Blanca.