Semanas atrás salió a la luz el entramado sobre drogas, connivencia policial y causas armadas con importantes actores involucrados en la provincia de Córdoba. El hecho se dio a conocer en un programa televisivo y desde entonces ha tenido repercusiones en diversos ámbitos. Todo se inició cuando Juan Francisco Viarnes se presentó en calidad de “arrepentido” ante la justicia federal de esa provincia (y luego ante los medios) para contar cómo la policía cordobesa armaba causas vinculadas con drogas e incautaba lo hallado con fines aún poco claros.

Por el hecho están detenidos Rafael Sosa, ex titular de la división de lucha contra el narcotráfico de la policía provincial y otros policías de la misma fuerza.

Las implicancias políticas del caso y el rol que jugaron los medios están en el centro de las discusiones. En el marco de las reuniones que se llevan adelante en la Procuración General con los y las fiscales del país, dialogamos con Enrique Senestrari, Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nº 1 de la ciudad de Córdoba, que lleva adelante este caso.

¿Hace cuánto vienen desarrollando la investigación y de qué modo?

La investigación se inició hace muy poco tiempo y tiene dos hechos raíz, que si bien no son el inicio de la investigación en sí, fueron dos señales de alerta muy fuertes. El 16 de julio hubo un secuestro extorsivo muy sospechoso en el que el jefe de la dirección de drogas de la Policía, Rafael Sosa, intervino en el procedimiento, fracasó en el intento de frustrarlo y se abstuvo, de un modo claramente intencional, de dar intervención al fiscal federal de turno. Este secuestro era a personas íntimamente relacionadas con él y que podrían estar involucradas con esta causa. Por otro lado, dos días después de ese hecho es detenido Juan Francisco Viarnes. Esta detención se da en un marco muy particular y que nada tiene que ver con los hechos posteriores. Ocurre por una estafa con dólares falsos. En su casa se encuentran 340 mil dólares y lo raro es que su detención se produce por instancia de los damnificados. A partir de este último hecho, se produce el cambio de actitud de Viarnes, que pasa de ser una especie de agente encubierto ilegal, víctima o cómplice -no está claro todavía-, a relatar los hechos donde estaba involucrado. Dice que le soltaron la mano y no lo ayudaron (y en este sentido relata la presencia de Sosa al momento de su detención y cómo lo ignora y se va). Luego, se resuelve su excarcelación, pasan unos días de silencio y finalmente se comunica con el tribunal y dice que quiere hablar, que tiene cosas para decir como “arrepentido”. Esto llega a principios de agosto a la fiscalía remitido por el juzgado. Ahí se inicia la investigación y se intervienen los teléfonos de Sosa y de otras personas. Luego aparece también el informe periodístico, donde Viarnes accede a hablar con los periodistas como - esto dice él-, modo de protección, de darse seguridad.

¿Lo sorprendió el nivel de repercusión del caso y la cantidad de información que ha ido revelando la investigación?  

La frase vulgar que describe esto para mí es que se destapó una olla muy grande. Lo que Viarnes contó tuvo una condición de credibilidad muy fuerte. Los datos que daba eran muy precisos, nosotros sólo teníamos que ir a los casos judiciales que  mencionaba y comprobar lo que nos contaba. Cuando decía "a tal persona la detuvieron en tal lugar, le secuestraron tales cosas e intervinieron tales policías" íbamos y era exactamente así. Arrojaba incluso números de teléfonos, viajes, y otros datos con mucha precisión. Cuando chequeábamos esa información, comprobábamos que eran viajes que ellos inventaban para hacer sus negocios fuera de la actividad investigativa real.

¿Considera que se trata de un problema estructural o que se está frente a hechos aislados que involucran a algunos policías?

Yo creo que es estructural. Estamos hablando de más de tres años de trabajo de una dirección de policía, donde todos son policías antiguos de la dirección de drogas, donde no hay gente nueva. Esto estaba instalado, uno ve la repetición de casos y ve que hay ramificaciones. Entonces, por supuesto que creo que es estructural, que no se trata de algunos policías.

Se habló mucho sobre cierta politización de la investigación. ¿Qué diría frente a eso?

Me sorprendió muchísimo porque uno espera que las autoridades políticas, con absoluta legitimidad, se presenten en el juzgado o en la fiscalía a interesarse por la situación, para saber cuál es el problema que están teniendo dentro de su ámbito y ver cómo pueden colaborar. Esto no sucedió jamás. Lo que sí ocurrió fue una campaña de desprestigio pública hacia mi persona, intentando dar una tendencia política a mi trabajo, tratando de desviar la atención de la investigación hacia una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con lo que en verdad estaba pasando.

¿En qué medida cree que fue perjudicial la injerencia de los medios?

De los medios en general no. Hay un programa de televisión, públicamente conocido, que se llama ADN. De la gente que trabaja en ese programa, a quienes no conozco salvo al conductor, yo siempre he dicho que lo hace con mucho coraje, involucrándose en zonas, en lugares y en situaciones de alto riesgo. Periodísticamente tienen el valor de mostrarle a la sociedad hechos graves que están ocurriendo. Ahora, por el lado judicial a veces eso tiene un efecto negativo. Se me acusó de querer censurar al periodista y no es así. Cuando yo me enteré de la difusión del informe, le hice saber que eso iba a entorpecer la investigación que ya tenía en curso. Yo soy muy respetuoso de la libertad de prensa y no iba a hacer nada que lo impidiera.

Para mí, esto tiene cuatro patas: actividad de un agente encubierto ilegal, fraguado de causas a través de una maniobra ilegal, la sustracción del estupefaciente y, la pata más grave, que es saber si se dedicaban a la comercialización. Al apurar la investigación, las tres primeras las tengo comprobadas, en distintos grados. En cambio, de la última sólo tengo indicios. Ya había intervenido teléfonos, tal vez era sólo cuestión de esperar para que la pesquisa sobre la comercialización no se tapara de inmediato. En ese sentido, a lo mejor era un caso más corto en el tiempo porque los agarrábamos, como se dice, con las manos en la masa y se llegaba a comprobar todo, incluido un eventual delito de narcotráfico cometido por los policías. Todo eso se arruinó por la difusión del programa, que siguió publicando cosas, con una historia un poco retorcida que sostenía que yo había avisado al periodista, lo cual no es cierto.

¿Qué rol juega el equipo de trabajo a la hora de encarar una causa tan compleja, con actores tan importantes en juego y con tanta repercusión política?

El equipo que yo tengo es realmente fantástico. Son gente confiable, no me tengo que cuidar de que se pueda filtrar información. Son quince personas que trabajan en la fiscalía y la mayoría estuvo involucrada en la causa. Ellos han trabajado de un modo increíble, se pusieron la causa al hombro en todo ese trabajo que nadie ve, de hormiga. Todos lo hicieron con iniciativa propia, involucrándose y creo que para ellos fue muy estimulante. A nivel repercusión política, a ellos no les generó inconvenientes, más allá de la impresión que les causó encontrarse con una causa tan trascendente.

En algún momento del recorrido judicial de la causa, ¿creyó que se podía entorpecer el trabajo por parte de los involucrados?

Por supuesto que creo que pueden entorpecer el trabajo, porque tanto un jefe de policía, un ministro de seguridad, uno de desarrollo social y un jefe de gabinete como el propio gobernador están hablando en contra del trabajo de la fiscalía sin que ninguno de ellos conozca el contenido de la investigación. Es decir, hablamos de las máximas autoridades políticas de una provincia en contra de un fiscal y de una fiscalía con quince empleados que están haciendo su trabajo. Entonces sí, tengo la sensación de que estamos caminando sobre una cama de brasas y que hay que tener mucho cuidado, porque hay un poder político enojado que observa con lupa dónde pueden pegar para bajar a un fiscal que los está molestando.