La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó la elevación a juicio de un hombre acusado de participar de un secuestro extorsivo en septiembre del año pasado, por el que la familia de la víctima debió entregar 26 mil pesos, 5 mil dólares y elementos de oro a cambio de la liberación. El Juzgado Federal N°4 hizo lugar a lo postulado por la representante del Ministerio Público Fiscal y decretó la clausura de la etapa de instrucción, de manera que la causa continuará su trámite en el debate oral y público.

A partir de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°10, que encabeza Ochoa, y la División Operativa Central de la Policía Federal Argentina (PFA), se pudo individualizar a J. A. G. -tales son sus siglas- como coautor del hecho. La Fiscalía consideró acreditado que el imputado intervino -junto a al menos otras seis personas no identificadas- en la privación ilegal de la libertad de M. R. Z. El episodio tuvo lugar el 20 de septiembre de 2015 entre las 3.00 y 3.10 de la madrugada, en un playón ubicado en el Barrio Rivadavia I de la Capital Federal, con el fin de solicitar a la familia de la víctima el pago de un rescate.

La liberación se produjo entre las 6.45 y 7.00, aproximadamente, en el cruce de las calles Ana María Janer y Lafuente, en el barrio porteño de Villa Soldati, luego que el padre de la víctima negociara telefónicamente y pagara a los captores veintiséis mil pesos, cinco mil dólares estadounidenses y elementos de oro.

El suceso fue calificado según lo previsto en el artículo 170 del Código Penal, en cuanto establece que “Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años”. En ese sentido, Ochoa señaló que en el caso se configuró la agravante, según la cual “[l]a pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión: (…) 6. Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas”.

El imputado fue indagado el 14 de septiembre de este año y procesado con prisión preventiva el 23 de ese mes, resolución que fue apelada y luego tenida por desistida  por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en octubre. Tras ello, la Fiscalía formalizó el requerimiento de elevación a juicio, lo que así fue dispuesto por el Juzgado Federal N°4 -a cargo del magistrado Ariel Lijo- el último viernes.