En línea con el dictamen del responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, Juan Pedro Zoni, la jueza Yamile Bernán declinó su competencia en favor del fuero federal porteño en la investigación seguida contra la dirigente política Patricia Bullrich, el dirigente José Luis Espert y los legisladores nacionales Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Martín Lousteau y Mario Negri en orden al delito de incitación a la violencia contra grupos de personas o instituciones, previsto en el artículo 212 del Código Penal, en su calidad de convocantes de la manifestación llevada a cabo el pasado 27 de febrero pasado en la Plaza de Mayo y en otros puntos del país.

El caso se inició el 3 de marzo pasado, cuando cinco personas denunciaron que durante la convocatoria popular -que tuvo lugar en las inmediaciones de Casa Rosada, la Quinta de Olivos y otros puntos del país-, individuos no identificados vertieron consignas violentas contra la investidura presidencial y exhibieron palos con sogas tipo “horcas”.

La denuncia describe que, asimismo, alrededor de las 18.00, frente a la reja perimetral de la Casa de Gobierno, arrojaron bolsas de residuos rellenadas, que simulaban ser “bolsas mortuorias”, las cuales presentaban papeles con las leyendas y nombres de "Estela Carlotto", “Los Pibes de la Campora”, "Daniel Scioli", “Los Vacunados de Ginés”, “El hijo de Moyano”, “El Sobrino de Ginés” y otros. Luego, esos bultos fueron colgados en la reja del frente de la sede de gobierno.

Los denunciantes solicitaron que se imputase a las figuras convocantes de la manifestación: Bullrich, Ritondo, Iglesias, Lousteau, Negri y Espert y a aquellas personas que se pudieran individualizar como las responsables de los hechos denunciados.

El dictamen de la fiscalía y la decisión de la jueza

A su turno, el fiscal Juan Pedro Zoni entendió que los hechos denunciados tipificaban en la conducta prevista en el artículo 212 del Código Penal, que reprime a quien “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”, y solicitó a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, Yamile Bernán, que declinase competencia en favor del fuero federal, para que continúe la investigación.

La jueza compartió el criterio del representante del MPFN, en cuanto a la calificación legal porque “las conductas a analizar son las manifestaciones -verbales y físicas- y expresiones de odio, tendientes a promover actos de violencia -que incluyen la muerte- de un sector del arco político nacional, entre los que se encuentran funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y referentes de dicho sector”. La jueza precisió que “es justamente esta indeterminación de los actos de violencia que se reprochan haber sido incitados el 27 de febrero de este año frente a la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos -entre otros lugares destacados del país-, que se dirigen contra un grupo de personas que tampoco se encuentra debidamente identificado -nótese que se hace referencia textualmente a “los Pibes de la Cámpora, los Vacunados de Ginés y otros”- lo que me convence que la calificación legal decidida por el Ministerio Público es prima facie [en principio] ajustada a las premisas de la denuncia que nos ocupa".

La magistrada concluyó que “a ello se suma, indudablemente, el grado de perturbación al desenvolvimiento social que podría traer aparejada una conducta como la analizada, cuando es dirigida contra el Presidente de la República Argentina, lo que torna la cuestión de un particular interés Nacional y ratifica la necesidad de intervención del fuero Federal en autos. Máxime cuando alguno de los referentes individualizados por los denunciantes como presuntos autores son funcionarios públicos; como el senador Lousteau, el diputado Mario Negri, el diputado Fernando Iglesias y el diputado Cristian Ritondo”.