La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, estaría a punto de procesar a un empresario del cuero por su participación “en la dirección y coordinación de todas aquellas conductas inherentes a la planificación, organización, logística y materialización de la recepción, acondicionamiento y transporte para su posterior comercialización de sustancias estupefacientes, materias primas o precursores químicos”. El hombre está acusado de ser el jefe de una banda narcocriminal que envió a México 2360 litros de cocaína diluida en aceite aislante para transformadores. Se espera que los otros diez imputados corran la misma suerte.

El 22 de abril pasado, cuando Gendarmería estaba por cumplir con una orden de allanamiento de un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, un hombre resistió el operativo a los tiros. Con el correr del tiempo, se pudo saber que se trataba de un ciudadano mexicano, quien desde la casa de sus suegros abrió fuego contra las fuerzas de seguridad. En el tiroteo, un gendarme resultó herido y el agresor tomó de rehén tanto a su pareja, embarazada, y a su suegra. Finalmente, personal del GEOF lo detuvo.

Este episodio fue una parte inesperada en el marco de una investigación por narcotráfico que, desde hace más de un año, lleva adelante la jueza Arroyo Salgado, y en la que interviene por parte del Ministerio Público el fiscal Federal Fernando Domínguez. En los allanamientos que se ejecutaron esa jornada, se detuvieron a cuatro personas, que fueron indagadas el 24 de abril.

El barco del Progreso

A lo largo de la investigación, se ordenaron diversas medidas para dilucidar el modo en el que operaba la banda. Gracias a escuchas telefónicas que se hicieron sobre los imputados, se descubrió que a comienzos de marzo en un depósito de la localidad bonaerense de Haedo se estaban acondicionando dos transformadores eléctricos, en los que, se presumía, había cocaína diluida en el aceite que llevaban en su interior.

El ciudadano mexicano junto a otro de los imputados contrataron a una empresa de transporte para que traslade los aparatos desde Haedo hacia Dock Sud, juntos custodiaron el cargamento durante todo el viaje. Finalmente, ambas máquinas fueron embarcadas y enviadas al Puerto Progreso, en la ciudad mexicana de Mérida, en el Estado de Yucatán.

Conscientes de ese dato, se organizó una comitiva conformada integrantes de la pesquisa. Además de los representantes del juzgado, Gendarmería Nacional y de la Dirección General de Aduanas, de ese grupo también formó parte el fiscal.

En diálogo con Fiscales, Domínguez comentó que ni bien el barco arribó al puerto, se procedió a su detención. A partir de ese momento, los funcionarios y agentes mexicanos que asistían y cooperaban con la delegación argentina pasaron a requisar el buque. Luego de varias pruebas y análisis, se pudo encontrar la droga que, como se sospechaba, estaba oculta en el interior de los transformadores. La cocaína estaba disuelta en un aceite dieléctrico.

Los exámenes que se hicieron indicaron que en total eran 2360 litros de la droga diluida en el aislante. Mientras tanto, en Argentina se estaban analizando los distintos elementos incautados en los allanamientos que se habían hechos días antes del arribo del barco a Puerto Progreso.

Se comprobó, entonces, que las máquinas habían sido alteradas para ser útiles a los deseos de la banda. Algunas de las “modificaciones” que se le hicieron a los transformadores fueron: el quite del cableado interno, el sellado al acceso de los radiadores para que el líquido no se mezclara con el de la droga, y un “puenteo” a una manguera que tenía como función extraer el aceite con el estupefaciente, entre otras cosas.

En la ampliación de la indagatoria del presunto líder de la organización, uno de los empresarios del cuero más importantes del país, se describe que del mismo depósito de Haedo del que habían salido los transformadores a México había otros tres y que en dos ellos se descubrieron “alteraciones sustanciales en sus partes que los invalidaban para su uso específico, siendo […] especialmente acondicionados para el transporte de sustancias estupefacientes”.

El origen

Los inicios de esta investigación se desprendieron de otra causa llevada adelante por el mismo juzgado y en la que también intervenía el fiscal Domínguez. Allí, se indagaba sobre el accionar de una presunta organización narcocriminal conformada por agentes de la Policía Federal Argentina. Se trata de tres oficiales (dos hombres y una mujer), quienes se encuentran detenidos.

En este caso, los uniformados junto a otras personas aún no identificadas, en la madrugada del 10 de diciembre de 2013 habrían realizado un falso allanamiento en las inmediaciones del partido de Esteban Echeverría, en el que "encontraron" unos 200 kilos de marihuana. Además, la semana anterior, los tres habían participado de la compraventa de treinta tambores de 200 litros de éter (sustancia química que sirve para generar el clorhidrato de cocaína), de procedencia ilícita y sin respetar ningún tipo de norma para su tratamiento.

Por último, los agentes fueron acusados por haber intervenido el 31 de marzo de este año en la coordinación para obtener “estupefaciente que se encontraba en poder de una organización criminal en un inmueble ubicado en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires”, señalan documentos de la causa.

Mientras sucedían todos esos hechos en simultáneo, comenzaron las escuchas telefónicas en la que los agentes se contactaban con distintos miembros de una banda dedicada al narcotráfico. Las llamadas buscaban organizar la manera para que un cargamento que los investigadores presumían que se trataba de cocaína pudiera ser enviado oculto dentro de un buque carguero marítimo. La droga pertenecería a un cartel mexicano, con quienes los oficiales detenidos mantuvieron reuniones en Puerto Madero.

Entre todas esas idas, vueltas y llamadas, comenzaron a aparecer conversaciones con un hombre al que lo llamaban por su apócope. Con esta persona, se comunicaban los dos oficiales hombres y el tiempo indicaría que se trataba del empresario del cuero. Fue esto lo que llevó a la justicia a extraer testimonios para investigar por separado los hechos que tendrían al mismo protagonista y que concluirían con el hallazgo de la cocaína en México.