El titular de la Fiscalía N° 1 en lo Criminal y Correccional Federal, Jorge Di Lello, solicitó hoy el sobreseimiento de Mauricio Macri en el marco de la causa por escuchas ilegales. Para el fiscal, las declaraciones testimoniales recogidas durante la etapa de instrucción ofrecen “un cuadro nuevo y distinto que se abre ante los ojos del suscrito, el cual pone en evidencia, lógicamente, nuevos elementos de valor que merecen ser considerados”, que permiten demostrar la desvinculación del presidente electo respecto a la investigación en curso.

En el expediente se investiga la existencia de una asociación ilícita dedicada a realizar intervenciones telefónicas ilegales de las comunicaciones del ex cuñado de Macri, Néstor Leonardo, y del familiar de las víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein, entre varios otros. Según Di Lello, al momento de entender que la causa debía elevarse a juicio respecto a todos los imputados, “lo hizo en función de considerar que las pruebas que quizás restaran conformar un plexo probatorio pleno respecto del ingeniero Macri se podían dilucidar en el debate”.

Si bien en un primer momento consideró que la relación entre el por entonces jefe de gobierno y el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, estaba probada, el representante del MPF consideró como pruebas determinantes las declaraciones de Guillermo Montenegro, por entonces Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. En su testimonial, el funcionario aseguró que, si bien tenía conocimiento respecto a la Policía Metropolitana a través suyo, Macri “no tenía injerencia cotidiana a excepción de algún caso puntual”. También indicó que el diseño general y las entrevistas de las personas que asesoraban en el plan integral de seguridad, era de interés del jefe de gobierno según la importancia. “Si venía Giuliani (en referencia al ex alcalde de Nueva York devenido en especialista en cuestiones de seguridad) estaba presente, si venía un desconocido no; había reuniones semanales donde se lo ponía al tanto”, dijo Montenegro durante su declaración.

Para Di Lello, de las testimoniales se desprende que al entonces Jefe de Gobierno “se le imponía atender simultáneamente las necesidades de todas las áreas del estado local, lo que reduce las exigencias en cuanto a pormenorizar el nivel de conocimiento e injerencia en cada una de ellas y para la cual debía legítimamente apoyarse en sus ministros”.

Para fundamentar su argumento, el fiscal citó como antecedente el fallo de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación penal al momento de analizar la responsabilidad penal del entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra en los hechos vinculados a la tragedia de Cromañón. En esa ocasión, el tribunal resolvió que “resulta materialmente imposible que el jefe de gobierno de la Ciudad (…) conozca simultáneamente y pormenorizadamente todos y cada uno de los asuntos que integran la agenda de gobierno”.

Di Lello también tuvo en cuenta la declaración jurada vertida por Emmanuel Ackerman, socio gerente de la empresa de seguridad “The Ackerman Group” donde indicó que la firma jamás prestó servicio ni recibió compensación alguna por parte de Mauricio Macri. Reconoció, en cambio, haber tenido de cliente a su padre, Franco.

El dictamen de Di Lello fue remitido al juez Sebastián Casanello, quien a su vez recibió la posición de la querella de Burstein, que pidió que Macri sea enviado a juicio.