El Fiscal Federal de Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó que se inicie la instrucción de una causa iniciada contra personas de origen colombiano que formaban parte de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral. A través de esa red buscaban obtener beneficios económicos, para lo cual captaban en su país a personas de bajos recursos y las engañaban para que viajen a Argentina, donde eran trasladadas por el país,  vivían en condiciones insalubres y trabajaban en talleres clandestinos de fabricación de muebles y otros productos similares.

Parte del producido por la fabricación y venta de esos productos la habrían destinado a la generación de préstamos usurarios a vecinos y comerciantes de los barrios donde desplegaban sus actividades, ofreciendo los mismos a través de sus víctimas y de quienes se desempeñaban como “cobradores”. Estos préstamos eran de amortización generalmente con frecuencia semanal e instrumentados sin cumplir norma alguna de la actividad financiera, mediante documentos informales que luego eran cobrados a través de la visita de las personas que hacían las veces de “cobradores”, quienes rendían esa recaudación a sus respectivos patrones.

Parte de las ganancias obtenidas se utilizaba para la adquisición de bienes muebles e inmuebles (algunos puestos a nombre de otras personas, inclusive de las víctimas), y el resto –previa conversión a dólares en el mercado ilegal- era trasladado o transferido fuera del país eludiendo los controles aduaneros y fiscales.

El traslado de las víctimas al país se concretaba por vía aérea o terrestre, proveyéndoles los pasajes, los que junto al alojamiento y alimentos, debían ser pagados por las víctimas con el producto de su trabajo en los talleres, lo cual los endeudaba y les impedía poder volver a su país.

El fiscal Senestrari solicitó que la calificación de la conducta de estas personas encuadre en el delito de asociación ilícita, sumado a los delitos tipificados en la Ley de Migraciones vinculados al tráfico ilegal de personas y al delito de trata de personas.