02 de febrero de 2023
02 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Córdoba
Fiscal impulsa investigación contra una banda dedicada a la trata de personas
La organización, conformada por personas de origen colombiano, se ocupaba de hacer ingresar al país trabajadores de bajos recursos para luego someterlos a explotación laboral. La causa se inició por una denuncia de la Dirección Nacional de Migraciones.

El Fiscal Federal de Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó que se inicie la instrucción de una causa iniciada contra personas de origen colombiano que formaban parte de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral. A través de esa red buscaban obtener beneficios económicos, para lo cual captaban en su país a personas de bajos recursos y las engañaban para que viajen a Argentina, donde eran trasladadas por el país,  vivían en condiciones insalubres y trabajaban en talleres clandestinos de fabricación de muebles y otros productos similares.

Parte del producido por la fabricación y venta de esos productos la habrían destinado a la generación de préstamos usurarios a vecinos y comerciantes de los barrios donde desplegaban sus actividades, ofreciendo los mismos a través de sus víctimas y de quienes se desempeñaban como “cobradores”. Estos préstamos eran de amortización generalmente con frecuencia semanal e instrumentados sin cumplir norma alguna de la actividad financiera, mediante documentos informales que luego eran cobrados a través de la visita de las personas que hacían las veces de “cobradores”, quienes rendían esa recaudación a sus respectivos patrones.

Parte de las ganancias obtenidas se utilizaba para la adquisición de bienes muebles e inmuebles (algunos puestos a nombre de otras personas, inclusive de las víctimas), y el resto –previa conversión a dólares en el mercado ilegal- era trasladado o transferido fuera del país eludiendo los controles aduaneros y fiscales.

El traslado de las víctimas al país se concretaba por vía aérea o terrestre, proveyéndoles los pasajes, los que junto al alojamiento y alimentos, debían ser pagados por las víctimas con el producto de su trabajo en los talleres, lo cual los endeudaba y les impedía poder volver a su país.

El fiscal Senestrari solicitó que la calificación de la conducta de estas personas encuadre en el delito de asociación ilícita, sumado a los delitos tipificados en la Ley de Migraciones vinculados al tráfico ilegal de personas y al delito de trata de personas.