Pettigiani acusó a la actual Procuradora General y al ex Procurador de colaborar en el encubrimiento de un delito que él mismo había denunciado en 2010. Se trata de presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos enviados por la Nación a la Municipalidad de General Pueyrredón en el marco de un “Plan Integral de protección Ciudadana”.

Luego de formulada la denuncia, el fiscal Pettigiani formuló un requerimiento para actuar en la causa, que nunca fue respondido por el Procurador Righi. Al insistir Pettigiani con el pedido, se reiteró la solicitud de autorización, esta vez ante la Procuradora Gils Carbó, quien respondió en forma negativa.

La denuncia formulada por Pettigiani sostiene que tanto Gils Carbó como Righi cometieron el delito de encubrimiento, tipificado en el artículo 277 del Código Penal, en tanto “han decidido ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de estas”. De acuerdo con la denuncia, los Procuradores habrían detenido una investigación que debió llevarse adelante de otro modo, por no dar curso a sus reiterados y llamativos pedidos para intervenir.

Frente a esto, el fiscal Larriera, quien actúa en la causa originada a partir de la nueva denuncia de Pettigiani, dictaminó que debe desestimarse la presentación, en tanto no se advierte falla alguna en la actuación del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con el dictamen de Larriera, la causa tuvo el fiscal que le correspondía, quien trabajó acorde a sus funciones.

Por otro lado, el dictamen pone de manifiesto que no hay norma que avale la petición de Pettigiani. De haber existido tal reglamentación, la denuncia podría tener algún sustento, pero estas cuestiones no se verifican de modo alguno, explica Larriera. Es por esto también que resulta por lo menos llamativa su insistencia para participar en una causa en la sólo intervino como denunciante, sin que le corresponda actuar en ella con sustento en su jerarquía o norma alguna.

Por último y poniendo ya el foco en el delito que Pettigiani denuncia, Larriera explica que el encubrimiento supone un accionar positivo para encubrir, no un “dejar hacer”, como hubiera sucedido en este caso. Por ende, ninguna de las bases que sustentan la denuncia resultó comprobable, más que la denegación de la autorización que buscó en reiteradas ocasiones y cuya denegación es una facultad de quien está a cargo de la Procuración General de la Nación.