06 de diciembre de 2022
06 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Así lo había solicitado el fiscal federal Fernando Domínguez
Foco de COVID-19 en una clínica de Villa Adelina: indagaron al dueño y a directivos por propagación de la enfermedad y homicidio culposo
La Fiscalía Federal Nº2 de San Isidro consideró que en la Clínica Salud Norte se brindó un servicio en malas condiciones de higiene y seguridad sanitaria y se ocultó la verdadera razón del fallecimiento de pacientes. Como consecuencia de lo actuado en la institución al menos 36 personas resultaron contagiadas con coronavirus.

A pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, la jueza Sandra Arroyo Salgado indagó al dueño y a dos directivos de la “Clínica Salud Norte” por presuntas acciones y omisiones que derivaron en la propagación de COVID-19 entre una cantidad indeterminada de pacientes, familiares y personal sanitario de la institución. También se les imputó a dos personas el homicidio culposo de una paciente que permaneció alojada allí y que se descubrió luego de su fallecimiento que había contraído coronavirus, ante la denuncia que hicieron sus familiares.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de San Isidro había solicitado la semana pasada que se detenga al dueño de la clínica Benjamín José Teitelbaum, al Director Médico del lugar Jorge Gustavo Pinzetta Martínez y a la Coordinadora Médica Ana Lorena Bellusci. La jueza Arroyo Salgado ordenó las detenciones el jueves, los actos de defensa empezaron el viernes y terminaron en la madrugada del domingo. En su dictamen, el fiscal había considerado que era una medida necesaria para impedir que continúen llevando adelante “acciones de entorpecimiento” dentro de la causa.

Las imputaciones

La situación se descubrió a partir de una denuncia realizada por los familiares de una mujer de 65 años que había ingresado a la clínica a principios de marzo y que, pese a tener síntomas compatibles con COVID-19, no se le había hecho ningún hisopado. Para la fiscalía, y de acuerdo con la evidencia recolectada hasta ahora en la investigación, “la ausencia de un diagnóstico y tratamiento adecuado derivó en las fallas orgánicas que produjeron la muerte o elevaron considerablemente el riesgo que derivó en dicho resultado”. Es por esto que les imputaron el delito de homicidio culposo a Bellusci y al médico Yasmany Rolando Castillo.  

La situación se descubrió con la denuncia realizada por los familiares de una mujer de 65 años que había ingresado a la clínica a principios de marzo

En el escrito presentado en el juzgado federal se indicó que los encargados de la situación en la clínica brindaron un servicio de salud en malas condiciones de higiene y seguridad sanitaria; prohibieron a los empleados utilizar medidas de protección sanitaria; no entregaron a empleados y familiares de pacientes los elementos de bioseguridad adecuados; ocultaron, manipularon y conservaron cadáveres positivos de COVID19 de manera inadecuada; obligaron a concurrir a la clínica al personal catalogado como “caso sospechoso de COVID19”; y ocultaron a la autoridad sanitaria la verdadera razón del fallecimiento de pacientes. 

Para la fiscalía, todas estas acciones las realizaron con el conocimiento de que estas conductas generaban una alta probabilidad de derivar en la propagación de una enfermedad peligrosa para la salud. Es por eso que el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la situación se encuadraba dentro del artículo 202 del Código Penal, que prevé una pena de tres a quince años de prisión para aquella persona que propague “una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Inicio de la investigación

Al hacer la denuncia, el hermano de la mujer fallecida sostuvo que en la clínica “nadie usaba barbijo” ni otras protecciones, ni siquiera los enfermeros y los médicos. A partir de la sospecha de que la mujer podría haber fallecido por coronavirus, se le solicitó al Cuerpo Médico Forense el estudio del cadáver a fin de detectar si fue portadora del virus, lo que fue confirmado el 11 de abril. En ese momento, desde el juzgado impulsaron la activación de los protocolos urgentes y le comunicaron la situación al intendente de Vicente López, y a los ministros de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. La orden dispuesta consistió en requerir que “se adopten los recaudos necesarios para que se urja una inspección, auditoría e investigación epidemiológica de la clínica”. Además, le hicieron saber al lugar el resultado y le encomendaron la “urgente activación” de los protocolos “a fin de evitar la propagación de la enfermedad, con deber de informar en forma inmediata los temperamentos adoptados como consecuencia de dicha orden”. Se ordenó también el testeo de las personas que estuvieron en contacto con la víctima y la mayoría arrojó un resultado positivo. El 16 de abril, se ordenó la clausura de la clínica y el 20 se dispuso la intervención del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

“Pese al contexto en que sucedieron los hechos (el plena pandemia de COVID 19) no interpretaron de manera adecuada los síntomas que presentaba la paciente y, por tal motivo, nunca fue diagnosticada y tratada respecto a dicha enfermedad”, se sostuvo en el expediente. Se marcó que los síntomas fueron detectados tanto por una enfermera como por el hermano de la víctima pero el personal médico no la trató.

Para la fiscalía, las acciones en el centro de salud se hicieron con el conocimiento de que generaban una alta probabilidad de derivar en la propagación de una enfermedad peligrosa

La mujer tuvo fiebre, odinofagia (dolor de garganta) y dificultad respiratoria. A esto se le sumó el hecho de que se encontraba internada ya hacía varios días en una institución médica, por la que posibilidad de contagio hospitalario, en plena pandemia, era muy alto. “Debe resaltarse que la familia de la víctima, cuya especialidad no es la medicina, evaluó los síntomas que sufrió su familiar, lo vinculó con su historia de salud previa, dudó de los motivos que le brindaron sobre su muerte y se preguntó si no se trataba de un caso relacionado con el Coronavirus. Se acercó a la clínica ya fallecida su hermana, y consultó particularmente por esa posibilidad a la médica tratante, recibiendo una negación, según describe, rotunda. Aún así decidió realizar una denuncia, logrando finalmente, que a partir de medidas dispuestas en una actuación judicial donde se entendió la coherencia y razonabilidad de lo que el denunciante manifestaba, se conociera que efectivamente se trataba de un caso de dicho virus”, explicó el fiscal en su dictamen.

Foco infeccioso y propagación

Como consecuencia de lo sucedido dentro de la Clínica Salud Norte, 36 personas resultaron afectadas: 23 se encuentran relacionadas laboralmente a la clínica; tres estuvieron allí como pacientes (de los cuales dos fallecieron); tres son personas vinculadas a la casa de sepelio que retiró el cuerpo de la víctimas; cuatro son del círculo familiar de la mujer; y tres son familiares de personas ligadas laboralmente a la institución. 

“Es importante tener presente que la cadena de contagios tuvo lugar en el ámbito de funcionamiento de una institución de salud sobre la cual se ha verificado una extensa trama de irregularidades en torno a la actividad allí desarrollada, en cuyo marco se advierte que las conductas desplegadas por las autoridades incrementaron sustancialmente los riesgos de que la enfermedad se propague, haciendo de ese centro de salud un lugar propicio para la diseminación del virus”, remarcó la Fiscalía.

Para ello, tuvieron en cuenta las distintas pruebas que hay en el expediente y que muestran el incumplimiento de protocolos sanitarios y de normas de seguridad e higiene. A esa situación se le suman las “graves condiciones edilicias, déficits en las condiciones necesarias para su habilitación legal municipal -y el carácter provisorio en que estaría desde hace varios años otorgada esta última-, con altas deudas por tributos y multas impagas”.

Dentro de la causa se recolectaron varios testimonios que dieron cuenta que dentro de la Clínica Salud Norte no se tomaron las precauciones que demanda el escenario actual. Las y los testigos señalaron que el personal no contaba con los insumos necesarios para prevenir el contagio (barbijos, antiparras, camisolines) y que fueron provistos solo para algunos seleccionados casos y de forma deficiente. También surgió de esas testimoniales que los empleados no tenían alcohol ni lavandina, ni para la higiene personal ni para la limpieza del instrumental.

“Es dable afirmar que las deficiencias de protección vinculadas con el personal de salud de la clínica tuvieron lugar bajo un marco de condiciones definidas por el estado de descuido higiénico y sanitario del establecimiento, todo ello -claro está – al posible amparo de las autoridades de fiscalización sanitarias y funcionarios de PAMI”, concluyó la Fiscalía. Señaló que las pruebas recabadas dejaban al descubierto “una trama de irregularidades en torno al funcionamiento histórico de este centro de salud y el incumplimiento sistemático de elementales normas de salud, protocolos sanitarios y de bioseguridad, para la adecuada prestación del servicio, el cuidado de los pacientes y del personal médico y no médico de la institución”.

"Los responsables de la clínica estaban más preocupados por amedrentar al personal que en mejorar las condiciones sanitarias de trabajo”, marcó la fiscalía.

Además del déficit claro en cuanto a la protección del personal, en la causa se pudo corroborar que ante la demanda de insumos y mejoras sanitarias, la respuesta de la autoridades fue de destrato, descalificación de los reclamos e incluso amenazas de despido laboral. En el expediente, constan varios audios de conversaciones al respecto de esto. “En definitiva, las constancias obtenidas hasta aquí demuestran que los responsables de la clínica estaban más preocupados por amedrentar al personal que en mejorar las condiciones sanitarias de trabajo”, marcó la Fiscalía.

Incumplimientos y responsabilidades

A este panorama se añadió que el 2o de abril se descubrió que en la morgue se conservaban cinco cuerpos que no fueron informados por la clínica ni en el procedimiento judicial realizado tres días antes. Uno de esos cuerpos resultó positivo a COVID-19. “La manipulación de estos cinco cuerpos, uno de ellos positivo de COVID 19, a espaldas de las autoridades sanitarias e incumpliendo las medidas de seguridad adecuadas, ingresa en éste pragma de propagación de una enfermedad peligrosa que resulta reprochable penalmente a las autoridades de la clínica”, explicó el fiscal Domínguez. 

Por otro lado, la Fiscalía sostuvo que existió una responsabilidad clara del dueño de la Clínica, más allá de que haya pretendido eludirla “ocultándose tras diversos prestanombres y el responsable médico de la clínica”. Se hizo hincapié en las diversas conversaciones telefónicas de las que surge que el imputado Teitelbaum se preocupaba en dar directivas e indicaciones relacionadas con minimizar los riesgos legales que podrían repercutir en su persona o institución. “Conocedor de los déficits de infraestructura y sanitarios de su clínica, la población de riesgo que atendía y el contexto de la amenaza pandémica, no adoptó medida eficaz alguna, debiendo hacerlo, para evitar la propagación del COVID 19 en el Centro de Salud Norte”, se resaltó en el dictamen.

Es más, de acuerdo a las evidencias recolectadas, recién el 29 de abril de este año, a casi dos meses de declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, Teitelbaum se comunicó por teléfono con una persona para ver si podía adquirir 12 mil barbijos quirúrgicos y una serie de camisolines especiales.

Para el MPF debe profundizarse la pesquisa en relación a autoridades municipales, provinciales y nacionales.

Además, de la investigación surgieron una serie de pruebas de cómo el personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires alertaba al Centro de Salud Norte antes de las inspecciones. Es por ello que la fiscalía consideró que debe profundizarse la pesquisa en relación a los funcionarios de la Dirección Sanitaria Quinta del Ministerio de Salud y de la UGL PAMI, en razón de la posible comisión de los delitos de desobediencia y encubrimiento agravado. También, marcó que corresponde evaluar cuál fue el rol de esos organismos ante el irregular funcionamiento del centro.

“La investigación demanda analizar si los organismos de fiscalización provincial (Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos) y municipal (Secretaría de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Vicente López), y el organismo nacional (PAMI) que contrató a dicha sociedad comercial para la atención de sus afiliados, han ejercido en debida forma el control del funcionamiento regular de dicho centro sanitario”, consideró el fiscal.