La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo absolutorio, apartó a un tribunal y designó uno nuevo para que realice el juicio oral y público en el que se encuentra imputada por el delito de malversación de fondos la intendenta de la localidad formoseña de Misión Laishí. La imputada, junto a otras personas, está acusada de conminar a sus empleados a inscribirse en los planes sociales para “jefes y jefas de hogar desocupados”. Para ello, Nerea Oviedo de Franco, debió crear decretos en los que les concedía supuestas licencias sin goce de haberes, para cumplir con el requisito de desocupado exigido para el otorgamiento del plan social. Sin embargo, los empleados continuaban trabajando, con el agravante de que les descontaba de sus sueldos el monto recibido en concepto del plan social, y ese dinero quedaría en manos de la intendenta de la localidad.
Luis Roberto Benítez, fiscal general ante el tribunal de juicio de la provincia de Formosa, había presentado un recurso de casación contra la sentencia del tribunal oral que absolvió a Nerea Oviedo de Franco, Isidoro Oviedo, Juan Bautista Tasuri, Carlos Alberto Franco y Enrique Franco por el delito de malversación de caudales públicos (peculado), entre otros delitos. El fiscal solicitó que se condene a los imputados a las penas de 4 años y seis meses e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, para Oviedo de Franco y de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta para Oviedo, Tasuri, Carlos Franco y Enrique Franco o en su caso se anule dicho pronunciamiento y se ordene remitir las actuaciones al tribunal de origen a los fines de que dicte una nueva sentencia. El fiscal de Cámara Raúl Plee había hecho lugar a la presentación.
Según el fiscal federal, la maniobra delictiva consistió en haber “desnaturalizado un beneficio social (…) con el consecuente desvío de recursos financieros extendidos por el Estado Nacional en el marco de un programa de asistencia social, hacia el pago parcial de salarios de empleados municipales de la localidad formoseña de Misión Laishí”.
El representante del MPF entendió que los jueces habían arribado a una interpretación arbitraria de los elementos probatorios durante el debate y destacó que el tribunal omitió valorar las declaraciones de los trabajadores municipales que fueron absueltos. Además, refirió que los magistrados descartaron, “sin consideración alguna, la existencia de presión, amedrentamiento o amenaza hacia los trabajadores municipales”.