La justicia federal de Formosa dictó el procesamiento del rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Martín René Romano, en una causa que investiga distintas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos durante su gestión al frente de la mencionada casa de estudios. La Fiscalía Federal n°1, a cargo de Elena María Vázquez, interviene en la investigación, que se inició en junio de 2012 como consecuencia de la denuncia formulada por un docente.

La resolución del juez federal subrogante Juan Carlos Vallejos señala que conforme a la “exhaustiva” investigación –que incluyó pericias contables, entre otros elementos- se logró acreditar la consumación de una serie de irregularidades por parte de las actuales autoridades universitarias, “específicamente del rector Martín René Romano”, referidas a los períodos administrativos y financieros 2010, 2011 y 2012.

Entre los hechos que se le imputan se encuentran la incorporación irregular de empleados, incluso mediante maniobras como la contratación de monotributistas, sobredimensionando la planta no docente con empleados administrativos y de maestranza, "sin la obligatoria autorización de los órganos de contralor y la ampliación presupuestaria imprescindible para garantizar la legalidad y legitimidad de las mismas". Sumando los tres períodos (2010-2012) el gasto real en personal produjo un déficit presupuestario que habría perjudicado a la universidad en más de 85 millones de pesos.

En segundo lugar, se le atribuye la retención en concepto de cargas sociales y previsionales como también del impuesto a las Ganancias de los haberes de trabajadores docentes y no docentes, “una maniobra ilícita que se repitió en reiteradas oportunidades y afectó a la totalidad” de los trabajadores de la Universidad.

Asimismo, durante la instrucción de la causa se verificó la asignación de un fondo especial de 10.000 pesos otorgado al imputado mediante distintas resoluciones administrativas firmadas por él mismo. “Es decir, el encausado se otorgó a sí mismo las sumas indicadas, respecto de las cuales, las correspondientes rendiciones de cuenta no satisfacen los requisitos legales establecidos por la ley de administración financiera, siendo por tanto irregulares y carentes de capacidad probatoria”, consignó el magistrado.

Por último, se constató que las rendiciones de cuenta no cumplen los requisitos legales correspondientes, a cerca de la suma total de 1.731.158 pesos, monto integrado a la Tesorería de la Universidad y que, en tal sentido, formó parte del patrimonio universitario sobre el cual pesa el cargo de rendición de cuentas. Durante el transcurso de la instrucción, la Fiscalía amplió la denuncia en orden al presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, ya que Romano contrató y designó a su sobrina al frente de la secretaría de Gerencia y Desarrollo de la UNaF.

Calificación legal

El magistrado encuadró la conducta del imputado bajo la figura de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, peculado y abuso de autoridad (artículos 248,260 y 261 del Código Penal de la Nación). También dispuso un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $100 millones.