En la sede del Ministerio Público Fiscal  en Mar del Plata, el fiscal de Distrito Daniel Adler junto a legisladores provinciales y representantes de las Defensoría del Pueblo de Provincia y del Municipio, se reunieron con Daniel Díaz, a cargo de la Fiscalización del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), para abordar la problemática que genera la emanación de olores de las fábricas de harina de pescado del puerto de la ciudad.

Del encuentro participaron también los diputados Maximiliano Abad y  Alejandra Martínez, el senador Juan Curuchet, el defensor del Pueblo de la Provincia, Marcelo Honores y el representante local Edgardo Albart; el defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Fernando Rizzi; el abogado de OPDS, Eduardo Russo; Carlos Martínez y Federico Álvarez Larrondo, de la Fiscalía Federal General de Mar del Plata; y Norberto Pérez, ex director de Gestión Ambiental municipal y ex delegado municipal del Puerto.

En la reunión se destacó la pluralidad de actores abocados a la resolución de esta temática y la preocupación que genera tantos años sin poder resolverse.

Díaz explicó que desde el 2006 se vienen tomando medidas al respecto y diferenció que existen causas estructurales y de procesamiento. Incluso, se mencionó en la reunión que desde hace un poco más de un año cuando cerró la tercera fábrica que había en el puerto, se vio colapsado el trabajo de las otras dos.

Ante esta situación, un primer elemento a abordar tiene que ver con la recepción de materia prima –desechos de pescado- en piletas que están cubiertas únicamente con tinglado, lo que genera que el olor se expanda. Ante ello, se dijo que son cerca de 200 las plantas que derivan allí los descartes del fileteado, y se debatió sobre el estado en que llegan los residuos y cómo se transportan.

En lo que respecta al tratamiento de líquidos que desprende el procesamiento de esos residuos al convertirse en harina, mencionó que las mismas empresas construirían dos plantas de efluentes para darles tratamiento.

Y en relación a los gases –que de acuerdo a lo dicho por el profesor Jorge Froilán González son los que mayor olor generan en comparación con los líquidos-, se planteó la necesidad de que se realicen inversiones que eviten que la ciudad se vea  bajo un manto de olores nauseabundos. Se observó en la reunión que ni las empresas ni OPDS han fijado plazos para la realización de las obras, lo que dificulta la superación del problema.

A su vez, quedó evidenciado que la legislación vigente cuenta con 20 años de antigüedad y que se debe estudiar su actualización para ajustarla a la realidad, de lo que tomaron nota los diputados y el senador presente.