El fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción penal para investigar el presunto delito que habría cometido el ex director de Contaduría del Honorable Senado de la Nación, Sergio Gabriel Domínguez, al disminuir entre diciembre de 2013 y mayo de 2015 los importes que debían cobrar ciertos empleados y compensarlos en su favor por un total de 246 mil pesos.

En su requerimiento de instrucción ante el Juzgado Federal N°8, Picardi recordó que la causa se inició con la denuncia presentada el 22 de septiembre por  el apoderado general judicial de la cámara alta, Juan Carlos Salerni. En esa presentación, se señaló que Domínguez habría “adulterado fraudulentamente los archivos extensión .txt que se remitían al Banco de la Nación Argentina para la acreditación de los haberes de los agentes del HSN”, que es donde figuran los montos netos de los sueldos. “Específicamente, habría disminuido los importes que debían cobrar ciertos agentes, y compensaba las diferencias que se generaban, incrementando los montos a acreditarse en su cuenta personal. De esta manera, no se alteraba el monto total de los haberes que debía depositarse”, reseñó el titular de la Fiscalía Federal N°5. La maniobra que se le imputa a Domínguez habría sido desplegada desde diciembre de 2013 hasta mayo de 2015, la suma desviada indebidamente calculada es de $246.300.

En el expediente administrativo iniciado en el Senado, varios declarantes coincidieron en que el archivo .txt que contiene los importes de los haberes podría ser modificado por no estar  encriptado.

Una agente detectó diferencias entre sus recibos de sueldo y el monto acreditado entre abril de 2014 y mayo de 2015, por un importe total que rondaba los siete mil pesos. Fue ella quien en un primer momento puso la situación en conocimiento del propio Domínguez, que realizó la transferencia del dinero faltante desde su cuenta personal bajo la excusa de que si se hacía desde la del organismo demoraría varios días.

Desde el Senado se requirió información y documentación al Banco de la Nación Argentina. “Es así que los extractos bancarios correspondientes a la caja de ahorro de titularidad de Domínguez, remitidos por la entidad requerida, se confrontaron con los haberes que le fueron liquidados -según sus recibos de sueldo- desde enero de 2013 hasta agosto de 2015”, agregó el fiscal federal. Esa tarea permitió detectar las diferencias entre lo que indicaba el recibo de haberes y lo realmente depositado, que totalizaron $ 246.300.

Picardi consideró que corresponde iniciar una investigación penal, para corroborar los hechos indicados en el expediente administrativo  “y dilucidar la participación de terceros en la maniobra”. Para eso le propuso al juzgado la realización de una serie de medidas de prueba, entre las que se cuentan cruces de datos del Senado y el Banco Nación y la recepción de declaraciones testimoniales. El denunciante entendió que la conducta del contador “podría hallar su encuadre en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración público y/o peculado”.