22 de febrero de 2024
22 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Lo había pedido el fiscal federal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación
Indagarán al fiscal general provincial de San Isidro por obstaculizar una investigación por narcotráfico
A partir de mañana, además del fiscal general de San Isidro, serán indagados los fiscales Rodrigo Caro, Eduardo Vaiani, junto a las secretarias Mariana Busse y Melisa Rey. Están acusados, entre otras cosas, de haber encubierto los asesinatos de dos ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico, cometidos en el estacionamiento de Unicenter en julio de 2008. Esos crímenes habrían sido ideados, entre otros, por Gustavo Adolfo Juliá, condenado y preso en España por intentar ingresar un cargamento de cocaína a través de un avión.

A pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado llamó a indagatoria al fiscal general de San Isidro Julio Alberto Novo, a los fiscales adjuntos de esa jurisdicción Rodrigo Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaini, y a la secretaria de la unidad Melisa Fernanda Rey. Todos ellos están acusados de encubrimiento agravado en carácter de coautores, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional -todos también en carácter de couatoría-, por haber intentado encubrir el presunto accionar de Gustavo Adolfo Juliá -en la actualidad, preso en España por haber querido ingresar a ese país cocaína en un avión- en los crímenes de dos ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico en el estacionamiento del centro comercial Unicenter.

El representante del Ministerio Público solicitó también la indagatoria de la secretaria de gestión de la Fiscalía de San Fernando, Mariana Busse. Estas medidas comenzarán a ejecutarse a partir de mañana, en la sede del juzgado federal y se extenderán hasta el 12 de noviembre, fecha en que declarará Julio Novo.

En el dictamen que solicitaba la indagatoria, el fiscal Domínguez había expresado que los imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo de aquella investigación, y mediante el atentado y entorpecimiento de las funciones y facultades que le eran propias a los directores de dichos procesos: los fiscales Grau y Angelini […] con el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter”.

Para llevar adelante ese plan, desde el 13 de noviembre de 2008 en adelante, los miembros del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, tanto desde la Fiscalía General de San Isidro como desde la Oficina Fiscal Descentralizada de San Fernando, habrían realizado una serie de medidas, tales como “la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, en la quita o no asignación de personal y recursos -aun cuando se reclamaba colaboración por los fiscales Grau y Angelini, en las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, en situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral, en la filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias, en el impedimento de que los fiscales a cargo de dichas investigaciones viajasen a Colombia a producir prueba, en la instauración de un sistema de persecución del fiscal Angelini a través de la formación de una ingente cantidad de sumarios administrativos en su contra, y en el dictado de distintas resoluciones tendientes a desarticular la capacidad operativa del fiscal a cargo de los procesos; conductas éstas que se incrementaban e intensificaban en la misma medida en que [Grau y Angelini] avanzaban sobre los autores materiales del hecho y/o sobre el entorno de Carlos Gustavo Luaces, Gustavo Adolfo Juliá y/o Madero Office Center SRL”, agregó el representante del MPF de la Nación.

Desplazamientos y neutralizaciones

La investigación realizada por la Fiscalía Federal de San Isidro logró reunir una gran cantidad de pruebas que le permitieron señalar en sus diversas presentaciones ante Arroyo Salgado que “los imputados Novo, Vaiani, Caro y Rey -con pleno conocimiento de lo que hacían y pretendían encubrir-, desplazaron paulatinamente al fiscal que primeramente intervino [en la causa por los crímenes de Unicenter -esto es, el fiscal Grau-] para poner en su remplazo a un fiscal recién nombrado [Angelini] en el entendimiento de que podrían manejarlo conforme sus intereses y mediante el recorte de los recursos investigativos, hasta que la detención de Juliá en el Reino de España impuso un nuevo escenario […], puesto que su vinculación con el narcotráfico pasaba a ser incuestionable”. Fue en ese momento donde Busse abandona el estudio de su actual esposo, Carlos Broitman, para regresar al Ministerio Público provincial como secretaria de gestión de la fiscalía de Angelini.

Por eso, destacó Domínguez, estas maniobras “habrían buscado neutralizar la actuación del fiscal Angelini -a quien pretendían desplazar de la investigación-, sea mediante el inicio de infructuosos sumarios disciplinarios, o mediante la designación de la ex defensora sustituta de Juliá, la imputada Busse, en un cargo clave de la fiscalía descentralizada de San Fernando, desde donde podía tener acceso casi irrestricto […] a la información” de la causa por los crímenes de Unicenter.

Según se desprende de las presentaciones de la fiscalía, la neutralización de Angelini para tener el efectivo control de la causa no fue la única actividad ilegal que desempeñó Busse como funcionaria. En efecto, indicó el fiscal federal,  a raíz de un certificado considerado apócrifo, la imputada justificó una ausencia de varios días alegando que “presentaba conjutivitis virósica y gastroenteritis, y que debía guardar reposo de siete días”. Sin embargo, a partir de los registros de egreso e ingreso al país de la Dirección Nacional de Migraciones y de testimonios recibidos, se pudo saber que Busse acompañó a Broitman “a la ciudad de Barcelona, España”, con motivo del proceso “por el cual cumple condena quien otrora fuera su defendido, Gustavo Adolfo Juliá”, señaló.

El encubrimiento, entonces, “no se redujo a uno o varios actos obstructivos, sino por el contrario, se trata de una actividad constante, sistemática y sostenida que aún se mantiene en el tiempo”, indicó Dominguez, y concluyó: “una unidad de acción, desplegada por los imputados de consuno para obstruir, entorpecer, frenar y, en definitiva, hacer imposible tanto el normal desenvolvimiento de una investigación sumamente importante sobre criminalidad organizada, como el correcto ejercicio de las actividades de los directores del proceso”.