17 de septiembre de 2019
17 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°17
Indagarán a 15 policías acusados de apropiarse de recursos de un cuartel de bomberos
Se trata de 15 efectivos que prestaban funciones en la División Cuartel V “Belgrano” de la Policía Federal Argentina. Están acusados de exacciones ilegales, peculado, concusión, falso testimonio, instigación a cometer falso testimonio y abuso de autoridad.

La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°48, Alicia Iermini, aceptó el pedido del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, quien había solicitado que 15 policías que se desempeñaban como bomberos en el Turno II de la División Cuartel V “Belgrano” de la Policía Federal Argentina sean indagados por exacciones ilegales, peculado, concusión y falso testimonio e instigación a cometer falso testimonio. Igual medida requirió para el capataz y un albañil de una obra.

El 25 de marzo de 2013, la línea de atención telefónica del Ministerio de Seguridad de la Nación recibió un llamado en el que informaba irregularidades cometidas por uniformados del Escalafón Bomberos de la PFA. Posteriormente, el denunciante presentó una serie de filmaciones, en base a las cuales la entonces Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas de esa cartera, Cristina Caamaño, formuló una denuncia penal que recayó en la Fiscalía Nacional en lo Correccional N°5, que declinó competencia en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°17.

El fiscal Munilla Lacasa -quien subrogaba la Fiscalía N°17 hasta la designación de Cinthia Oberlander- escuchó a diversos testigos y al tomar conocimiento de que la denuncia había llegado a oídos de los imputados, y para evitar la pérdida de pruebas, solicitó el allanamiento del Cuartel, lo que se realizó el 27 de febrero de 2014.

Los hechos y responsables

En base a las pruebas colectadas, el representante del Ministerio Público Fiscal pudo determinar la existencia de cinco hechos ilícitos.

El primero de ellos consistió en la apropiación de materiales de construcción provenientes de la obra que DOXA Construcciones SRL comenzó a fines del año 2011, frente al cuartel. En este caso, el principal Claudio Domínguez habría obligado al capataz de la obra, Jorge Rito Lencina, y al oficial albañil, Eduardo Alberto Romero, que le hicieran entrega de bolsas de cemento y otros materiales, bajo la amenaza de que no los dejarían estacionar los camiones en el lugar. Asimismo, los sargentos 1° Víctor Daniel “Laucha” Soler y Patricio Augusto “Chato” Pérez eran los encargados de retirar los materiales, que estuvieron destinados a arreglos en la casa particular del Comisario Osvaldo Tulio Siniscalco, algunos de sus subordinados o el mismo cuartel.

Asimismo, se les imputa haber sustraído combustible asignado por la Policía Federal Argentina para la movilidad de los vehículos de la repartición, desde el año 2009 hasta febrero de 2014. En base al análisis de los registros de la dependencia y un peritaje realizado por la Gendarmería Nacional Argentina sobre el consumo de los vehículos, se pudo determinar que en el periodo analizado el cuartel consumió 70.408 litros de combustible, de los que sólo pudieron justificarse 24.560.

La maniobra delictiva se concretaba bajo dos modalidades: por un lado se pedía a la Policía Federal Argentina todo el combustible posible y luego se apropiaban parte para su uso personal. O los comisarios Siniscalco y Ángel Poidomani o el subcomisario Roberto Adrián Romano firmaban el pedido para la ampliación del tope de carga, para contar con más nafta o diésel.

Por otra parte, los responsables utilizaban sus vehículos particulares para gestiones del cuartel y luego recargaban más combustible del consumido, o directamente se llevaban bidones o recargaban los tanques de sus autos. Los testigos indicaron que los responsables de estas apropiaciones fueron los sargentos 1° Soler y Pérez, y el sargento Sergio Cayetano Amábile, quienes actuaban con la autorización del principal Domínguez.

El tercer hecho investigado por la Fiscalía, tuvo lugar entre agosto de 2012 y noviembre de 2013, cuando los comisarios Siniscalco y Poidomani –sucesivamente- y el Subcomisario Roberto Adrián Romano habrían obligado al personal administrativo del cuartel, a consignar que trabajaban más horas de las que realmente lo hacían, para así solicitar la compensación por comida que otorgaba la PFA, y tras que les fuera depositado en sus cuentas sueldo, restituyeran a los jefes el excedente. De este modo, los sargentos Esteban Portero y Ángel Rubén Santillán recaudaron $44.523 en beneficio de los comisarios y subcomisario.

También, se investiga si el subcomisario Romano y el principal Domínguez tomaron represalias contra el denunciante o sus allegados. Particularmente, se le imputa a Romano haber requerido sanciones disciplinarias para todos los efectivos del cuartel que declararon en la investigación sin dar aviso previo a sus superiores, de lo que estaban exceptuados por Resolución N°1019/2011 del Ministerio de Seguridad, en virtud de que se trataba de una investigación por corrupción dentro de la fuerza. Respecto de Domínguez, se lo acusa de intentar cambiar de destino al denunciante -luego que este reclamara por las irregularidades en el cuartel- y tomar represalias contra allegados al denunciante, como ser cambios de turnos, o la imposición de sanciones disciplinarias.

Además, en la compleja pesquisa efectuada por la dependencia del Ministerio Público, se imputa al comisario Siniscalco y al subcomisario Romano haber instigado al suboficial mayor Carlos Osvaldo González, al sargento Eduardo Ezequiel González, a los cabos 1° Pablo Sebastián Rodríguez y Diego Ezequiel Batie, a los cabos Nicolás Javier San Pedro y Antonio Caruso y al capataz y al oficial albañil de la obra Jorge Rito Lencina y Eduardo Alberto Romero a cometer falso testimonio para encubrir a los jefes del cuartel.

Las imputaciones

En virtud de los hechos, la Fiscalía requirió que el comisario Siniscalco sea indagado como autor de los delitos de exacciones ilegales y concusión, en relación a la apropiación de los materiales de la obra, como partícipe necesario y coautor del delito de peculado –en relación a la sustracción de combustible y el dinero del racionamiento, respectivamente- y como instigador del delito de falso testimonio.

Asimismo, se pidió indagar al comisario Poidomani como partícipe necesario y coautor del delito de peculado por la sustracción de combustible y el dinero del racionamiento.

Por su parte, el subcomisario Romano prestará declaración por idéntica imputación a la Poidomani, como autor del delito de abuso de autoridad por el pedido de sanción administrativa contra quienes declararon en la investigación sin avisar a sus superiores e instigador del delito de falso testimonio.

A su turno, el principal Domínguez será indagado como participe primario del delito de exacciones ilegales y concusión –exacción en provecho propio- por la apropiación de los materiales de construcción; partícipe necesario del delito de peculado por el combustible y abuso de autoridad por las represalias.

Los sargentos 1° Soler y Pérez declararán imputados como participes secundarios y necesarios de los delitos de exacciones ilegales y concusión que beneficiaron al comisario Siniscalco, autores de la concusión en su propio provecho y peculado por la apropiación del combustible.

Por su parte, los sargentos Amábile, Portero y Santillán deberán responder en orden al delito de peculado. El primero de ellos por la sustracción de combustible, y los dos restantes, como participes necesarios por la apropiación del dinero destinado al racionamiento, el cual recaudaban para los jefes.

Por último, el suboficial mayor González, el sargento González, lo cabos 1° Rodríguez y Batie, los cabos San Pedro y Caruso, el capataz Lencina y el oficial albañil Romero –estos últimos, pertenecientes a la construcción de la que se sustraían materiales- serán indagados por falso testimonio.