El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº7, a cargo de Sebastián Casanello, ordenó tomar declaración indagatoria al hijo de Raúl Martins por haber sido parte de operaciones financieras de compra y venta “real y simulada” de bienes no declarados y de origen ilícito “vinculado presuntamente a la explotación de mujeres llevadas a cabo por su padre, a los fines de disimular la fuente real de los fondos”. En su momento, el fiscal Miguel Osorio habí manifestado que Mariano Martins “no tiene actividad comercial alguna conocida conforme todos los reportes de las entidades públicas”, por lo que realizó movimientos de dinero “cuyo origen no estaba siquiera mínimamente justificado”. Para el representante del Ministerio Público los fondos insertados en el mercado eran de origen espurio y “provienen directamente de las actividades ilícitas".

Según se desprende, tanto del escrito oportunamente presentado Osorio y ahora en la resolución de Casanello, Mariano Martins llevó adelante las siguientes operaciones inmobiliarias: durante 2009, abrió una caja de ahorro en dólares y depositó 180.000 en esa divisa que tendrían como fin la compra de inmuebles; compró el 100% de la titularidad de un inmueble situado en Punilla, Provincia de Córdoba, y pagó 20.000 dólares a su abuela, Cledi Presilla Coggiola. Ese mismo año, también compró, por medio de su apoderada, el 100% de una propiedad ubicada en San Martín, Provincia de Santa Fe, de manos de su abuela Coggiola por 160.000 dólares. En 2011, su abuela le compró (en realidad, le recompró) la misma propiedad por el mismo monto.

Mariano Martins actualmente vive en España, por lo que el juez Casanello debió librar un exhorto internacional al Juzgado Federal en turno de Altea Municipio de la Ciudad Valenciana, Provincia de Alicante, a los fines de que se le tome declaración indagatoria. Actualmente, la causa la lleva el fiscal Diego Iglesias, quién está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº10.