La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) elaboró un informe interdisciplinario sobre la atención de salud que recibió Juan Carlos Moreno dentro del penal de Rawson del Servicio Penitenciario Federal. El escrito fue realizado a pedido del fiscal Fernando Gelvez, quien investiga la muerte del joven de 22 años.

El viernes 14 de febrero, Moreno le gritó a los efectivos del Servicio Penitenciario que se iba a prender fuego si no lo dejaban salir de la celda. Desde el día anterior, los penitenciarios mantenían a los detenidos del Pabellón 15 dentro de los calabozos debido a dos violentas requisas, que también están siendo investigadas.

Cerca de las 7:00, las personas encerradas comenzaron a reclamar que se abrieran las puertas. Entre ellos estaba Moreno, quien pedía que lo dejen hablar con su madre, internada por un cáncer. Le habían prometido ese llamado pero al no tener respuesta, inició el reclamo contra los efectivos del SPF.

Alrededor de las 8:40, comenzó el olor a humo y el calor que salían de la celda. Según los testimonios, el cuerpo de requisa tardó 15 minutos en abrir la puerta, después de que se alertara sobre el fuego. Moreno fue llevado al Hospital subzonal Santa Teresita, pero por la gravedad de sus heridas fue trasladado a Trelew, a 13 kilómetros. Estuvo internado hasta el 19 de febrero, cuando falleció.

El informe

El escrito está firmado por el trabajador social Juan Introzzi y la médica especialista en psiquiatría Laura Dolores Sobredo. Allí, señalan una serie de irregularidades que se extendieron a lo largo del encierro de Moreno en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.

Los profesionales detallaron que la historia clínica del joven está “está foliada intermitentemente, aparecen hojas con números no consecutivos, interrupciones en la numeración y tachaduras que corrigen los números”. Además, durante varios años se omitió registrar el número de documento de la víctima y sólo figuraba el número de legajo penitenciario.

Tampoco, figuran en los archivos el documento “indicaciones médicas, prescripciones dietarias, estudios u prácticas o controles de enfermería”. Introzzi y Sobredo sostuvieron que, pese a señalarse antecedentes de adicciones, Moreno no fue incluido en los programas del SPF para tratar esas problemáticas. “En ninguna evolución se realiza una evaluación clínica básica que dé cuenta del estado físico de Juan Carlos Moreno siendo este un parámetro necesario para toda intervención en salud y también en salud mental”, indicaron.

También, detallaron que Moreno “sufría en términos subjetivos” por los problemas con drogas de la víctima. Según el informe, los datos son reveladores de la complejidad de la situación y de la necesidad de intervenciones interdisciplinarias e intersectoriales para abordar la rehabilitación y la conservación de la salud del joven. Sin embargo, quienes lo asistieron “nunca arribaron a ninguna aproximación diagnóstica, ni a un plan terapéutico concreto que dirigiera sus intervenciones”.

En los tres meses y tres semanas que el joven estuvo en el penal de Rawson, nunca fue evaluado por un médico, como está previsto en las directivas del Plan estratégico de salud integral del SPF. La única intervención del sector de sanidad fue una llamada “evaluación psicológica inicial”, realizada con un formulario preimpreso, incompleto y con una firma que no posibilitó conocer quién llevó adelante esa evaluación.

El escrito hace hincapié en los registros médicos y en la “precariedad” de los datos, lo que da cuenta de un descuido en la atención del joven. Finalmente, Introzzi y Sobredo analizaron la desvinculación familiar, “la denegación de derechos y los hechos que culminan con su muerte” y subrayaron que Moreno estaba detenido a más de 1000 kilómetros de su hogar y que el teléfono era el único medio por el que podía mantener un contacto con su familia. En los testimonios recolectados, varios detenidos dieron cuenta de que el joven le pidió la noche del jueves a los celadores que quería hablar con su madre. "No dieron resultado nuestros pedidos ni los de Moreno por lo que se prendió fuego”, agregaron.

“La relevancia de lo reclamado, que suele impresionar menor a los ojos de quienes intervienen, debe ser valorada en su significación para la persona detenida en el marco de privación de recursos materiales, de lazos de afectos y de denegación sistemática de derechos” sostuvieron, por último, los funcionarios de Procuvin.