En línea con el pedido del responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, Federico Iuspa, la jueza Ángeles Gómez Maiorano, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, elevó a juicio la investigación seguida contra cuatro acusados de integrar una organización dedicada a la sustracción de vehículos de alta gama en la vía pública y de adulterar su documentación.

De este modo, los ciudadanos chilenos Jonathan Wladimir Quijada Contreras, Lucas Felipe Ignacio Muñoz Gálvez y Fidel Eduardo Castro Bolívar, junto al argentino Marcelo Daniel Pérez deberán responder por su intervención en el robo de la camioneta Jeep Grand Cherokee de Augusto Rodríguez Larreta, hermano del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Por solicitud del fiscal, la jueza también dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) para que arbitre los medios, a través de su Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), para dar con otros cinco hombres involucrados en los hechos.

El caso

En su presentación, el fiscal Iuspa le imputó a Muñoz Gálvez, a Quijada Contreras, a Castro Bolívar y a Pérez haber conformado -desde antes d junio pasado- una asociación ilícita dedicada a apoderarse ilegítimamente de distintos vehículos dejados en la vía pública. Para ello, la banda utilizaba otros vehículos de "apoyo”, programadores de llaves de tableta profesional, varillas de metal armadas como ganchos para abrir las puertas, pinzas alicates, busca polos, llaves tubo tipo T, yugas, cables con distintas fichas en los extremos, clonadores de llaves, llaves genéricas de ignición, controles remotos de alarmas y otros objetos idóneos.

De acuerdo con la acusación, tras asegurarse que los vehículos no tenían dispositivos de rastreo, la organización reducía los vehículos en autopartes o los convertía en “mellizos”, mediante la sustitución de su chapa patente por una apócrifa u original sustraída de otro vehículo de igual marca y modelo que carecía de impedimentos para circular. También adulteraban la documentación de los rodados.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal también le atribuyó a Castro Bolívar y a otras cinco personas -que permanecen prófugas- el robo de la camioneta Jeep Grand Cherokee Limited negra que Rodríguez Larreta dejó estacionada en la avenida del Libertador al 2300 en la noche del 4 de julio pasado. Horas después, pasada la medianoche, seis de los investigados llegaron al lugar en otra camioneta Jeep Grand Cherokee gris oscuro -que tenía un dominio colocado que correspondía a una camioneta similar-, de la cual descendieron dos hombres que arrancaron el vehículo de Larreta y se retiraron del lugar, seguidos por la otra camioneta de apoyo.

De acuerdo al análisis de las cámaras de seguridad de la zona y del recorrido efectuado por los vehículos -junto a otras diligencias- efectuado por personal de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad, la camioneta de Rodríguez Larreta fue dejada en la intersección de las calles Franklin y Río de Janeiro, en el barrio porteño de Parque Centenario. Luego, movieron el vehículo en otras dos oportunidades y, tras corroborar que no contaba con dispositivo de rastreo, lo trasladaron hacia la provincia de Buenos Aires, donde se perdió su rastro.

En los procedimientos se encontraron, entre otros objetos, programadores de llaves de tableta profesional, ganchos para abrir puertas, pinzas alicate, busca polos, llaves tubo tipo T, yugas, cables con distintas fichas en los extremos, clonadores de llaves, llaves genéricas de ignición y controles remotos de alarmas.

Por otra parte, en el marco de la investigación se determinó que la camioneta usada como apoyo había sido sustraída el 16 de junio pasado del estacionamiento del Shopping “Palmas del Pilar”, ubicado en esa localidad bonaerense. Según la acusación, Castro Bolívar, Quijada Contreras y Muñoz Gálvez -junto a los otros prófugos- colocaron en ese vehículo las chapas patentes y le grabaron los cristales con el dominio de otra camioneta robada.

El vehículo que había sido utilizado como "apoyo" fue interceptado el 25 de julio en la avenida Antártida Argentina y la calle San Martín, en el barrio de Retiro, cuando era conducido por Quijada Contreras en compañía de Muñoz Gálvez. Ambos hombres quedaron detenidos, luego de que la policía advirtiera que no tenían la documentación de la camioneta y detectaran inconsistencias entre el dominio asignado y el número de chasis y motor.

En tanto, el 22 de junio -días después de que sustrajeran la camioneta de apoyo-, personal de la Comisaría 7ª de Pilar detuvo a otros cuatro integrantes de la banda que ahora están prófugos, junto a un quinto hombre, cuando circulaban en otro rodado. En esa oportunidad se les incautaron diversos elementos entre los que se destaca un programador de llaves de tableta profesional, dos varillas de metal armadas como ganchos para apertura de puertas vehículos, una pinza alicate, un buscapolo, una llave tubo tipo “T”, una herramienta tipo yuga, cables con distintas fichas en los extremos, un aparato tipo clonador de llaves, y dos llaves genéricas de ignición y presencia de vehículos.

Finalmente, la fiscalía determinó qué Pérez era quien se encargaba de “reducir” los vehículos robados, ya sea que los desmantelaba por sus autopartes o adulteraba su documentación para hacer un vehículo “mellizo” con los datos de otro que no tuviera pedido de secuestro o impedimentos para circular.  La acusación está fundada en el hallazgo de la puerta de un vehículo y de documentación de otros rodados, incautada en el marco del allanamiento efectuado en su vivienda, en la localidad bonaerense de San Justo.

En la tarde del 25 de agosto pasado, Castro Bolívar fue sorprendido por el encargado de un edificio de la calle Uruguay al 300 -quien lo reconoció de un intento previo- cuando quiso forzar la cerradura de la puerta de acceso al inmueble, para ingresar con fines de robo.

A juicio

En base a las pruebas recabadas durante la investigación, el fiscal Iuspa requirió la elevación a juicio de la investigación respecto a los cuatro imputados, al tiempo que solicitó la extracción de testimonios y la profundización de la investigación respecto de los otros cinco hombres que permanecen prófugos, para lo cual pidió que se diera intervención a la UFECRI.

En tal sentido, Iuspa entendió que Pérez ocupaba “el rol habitual y permanente de ‘reducidor’ de los vehículos que, dentro de la organización criminal que es objeto de análisis, serían sustraídos de la vía pública por Castro Bolívar, Quijada Contreras, Muñoz Gálvez y los otros cinco individuos, al menos, cuya captura fue ordenada”.

En su requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta “la detención de Quijada Contreras y de Muñoz Gálvez, a bordo de la camioneta utilizada por Castro Bolívar y sus consortes, para propiciar el desapoderamiento del vehículo propiedad de Rodríguez Larreta”. Agregó que ello debía vincularse con la detención de cuatro de los ahora prófugos, ocurrida el 16 de junio en la localidad de Pilar, “unos días después, en la misma localidad, a bordo de otro vehículo y en posesión de múltiples elementos destinados a concretar el desapoderamiento de vehículos”.

Finalmente, Iuspa ponderó que, a excepción de Pérez, a quien se atribuye el rol de "reducidor", el resto de los acusados, a quienes se endilga el rol de "sustractores" no tienen residencia permanente en el país, "lo que contribuiría al despliegue de ilícitos y facilitaría el abandono de las fronteras, por su facilidad para entrar y salir como turistas o para permanecer ocultos, esto último, en el caso de Quijada Contreras, sobre quien pesa una orden de expulsión (no firme) que data del año 2020”.

En virtud del requerimiento, la jueza Maiorano dispuso que Pérez, Quijada Contreras, Muñoz Gálvez y Castro Bolívar fueran a juicio oral como miembros de una asociación ilícita y por el delito de encubrimiento por receptación agravado por ánimo de lucro, por el que el primero deberá responder como autor y los restantes como coautores.

Asimismo, consideró que Pérez también debía responder como coautor de falsificación de documento público, agravado por tratarse de uno destinado a acreditar la titularidad del dominio, y como partícipe necesario junto a Castro Bolívar -quien lo hará como coautor- del delito de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

La responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38 ordenó además que Quijada Contreras, Muñoz Gálvez y Castro Bolívar sean sometidos a juicio oral como coautores de falsificación, alteración o supresión de numeración individualizadora, al tiempo que este último también deberá responder como autor del delito de robo con efracción en grado de tentativa