El fiscal de juicio Mauricio Viera solicitó el viernes pasado el apartamiento del abogado Virgilio Loiácono, a cargo de la defensa de Rubén Jorge Santos, ex jefe de la Policía Federal Argentina, en el juicio donde se juzgan los hechos ocurridos durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Durante el tratamiento de las cuestiones preliminares, Viera expuso que Loiácono fue propuesto como testigo tanto por el Ministerio Público como por la querella y algunas de las otras defensas, ya que se desempeñaba como secretario legal y técnico durante la presidencia de De la Rúa. Este pedido fue aceptado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6  el 30 de octubre del año pasado.

Cabe recordar que, tras la renuncia de sus abogados, Santos propuso en septiembre de 2013 a otros dos letrados: Adolfo Vázquez y Loiácono, quienes aceptaron el cargo en diciembre de 2013.

En base a esto, Viera consideró que no puede desempañarse en el cargo de defensor alguien que esta citado como testigo para el mismo proceso, por lo que solicitó la exclusión y aclaró que esta decisión no afectaría el derecho a la defensa, ya que quedaría a cargo del abogado Vazquez.

El fiscal explicó que la ley "privilegia la finalidad procesal de conocer la verdad por sobre el ejercicio de determinadas funciones en el proceso" y agregó que "no se visualizaría que haya colisión entre la finalidad procesal de conocer la verdad y la necesidad de la defensa técnica".

Además señaló que diversas doctrinas han señalado esta situación como una de las causales de exclusión del cargo de defensor y agregó también que "la jurisprudencia ha encontrado incompatible con el ejercicio de la defensa el caso del abogado que previamente había depuesto como testigo en el proceso, cuando su declaración pueda servir como prueba de cargo"

Ahora el Tribunal deberá decidir sobre este planteo durante la próxima audiencia del juicio, que será pasado mañana a las 10.00 en los Tribunales de Comodoro Py.

La causa

El 19 de diciembre de 2001 el entonces presidente de la Nación Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio por treinta días sin especificar, tal como lo establece la Constitución, que se fijen qué garantías se suspenden y qué territorio estaba abarcado por la medida.

A partir de esto, se desplegó en la Ciudad de Buenos Aires un operativo represivo que incluyó personal de infantería, policías a caballo, carros de asalto e hidrantes y que culminó recién con la renuncia de De la Rúa. En el juicio se juzgará a los responsables por las muertes de Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y de más de 100 heridos, algunos de ellos de gravedad, como Paula Simonetti y Martín Galli.

Los acusados son: el ex Secretario de Seguridad de la Nación Enrique Mathov; el ex jefe de la Policia Federal Argentina (PFA) Rubén Jorge Santos; al ex Jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, Norberto Gaudiero; y al ex Jefe de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza, Raúl Andreozzi por los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, homicidio culposo en cinco casos y lesiones culposas en 116 casos

El segundo grupo de imputados se encuentra conformado por los oficiales de la policía a quienes se atribuyen, puntualmente, algunos de los homicidios (consumados o tentados), lesiones, vejaciones o encubrimientos que tuvieron lugar en aquellos operativos policiales.

Ellos son: Orlando Oliverio (por entonces comisario inspector), Carlos José López (ex subcomisario), Eugenio Figueroa (ex principal); Roberto Juárez (ex sargento primero), Gonzalo Firpo Castro (ex agente), Norberto Sabbino (ex inspector), Sebastián Saporiti (por entonces auxiliar), Horacio Berardi (ex auxiliar), Mario Seia (ex principal); Víctor Belloni, Omar Bellante (por entonces subcomisario), Carlos Loforte y el ex subcomisario Jorge Toma.

Se calcula que alrededor de 600 testigos pasarán por el juicio, que incluirá a víctimas de la represión y a sus familiares. Según estima la fiscalía, el proceso, entre testimonios, indagatorias y alegatos durará más de dos años.