Ocho funcionarios públicos de distintas localidades de la provincia de Jujuy fueron imputados el 23 de marzo pasado por el Ministerio Público Fiscal en orden a los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en un hecho consumado y en siete en grado de tentativa.

La imputación fue presentada en una audiencia de formalización de la investigación penal por el fiscal federal Federico Zurueta, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, ante el Juzgado de Garantías 1, a cargo de Esteban Eduardo Hansen.

Al presentar el caso mediante el sistema de videoconferencia, el fiscal Zurueta se refirió en primer término al beneficio del IFE, su concepción y el fin porque el cual fue implementado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Con la ayuda de una proyección digital, el fiscal explicó que, tras la declaración de la pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020 el gobierno nacional dispuso diversas medidas sanitarias, entre ellas el aislamiento preventivo social y obligatorio, implementado desde el 20 de marzo mediante el decreto 297/20 y subsiguientes.

Agregó que, como consecuencia de estas medidas que afectaron la circulación y con ello el desarrollo de numerosas actividades laborales, el 23 de marzo el gobierno nacional creó el IFE, un beneficio que se implementó con el fin de paliar la situación económica de ciertos sectores de la sociedad, en especial la más afectada por pertenecer a la economía informal.

El fiscal explicó los requisitos y exigencias de tal beneficio, entre ellos resaltó la resolución de que los beneficiarios no posean un trabajo con relación de dependencia, ya sea en el sector público o privado, como otros aspectos relacionados a la instrumentación, otorgamiento y control del subsidio, establecido en el decreto 310/20, el cual deja esas funciones bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En ese contexto, recordó que los trámites para acceder a tal beneficio, según la resolución 84/20, de la ANSES, establecía que el proceso de solicitud debía hacerse vía remota, incluso hasta la acreditación del aporte mediante la presentación de CBU del candidato.

“La ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía", señaló el fiscal.

De oficio

El fiscal señaló que la causa se inició de oficio el 25 de julio de 2020 a raíz de la información difundida en varios medios periodísticos locales respecto a la posible defraudación, en perjuicio del Estado Nacional, por parte de funcionarios públicos provinciales.

Sostuvo que a través de las distintas noticias difundidas se dio cuenta que, mediante el entrecruzamiento de algunos datos, se habría podido corroborar, en principio, que algunos funcionarios habían iniciado el trámite para el cobro del IFE, el cual “estaba dirigido a los sectores más vulnerables de la sociedad frente a la situación de pandemia por COVID-19”.

Previo referirse a la conducta y a cada uno de los acusados, dejó en claro que, con la proclama de autoridades electas de 2019, y según lo informado por las distintos concejos deliberantes y concejos comunales, se encuentra “debidamente acreditado que todos los imputados al momento de los hechos atribuidos revestían la calidad de funcionarios públicos y se encontraban prestando tales funciones”.

El primer funcionario cuyo caso abordó el fiscal fue Diego Agustín Mayaregua, concejal de la localidad de Caimancito, quien actualmente preside el Concejo Deliberante. En este caso, el imputado “solicitó el beneficio el 27 de marzo de 2020 y seleccionó como medio de pago transferencia bancaria”, precisó el fiscal.

Como resultado del trámite realizado, Mayaregua “percibió el beneficio en dos oportunidades, ya que el informe de la entidad bancaria elegida reportó dos operaciones de ANSES (IFE) por un valor de 10 mil pesos cada una”. Asimismo, mediante otras medidas de prueba se confirmó que el concejal fue “beneficiario de IFE” en los períodos de julio y agosto del 2020.

En vista de estos elementos de prueba, el fiscal calificó la conducta desplegada por Mayaregua incursa en el delito de defraudación a la administración pública, prevista en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal, siendo la figura agravada del delito de estafa, toda vez que indujo a error a la ANSES a fin que se otorgue el beneficio. Todo ello, en concurso ideal con el delito de “incumplimiento de funcionarios público”, por “no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbiere”.

"Las conductas que aquí se achacan, llegan a ser deshumanas, indignantes, no solo por la materialidad del hecho, sino también por su condición de funcionarios públicos elegidos por voto popular, y en especial por el que dicha acción se cometió en un contexto de grave emergencia social y económica del país".

Tentativa

Por otra parte, el fiscal imputó a los concejales Rodrigo Nicolás Martínez, de Pampa Blanca; Mariana Viviana Cazón, de Santa Clara; Carla Yamila Nieto, de Calilegua; Blas Mariano Nicolás Videla, de Caimancito; y Gonzalo Javier Farfán, de El Aguilar, por los mismos delitos, pero en grado de tentativa.

La misma calificación recayó sobre Juan Francisco Cruz, vocal y presidente de la Comisión de Catúa y Juan Sabino Borja, vocal de Yavi. En estos casos, el fiscal explicó que, de acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, se pudo establecer que los acusados efectuaron la solicitud de cobro del IFE.

Reveló las fechas y otros detalles de los trámites realizados por los imputados, quienes no llegaron a percibir el beneficio ya que el organismo a cargo del otorgamiento del subsidio rechazó las respectivas solicitudes por distintos motivos, entre ellos el hecho de que la mayoría de ellos aparecía como beneficiarios de otros planes sociales.

Fundamentos

Por último, y tras enumerar las distintas pruebas producidas a lo largo de la investigación, el fiscal afirmó que los acusados cometieron los delitos imputados, pues “la ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía, ya que todos ellos -como se dijo- se desempeñaban como funcionarios públicos con anterioridad a dicha solicitud”.

“En este punto, cabe remarcar que los funcionarios imputados no debían solicitar este beneficio, en virtud que gozaban de trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público”, destacó el fiscal al fundamentar la imputación.

“Las conductas que aquí se achacan, llegan a ser deshumanas, indignantes, no solo por la materialidad del hecho (el cobro indebido de un subsidio), sino también por su condición de funcionarios públicos elegidos por voto popular, y en especial por el que dicha acción se cometió en un contexto de grave emergencia social y económica del país, quitándole la oportunidad a otros ciudadanos que se encontraban en un serio estado de necesidad”, agregó.

En vista de ello, solicitó que se formalice la imputación, se haga lugar al plazo de investigación penal por 80 días, y se imponga a los acusados, en el marco de medidas de coerción, el compromiso de someterse al procedimiento y a no obstaculizar la investigación.

En el caso de Mayaregua, en tanto, requirió la imposición de un embargo por la suma de 50 mil pesos. Las defensas, por su parte, intentaron cuestionar la acusación, no obstante los argumentos esgrimidos no fueron tenidos en cuenta por el juez, quien dio por formalizada la imputación, y ordenó la aplicación de las reglas de conducta y el embargo solicitado.