El viernes 14 de noviembre, funcionarios del áreas de Corrupción en Fuerzas de Seguridad y de Violencia Policial de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Abel Córdoba, y del Área de Seguimiento de Causas Judiciales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, asistieron y dirigieron junto al titular de la Fiscalía Federal N°2 de Jujuy, Pablo Pelazzo, la búsqueda de documentación en siete allanamientos, en el marco de la investigación por la explotación sexual con connivencia policial y la desaparición forzada de Romina Aramayo.

Los operativos se realizaron en simultáneo en la ciudad de San Salvador de Jujuy y contó con la asistencia operativa de un grupo de más de 50 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los procedimientos, que se extendieron desde las 9:00 hasta las 19:00, fueron ordenados por el juez federal de Jujuy, Mariano Wenceslao Cardozo, a pedido de ambas procuradurías especializadas y de la Fiscalía en el marco de una denuncia formulada en conjunto por Córdoba y Colombo ante la justicia federal de esa provincia.

Los hechos

La joven de 25 años fue encontrada asesinada el 10 de abril. Había sido vista por última vez en el prostíbulo Wolf, que funcionaba en San Salvador de Jujuy. El cuerpo apareció tirado en un matorral del predio perteneciente al dique Los Molinos, ubicado en la capital provincial. Los informes de los médicos forenses determinaron que fue asesinada a golpes al día siguiente de la desaparición.

La mujer había desaparecido en la madrugada del 5 de abril en el local nocturno. Allí, la joven habría sido explotada sexualmente durante dos años. Durante los días en que estuvo desaparecida, la investigación de su búsqueda estuvo a cargo de la División Trata de Personas y Leyes especiales de la Policía de Jujuy.

Relación entre el prostíbulo y fuerzas de seguridad

Según las pruebas recolectadas, los representantes del Ministerio Público sostienen que los uniformados jujeños (a través de la comisaría del lugar y de la División Trata de Personas) tenían conocimiento de que en el prostíbulo se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad oriundas de diferentes provincias y de otros países.

Para los fiscales, el caso de explotación sexual de mujeres mayores de edad era avalado e incluso supervisado por los uniformados mediante una participación directa en el negocio al formalizar un libro de actas que las incluía. Es decir: no sólo no se denunciaba al prostíbulo Wolf y a sus dueños como responsables, sino que se formalizó un sistema de control sobre las mujeres eran sometidas a explotación.

Según los representantes del MPF, lo que ocurría dentro de la whiskería Wolf era conocido por los miembros de la Policía de la Provincia de Jujuy en tanto ellos se encargaron de habilitar el libro de actas para “registro y control” de las mujeres que eran explotadas sexualmente, y por otro, porque agentes policiales cumplían servicios “adicionales” como personal de seguridad, no sólo en el exterior del local, sino en su ingreso y en el interior. Ante estas circunstancias, la nueva hipótesis de investigación es que Aramayo, habría sido asesinada por razones vinculadas a su situación de explotación. No puede descartarse entonces que en el femicidio de Aramayo hayan intervenido, como autores, participes o encubridores, miembros de las fuerzas de seguridad provincial, la misma fuerza que estuvo a cargo de la búsqueda de la joven, a instancias de la denuncia de su padre, y que actualmente conduce la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Desaparición forzada de persona

Juan Víctor Aramayo denunció la desaparición de su hija el 7 de abril. Un día después, se recurrió al encargado del prostíbulo para consultar sobre el paradero de la joven. Dos horas más tarde (y cuando los responsables de Wolf sabían de la investigación en proceso), se dispuso el allanamiento del local. Recién el 9 de abril, se le tomó declaración a otra víctima de la red de trata denunciada, quien había visto por última vez con vida Aramayo. Los fiscales concluyeron que "es evidente que la fuerza policial actuante no tomó los recaudos necesarios para mantener al margen del conocimiento de la denuncia de desaparición a la organización que sometía sexualmente a Aramayo, con consecuencias graves para ese proceso".