La fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal Nº 3 ante los Tribunales Orales Federales, Gabriela Baigún, logró el embargo de once inmuebles, quince vehículos, cuatro motos, dos embarcaciones, el congelamiento de varias cuentas bancarias, títulos públicos, la participaciones en más de veinte sociedades comerciales y la suma de aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo, en el marco de una serie de medidas de índole económica. Los requerimientos realizados por la fiscal tuvieron como finalidad determinar la existencia de bienes de las 17 personas imputadas, entre quienes se encuentra el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

Al ex funcionario se lo acusa de haberse enriquecido patrimonialmente, de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejerció el cargo público de Secretario de Transporte de la Nación, comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, y los dos años posteriores del denominado “período de sospecha”, mediante diversas operaciones comerciales. En relación a los otros 16 imputados se les atribuye haber actuado como personas interpuestas para disimular el enriquecimiento ilícito de Jaime, en el tiempo mencionado.

La medida requerida por la Fiscalía de juicio -el expediente arribó al tribunal oral en diciembre pasado- surgió luego de advertir que, al ser notificados del embargo dictado durante la instrucción, los imputados manifestaron no poseer bienes de ninguna índole.

En ese sentido, la acción emprendida por el juzgado federal como consecuencia de ello fue ordenar la inhibición de bienes, exclusivamente en el Registro de la Propiedad Inmueble de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta acción, explicó la Fiscalía en su escrito, si bien es una práctica habitual, evidencia una falencia importante al excluir del trámite al resto de los organismos de bienes registrables: el Registro de la Propiedad Automotor, la Comisión Nacional de Valores, el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de buenos aires y demás jurisdicciones, y otras entidades financieras y/o bancarias.

En este sentido, la fiscal sostuvo que todos los bienes embargados son independientes de aquellos secuestrados, que fueron objeto de la maniobra de enriquecimiento ilícito por la cual se procesó a los involucrados.

Finalmente, la representante del MPF entendió que la cantidad de bienes obtenidos hasta el momento no es definitiva, ya que aún quedan diligencias pendientes para obtener información que posibilite otros embargos.

Las medidas requeridas y analizadas por Baigún responden a un trabajo emprendido conjuntamente con la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), bajo la conducción de Judith Köning, quien estuvo a cargo de la evaluación de toda la información provista por las diferentes áreas del Estado.