El 28 de septiembre pasado la Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de la fiscal federal interina María Cándida Etchepare, solicitó el desalojo de los siete predios (compuestos por once lotes) usurpados en lo que se ha dado en llamar “el conflicto Mascardi”, en el marco del cual un grupo de personas autodenominadas “Lof Lafken Winkul Mapu” reclaman como propias diversas tierras públicas y privadas.

El reclamo se origina no en la ocupación tradicional y pública de las tierras, como es el de otras tantas comunidades mapuche de la zona, sino en una visión que tuvo, en 2017, una niña de por entonces 16 años, que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche. En esa oportunidad la joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse.

Esa comunidad no canalizó sus reclamos por las vías de derecho, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como es el procedimiento habitual previsto por la ley y resoluciones que regulan la materia. El INAI expresamente informó en diversas oportunidades que no tiene registro ni petición alguna vinculada con este grupo de personas, el cual, por el contrario, sí se inscribió en el año 2012 pero integrando otra comunidad (“Lof Colhuan-Nahuel”) y reclamando su ancestralidad en otras tierras que sí le fueron reconocidas, en el Barrio Virgen Misionera en esta misma ciudad.

Con el tiempo, los integrantes de este grupo decidieron mutar su reclamo hacia otras tierras pero esta vez por las vías de hecho. En concreto, han pretendido hacer propios -por la fuerza y la violencia- diversos predios en Villa Mascardi, sin ninguna prueba de su ancestralidad en el lugar, sin seguir las vías que el Estado de Derecho prevé para estos supuestos y sin reconocer los límites que la administración de justicia ha intentado infructuosamente imponer durante estos años.

En este conflicto interviene tanto el fuero federal, con la actuación de esta fiscalía y del Juzgado Federal de Bariloche, como la justicia ordinaria de la 3ª Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro.

Si bien esta Fiscalía Federal ha solicitado en reiteradas oportunidades el desalojo de varios de los predios a lo largo de los años desde que se iniciara la primera usurpación en 2017, en esta última oportunidad ello obedeció, puntualmente, a los hechos ocurridos desde la noche del 25 de septiembre pasado en adelante.

Como es de público conocimiento, en esa oportunidad entre 15 y 20 personas encapuchadas y armadas con piedras y armas de fuego atacaron a un grupo de cinco gendarmes que custodiaban el último de tales lotes, “Los Radales”, desde el 13 de septiembre y a pedido de esta sede. Ello obedeció a que el 1° de agosto fue incendiada intencionalmente la cabaña del lugar de modo tal que lo que se pretendió con la custodia solicitada al Ministerio de Seguridad de la Nación fue evitar que se siga extendiendo la usurpación, como ha ocurrido a lo largo de los años en los lotes circundantes.

Si bien esta Fiscalía Federal ha solicitado en reiteradas oportunidades el desalojo de varios de los predios a lo largo de los años desde que se iniciara la primera usurpación en 2017, en esta última oportunidad ello obedeció, puntualmente, a los hechos ocurridos desde la noche del 25 de septiembre pasado en adelante.

En este sentido, el primero de los predios de Parques Nacionales fue usurpado en noviembre de 2017; luego, en enero de 2018, lo fue el siguiente hacia el sur, de la familia Grehan-Giménez de Tournier; en julio de ese mismo año se extendió la ocupación hacia el norte, tomando el exhotel Mascardi, también de propiedad de Parques. En mayo de 2020 la violencia se extendió hacia el sur, primero ocupando el predio del Obispado de San Isidro y luego los lotes del sindicato Unión Personal Superior del Gas (exGas del Estado). Finalmente acontecieron el incendio y el ataque armado a las fuerzas de seguridad mencionadas.

En ese contexto, el 26 de septiembre, tanto la Fiscalía Federal como el Juzgado Federal concurrimos a realizar una inspección ocular a “Los Radales”, certificando pericialmente la existencia de disparos de armas de fuego en la casilla en la que se apostaban los gendarmes, que luego también fue completamente quemada. Finalizada la diligencia, un grupo de personas bajó gritando de la montaña y atacó con piedras a los funcionarios que resguardaban el predio mientras se realizaba la medida, por lo que debimos retirarnos de allí una vez más para evitar enfrentamientos.

Al día siguiente, fueron públicas las manifestaciones de miembros de la Lof reclamando la ocupación tanto de “Los Radales” como del lote previo (ubicado entre aquélla y UPS Gas), llamado “La Cristalina”, propiedad de Diego Frutos.

El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo.

Es importante destacar que, a lo largo de todos estos años, jueces, fiscales federales y provinciales, empleados judiciales y del MPF, guardaparques, policías federales, policías de seguridad aeroportuaria, gendarmes, policías de Río Negro, peritos, directivos de Parques Nacionales, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hasta la propia gobernadora de la provincia han sido directamente atacados al intentar acercarse a los predios a cumplir con distintas medidas ordenadas en las causas judiciales.

A ello se suma el incendio de todas las propiedades (y otras de zonas aledañas como las cabañas de San José Obrero) y la completa destrucción de las estructuras edilicias de la zona, junto con la constante interrupción de la Ruta Nacional 40, por medio de actos violentos hacia turistas y trabajadores que han denunciado una y otra vez haber sido amenazados, agredidos, golpeados o apedreados con las consecuentes destrucciones en sus vehículos o colectivos turísticos.

Pero también fue un motivo central de este último pedido de desalojo la finalización de todos los canales de diálogo intentados por esta Fiscalía durante los últimos dos años. Desde 2020 que se han realizado diversas audiencias en el marco de varias de las causas en trámite en las que han participado miembros de la “Lof Lafken Winkul Mapu”, de Parques Nacionales, varios de los damnificados o los representantes de los organismos afectados, directivos del INAI, el secretario de Derechos Humanos de la Nación y distintas instancias del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En ninguna de ellas fue posible arribar a ningún acuerdo, dada la negación de la comunidad a evaluar los pedidos que les eran formulados. Incluso Parques Nacionales ofreció reubicarlos en otras tierras cercanas, también del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe (sitio ceremonial o sagrado) en el lugar en el que está apostado en la actualidad (en el predio del exhotel Mascardi) para que sea un lugar de culto de las comunidades. Nada alcanzó. A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos. Los miembros de la comunidad manifestaron una y otra vez que solo aceptarían ser reconocidos como los dueños del lugar.

El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo.

Los intentos de diálogo también se intentaron por vías políticas (extra judiciales) con intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Ninguno de los actores involucrados logró traer al proceso algún atisbo concreto de acuerdo que permitiese evitar la vía penal haciendo prevalecer el dialogo pacífico, ya que la comunidad no se ha mostrado realmente dispuesta para esto. Todas las audiencias celebradas judicialmente se encuentran grabadas y dan fe de estas afirmaciones.

Llegados entonces a este estado de cosas y a esta escalada de violencia, esta Fiscalía Federal solicitó el desalojo de toda la zona, medida que fue autorizada por la Jueza Federal a cargo del caso y que se llevó a cabo el martes 4 de octubre.

Tal como ocurrió durante el primer desalojo de noviembre de 2017, fueron algunas mujeres y los niños y niñas de la comunidad quienes permanecieron en el terreno, mientras que todos los varones se dieron a la fuga montaña arriba, pese al despliegue de grupos tácticos en la zona alta de la montaña y a la gran cantidad de efectivos presentes en el lugar para intentar cubrir tan amplio territorio sin armas letales.

Así fue que se procedió a la detención de siete mujeres, una de ellas con un avanzado embarazo y dos con bebés lactantes en sus brazos, quienes fueron trasladadas a las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con excepción de la mujer embarazada, que fue alojada en el Hospital Zonal, donde permaneció con asistencia de su partera hasta el día en el que se le concedió la prisión domiciliaria el pasado 8 de octubre.

Ayer la Fiscalía Federal fue anoticiada por autoridades del Hospital Zonal de que la mujer rompió bolsa en la noche del lunes 10 y que decidió parir en la ruca del Consejo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), en donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria, con la ayuda de su partera; el niño o niña no ha nacido aun.

El motivo por el cual las detenidas fueron trasladadas a la sede de una fuerza de seguridad es que el Servicio Penitenciario Federal solo tiene tres cárceles de mujeres en el país: una en La Pampa, una en Formosa y una unidad en Ezeiza.

El motivo por el cual las detenidas fueron trasladadas a la sede de una fuerza de seguridad es que el Servicio Penitenciario Federal solo tiene tres cárceles de mujeres en el país: una en La Pampa, una en Formosa y una unidad en Ezeiza.

A su vez, el Servicio Penitenciario provincial no tiene ninguna cárcel de mujeres, tan solo un pabellón en la cárcel de varones de General Roca. Esta situación será puesta en conocimiento de las autoridades del SPF y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de modo tal que adopten las políticas públicas tendientes a garantizar concretamente los derechos de las mujeres sometidas a procesos penales.

Fue así como cuatro de las mujeres detenidas (con excepción de las dos con un niño y una niña lactantes) fueron trasladadas por disposición de la Jueza actuante a la cárcel de mujeres de Ezeiza, por ser la dependencia más accesible en relación con esta ciudad en la cual podía alojárselas, en el entendimiento de que es indispensable evitar en la medida de lo posible la detención de personas en comisarías u otros establecimientos penitenciarios similares.

Finalmente, con el aval de esta Fiscalía, se concedió la prisión domiciliaria a cuatro de ellas (incluyendo a la mujer embarazada que estaba internada en el Hospital Zonal), mientras dos continúan detenidas en la sede de la PSA por pedido de sus abogados defensores, que brindaron su consentimiento para que sean alojadas en esas instalaciones.

En la jornada de ayer, esta Fiscalía Federal solicitó el sobreseimiento de una de ellas, pues se comprobó que estaba casualmente en el lugar y que reside en la ciudad de Trelew. Así fue dispuesto por el juzgado y la mujer recuperó la libertad.

Con respecto a las restantes, fueron indagadas y se encuentra en curso actualmente el plazo de 10 días hábiles para que se resuelvan sus situaciones procesales, en esta y todas las otras causas vinculadas en las que también han sido sometidas a proceso.

En relación con las investigaciones en trámite, varias de las detenidas han sido sometidas a proceso en las causas formadas desde 2017 por cada una de las usurpaciones ocurridas. La primera de ellas, identificada como FGR 26.511/2017 (usurpación de un predio de Parques Nacionales), se encuentra actualmente en etapa de juicio aguardando a que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva una cuestión de competencia planteada en julio pasado. También han sido indagadas en las causas FGR 491/2018 (usurpación de “La Escondida”) y FGF 24.697/2018 (usurpación del exhotel Mascardi). La causa MPF-BA-974/20 (usurpación del Obispado de San Isidro) tramita ante la justicia provincial y en su marco también han sido imputadas las mismas personas, estando actualmente en etapa de control de acusación previo al juicio.

En el marco de éstas últimas actuaciones, FGR 16.149/2022 se les imputó los delitos de usurpación reiterado en dos oportunidades en concurso real entre sí.