El Ministerio Público Fiscal solicitó esta tarde que Carlos Menem, Domingo Cavallo, Raúl Granillo Ocampo y María Julia Alsogaray sean condenados a 6, 5 y 4 años de prisión, respectivamente, al encontrarlos culpables de haber cometido el delito de peculado durante su paso por la administración pública nacional. Los fiscales Stella Maris Scandura, Diego Velasco, Juan Patricio García Elorrio y Juan Manuel Gaset, como ad-hoc-, consideraron probado que el ex presidente y sus ministros de Economía y de Justicia, junto a la entonces secretaria de Medio Ambiente, sustrajeron ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos “a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula” gubernamental.

El alegato comenzó minutos antes de las 10 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 15. El primer tramo de la exposición estuvo a cargo de Scandura, quien ahondó sobre el procedimiento puesto en marcha por los funcionarios en 1992; para ello hizo un repaso de varios de los testimonios brindados a lo largo del juicio y enumeró los elementos probatorios. En ese sentido, señaló que los montos eran tomados de fondos reservados, lo que permitía su disposición en efectivo y no exigía rendición de cuentas. Para eso, se aumentaron tanto las partidas como el número de dependencias autorizadas para percibirlos, originalmente previstas para cuestiones de seguridad nacional. Una vez conformado el fondo, era retirado en la Secretaría General de la Presidencia, hasta 1994, y luego de la Jefatura de Gabinete de Ministros o del quinto piso del Ministerio de Economía.

Scandura graficó el modo de percibir el dinero - primero 100 mil pesos dólares para los ministros de más alto rango y luego 50 mil; 40 mil primero y 20 mil después en el caso de secretarios de estado como María Julia- haciendo mención al sobre en el que se introducía, rotulado también con el nombre de la cartera destinataria. Las sumas representaban el cuádruple y hasta el quíntuple de los haberes mensuales reales de los funcionarios sin ningún tipo de registro. “Se trató de un gobierno que hacía ajustes y pedía sacrificios a la gente, pero que no se ajustó a sí mismo”, aseveró.

A su turno, Velasco desarrolló el sustento histórico que motivó la creación y puesta en marcha de lo que se calificó como un “plan sistemático de sustracción de caudales públicos”. Desde el comienzo aclaró que “preferiríamos que todos los imputados estén acá”, en alusión a otro tramo de la causa que continúa en la etapa de instrucción, pero sin que ello impida el juzgamiento de los imputados. “Fueron mal llamados sobresueldos por las defensas, porque eso implicaría que fue una decisión de la administración pública –precisó. Lo único que tenía que ver el dinero sustraído con un sueldo era que era entregado mensualmente”.

“La maniobra estuvo pensada desde el inicio para no dejar rastros y no generar un escándalo público. Fue el medio para una decisión que ya se había tomado”, continuó. Al respecto, la fiscalía elaboró -junto a la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación- y proyectó tapas de diarios de la época que daban cuenta de despidos, congelamientos de salarios y reducciones de las jubilaciones, entre otras decisiones políticas que requerían “un esfuerzo” a la ciudadanía; en ese marco, los acusados “querían mostrar que eran héroes cobrando 1.800 pesos y decidieron mostrarse austeros para ocultar lo que querían llevarse”. Por otra parte, rechazó que años más tarde se haya querido transparentar el procedimiento a través del dictado del decreto 838 de 1994 que establecía los montos a percibir de las autoridades del Poder Ejecutivo y la facultad de asignar importes en concepto de reintegro de gastos protocolares, sumado a las declaraciones juradas, puesto que regularizaban tan sólo una parte de la maniobra y eran un modo de seguir ocultándola. Las declaraciones juradas, por ejemplo, eran secretas y sólo podían ser vistas con autorización del presidente y luego de corrérsele vista al ministro de Economía, en tanto que la Dirección General Impositiva estaba a cargo del también imputado en instrucción Ricardo Cossio.

Asimismo, el fiscal general recordó que Cavallo dijo que con la aplicación de la convertibilidad no podrían aumentarse los sueldos, con lo que “actuaron en contra de la misma ley que llevaron adelante”; otro imputado en la instrucción, el ministro de Trabajo entre 1993 y 1997 Armando Caro Figueroa, consideró en el debate que se trataba de “una hipocresía”.

“La administración pública no es para hacerse ricos. Nos quisieron convencer de que era necesario pagarle una millonada” a los funcionarios para desempeñarse en el Estado “porque sino no lo harían, pero ganaron más de lo que hubieran ganado en la actividad privada. Lo tomaron como propio, durante casi 10 años, sin conmoverse”, agregó Velasco.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que Menem y Cavallo sean condenados como coautores del delito de peculado a 6 y 5 años de prisión, respectivamente, y Granillo Ocampo y Alsogaray a 4 años, por ser cómplices primarios. Finalmente, indicaron que deberán arbitrarse los medios necesarios para intentar recuperar el dinero, que según un informe perjudicó a las arcas estatales en 466 millones de pesos-dólares. Por esos motivos, solicitaron el decomiso de cinco millones 400 mil pesos a Cavallo, un millón 350 mil a Granillo Ocampo y un millón 978 mil a Alsogaray, a quien le restaron lo ya decomisado por la condena recaída contra ella en 2004. Asimismo, pidieron que se le de intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación para que inicie las acciones civiles correspondientes contra el senador y ex gobernador de La Rioja.

Por otra parte, no sostuvieron la acusación contra los ex subsecretarios de Ordenamiento Ambiental Raúl Castellini; de Asuntos Militares, Heriberto Baeza González; de Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa, José Torzillo; de Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales, Enrique Kaplan; y contra el ex coordinador del Ministerio de Justicia José Coronel, sobre quienes consideraron no hubo elementos de cargo que justifiquen un reproche penal.