El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Lorenzo Basso, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra un hombre acusado de almacenar y vender piezas de animales provenientes de la caza furtiva y la depredación. La investigación se inició en noviembre de 2013, por una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), que dirige Ramiro González.

La División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina llevó a cabo una serie de tareas de investigación, entre las que se cuenta una conversación que tuvo el acusado con un efectivo policial donde manifestó que realizaba tareas de taxidermia en su domicilio de Villa Luzuriaga, con conocimiento de que algunos ejemplares pertenecían a especies protegidas.

El 22 de septiembre de 2015, el titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, ordenó el allanamiento del domicilio del imputado, donde se secuestraron una serie de animales autóctonos y exóticos, protegidos por la Ley de Fauna, tales como pumas, gatos montés, zorros, perdices, coipos, ciervos y ejemplares de aves, algunos de los cuales eran conservados congelados.

Al ser indagado, el 10 de mayo pasado, el acusado sostuvo que no había cazado ningún animal, excepto los ejemplares de pato barcino y sirirí secuestrados en su casa, al tiempo que aclaró que practica la taxidermia como una actividad recreativa. Sostuvo, además, que parte de los animales secuestrados los había comprado a través del sitio Mercado Libre, que otros provenían de una tienda ubicada en la ciudad bonaerense de Saladillo, como así también que algunos ejemplares los había heredado de su padre y los restantes se los habían regalado sus amigos del campo, cuyas identidades no preciso. En relación con un cuero de caimán hallado en su domicilio, dijo haberlo adquirido en un puesto ubicado sobre la ruta, en Misiones.

El acusado también aseguró que practica la caza desde hace 18 años, ocasionalmente en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, con habilitación legal, aunque no aportó ningún comprobante para justificar su actividad, como así tampoco presentó una licencia para practicar esta actividad, ni tampoco figura registrado ante la Dirección de Fauna Silvestre ni en el padrón de contribuyentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En base a las pruebas colectadas, el fiscal Basso requirió que el imputado sea sometido a juicio oral y público como autor del delito de almacenamiento y venta de piezas o productos provenientes de la caza furtiva o de la depredación, que prevé una pena de entre dos meses y dos años de prisión e inhabilitación especial de cinco años, conforme los artículos 25 y 27 de la Ley N°22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.