El fiscal federal Juan Pedro Zoni y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, impulsaron conjuntamente la acción penal luego de la denuncia presentada por el actual Administrador General de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, contra las anteriores autoridades de esa repartición y la empresa Necon S.A, por supuestas maniobras defraudatorias que habrían sido ideadas para habilitar pagos indebidos a prestatarias a cambio de beneficios económicos.

La acción penal impulsada entre la Fiscalía Federal N° 8 de la Capital Federal y la PIA se enmarca en la presentación realizada por Iguacel en julio. El denunciante refirió allí un presunto marco delictivo a través del cual funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad habrían otorgado “beneficios patrimoniales” a determinadas empresas contratistas, encubriendo el proceder mediante la supuesta cancelación de intereses por mora adeudados en el pago de certificados de obra. Asimismo, el administrador general sostuvo que esas maniobras se habrían producido en numerosas oportunidades -lo que está siendo objeto de investigación administrativa-, resultando en un grave perjuicio al erario público -el cual ascendería a más de $400.000.000, según indicó-.

En el requerimiento de los fiscales se hizo hincapié en la premura otorgada al pago de determinados créditos por parte de los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad. Ello en base a que sin contar con sentencia judicial ni liquidación firme, se iniciaba el trámite de pago con la sola intervención de tres áreas: informe contable, dictamen jurídico y resolución aprobatoria. Así, los procesos finalizaban con el depósito judicial en un plazo sensiblemente inferior. De esta forma, la demanda judicial importaba una pantalla ficta cuyo objeto consistía en el inicio de un circuito de pago -con menos control- so pretexto de cancelar créditos judiciales.

Un caso clave

El caso en particular que profundizó la requisitoria de los representantes del Ministerio Público Fiscal se refiere a la supuesta deuda de la DNV que, al 31/10/2009, ascendería a $23.583.637,40 a favor de NECON SA. La hipótesis es que esa suma que se instaló en el proceso judicial, serviría de puntapié para que Vialidad intente el depósito de un monto de dinero mayor -para actualizar la deuda- pretendiendo desnaturalizar el objeto de la contienda y sortear el proceso administrativo en atención al “necesario cumplimiento de una manda judicial”. Sin embargo, esa situación no pudo materializarse en un primer estadio, en atención a que la propia jueza interviniente exigió el cumplimiento de la normativa correspondiente.

Zoni y Rodríguez reseñaron que, de acuerdo a la denuncia, los funcionarios y abogados intervinientes no cumplieron la normativa ni la manda judicial y celebraron sin competencia un acta-acuerdo en noviembre de 2011, que luego fue aprobado por el entonces Administrador General de la DNV aceptando la supuesta deuda y fijando un monto de pago. De esta forma, NECON SA habría obtenido en forma directa el pago de la suma de $36.532.519,19, en violación de lo establecido en el art. 32 del Decreto N° 2140/91 y de lo resuelto por la juez contencioso administrativo federal interviniente.

Por otra parte, se señaló que el apoderado de la empresa solicitó al subgerente de Asuntos Jurídicos de la DNV, en el marco del expediente administrativo -es decir, no judicialmente-, el recálculo de la liquidación efectuada por las consultoras técnicas, aduciendo un error no especificado, lo que habría permitido el crecimiento exponencial del crédito de $25.677.902,25 al 31/10/09 a $36.532.519,19 al 30/04/2011. Es decir que el monto supuestamente adeudado por el Estado nacional aumentó $ 10.854.616,99 durante un lapso de 18 meses, sin discusión en el plano judicial ni observación alguna por parte de los letrados y funcionarios de la DNV.

Finalmente, junto con el requerimiento de instrucción se solicitaron más de una decena de medidas de prueba que ya se están produciendo.  La PIA, en ejercicio de sus atribuciones, continuará cooperando con la fiscalía durante el progreso de la investigación. La calificación legal de la conducta identificada fue fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel, en concurso con falsedad ideológica de instrumento público.