Jilgueros, tucanes, cotorras, variedades de cardenales y lechuzas, tortugas, serpientes y armadillos. Casi tres mil ejemplares de esas especies clasificadas como protegidas o en extinción y tuteladas por la ley 22.421 y la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre fueron recuperados esta semana, tras una serie de allanamientos simultáneos encabezados por el Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal, en el marco de una causa en la que intervienen la Fiscalía N°1 y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón.

Durante los procedimientos fueron detenidas 28 personas por su presunta participación como proveedores, cazadores, distribuidores, transportistas o vendedores, según el caso. Además se secuestraron 350 elementos de caza, como trampas y redes, entre otros; 23 armas de fuego -entre escopetas, rifles, revólveres, pistolones y carabinas-; dinero en efectivo -más de 870 mil pesos y 1.365 dólares- y seis vehículos.

El origen de la investigación

La pesquisa comenzó con la formalización de una investigación preliminar (IP) realizada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), luego de que fuera puesta en conocimiento de una cuenta en Facebook en la que se ponían a la venta diversos ejemplares de aves amparadas por la ley 22.241, y en algunos casos por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). El punto de venta identificado allí se ubicaba en Acceso Oeste y Ruta 25, en Moreno.

En esa primigenia presentación el fiscal federal a cargo de la UFIMA, Ramiro González, había propuesto una serie de medidas de prueba y postulaba, de corresponder, el secuestro de las especies. En la denuncia se indicó que los hechos encuadrarían como infracciones a los artículos 25 y 27 de la ley mencionada, que en el tipo penal básico castiga a quienes cazaren animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación (artículo 25) y a quien “a sabiendas transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación (artículo 27).

Desarticulación de una red con ramificaciones provinciales

Una vez definida la competencia de la fiscalía y el juzgado federales de Morón -encabezados por Santiago Marquevich y Jorge Rodríguez, respectivamente-, las diligencias realizadas, que incluyeron tareas investigativas e intervenciones telefónicas, permitieron avanzar y detectar una “compleja organización que se dedicaría a la extracción, distribución y comercialización de distintas especies contempladas en la ley 22.421, la cual estarían operando en las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Tucumán y Santiago del Estero”, según estimó el Juzgado Federal..

Los allanamientos ordenados tuvieron lugar, en consecuencia, en localidades bonaerenses como Moreno, La Tablada, Morón, Isidro Casanova, Merlo, Lomas del Mirador, Luján, Villa Domínico, Lanús, pero también en Salta, Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, La Banda, Monteros y Gualeguaychú, entre otras.