Integrantes de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata -de la que forma parte el Ministerio Público Fiscal de la Nación- se reunieron este martes con la intención de analizar, entre otros puntos, el posicionamiento que tomó Amnistía Internacional sobre la despenalización del proxenetismo, “pilares de un crimen transnacional de $99 billiones de dólares al año”.

En ese sentido, resolvieron adherir al documento elaborado por instituciones defensoras de los derechos humanos y víctimas de la prostitución, en el que se advierte que “despenalizar al ‘comercio sexual’ convierte a los dueños de los burdeles en ‘empresarios’, quienes con impunidad promueven la trata de mujeres muy jóvenes predominantemente de los países más pobres de Latinoamérica, Asia y África, así como de Europa del Este para satisfacer la demanda creciente de prostitución”.

La Mesa no sólo decidió sumar su firma al documento, sino también elevó el pedido de adhesión al Concejo Deliberante de General Pueyrredon y a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a través de los legisladores que forman parte del espacio.

Qué plantea el documento

El texto afirma: “Creemos firmemente y estamos de acuerdo con Amnistía con que los seres humanos comprados y vendidos en el comercio sexual, que en su gran mayoría son mujeres, no deben ser penalizadas en ninguna jurisdicción y que sus derechos humanos deben ser respetados y protegidos en todo su alcance”.

“También, acordamos en que, con la excepción de algunos países, los gobiernos y las fuerzas de seguridad  violan gravemente los derechos humanos de las personas prostituidas”, añade.

Y ante ello, señala: “De todas maneras, lo que su ‘Borrador de Política sobre Trabajo Sexual’ está proponiendo de forma inentendible es la despenalización total de la ‘industria sexual’, lo que de hecho lleva a legalizar el proxenetismo, la tenencia de burdeles y el pago por prostituir”.

En este sentido, dieron cuenta de evidencias que muestran “los efectos catastróficos de la despenalización del ‘comercio sexual’”. “El gobierno alemán, por ejemplo, que reglamentó la ‘industria de la prostitución’ en 2002, encontró que la ‘industria sexual’ no se hizo más segura para las mujeres luego de la puesta en vigencia de su ley. Por el contrario, la proliferación de los burdeles legales en Alemania ha disparado un incremento de la trata de personas con fines de explotación sexual”, ejemplifica citando las fuentes correspondientes.

“El año pasado, destacadas expertas en trauma en Alemania pidieron a su gobierno que vete la ley del 2002, subrayando los profundos daños psicológicos que la invasión sexual serial y no deseada y la violencia, que son el sello distintivo de la prostitución, infligen en las mujeres. La reducción de daños no es suficiente, explican; los gobiernos y la sociedad civil deben invertir en la eliminación del daño”, complementa el escrito.

El documento deja en claro que “sin una pujante ‘industria del sexo’, no habría trata de personas con fines de explotación sexual”.

Y repara también en la visión de profesionales de la medicina -incluyendo expertos/tas en los campos de la ginecología y la salud mental- quienes confirman que “más allá de cómo una mujer llega a la prostitución, el abuso, la violencia sexual y las heridas generalizadas que estas mujeres soportan de las manos de sus proxenetas y prostituyentes (mal llamados clientes), llevan a daños físicos y psicológicos de por vida y, demasiado frecuentemente, a la muerte”.

Por otro lado, el texto señala que “Es insostenible que una organización de derechos humanos de la estatura de Amnistía esté fallando en reconocer a la prostitución como causa y consecuencia de la inequidad de género. La principal manera de proteger los derechos humanos de las personas explotadas sexualmente es proveer servicios integrales y estrategias de salida, de forma de poder optar por dejar la prostitución y hacer a sus explotadores responsables”.

Y sostiene: “Si Amnistía votase apoyar la despenalización del proxenetismo, la tenencia de burdeles y el pago por prostituir a personas, estaría apoyando en realidad un sistema de segregación de género. Un sistema que, en lugar de proteger de la violencia sexual y el acoso y  ofrecer oportunidades educativas y económicas a todas las mujeres, por el contrario, estaría separando una categoría de mujeres del conjunto para quedar expuestas a la depredación de los varones prostituyentes para el beneficio de sus proxenetas, tratantes y dueños de burdeles”.

El documento, sobre el final, hace un pedido al organismo: “(…) Pedimos a Amnistía que se posicione del lado de la justicia y la equidad para todos/todas”.