El fiscal Federal Juan José Baric apeló el sobreseimiento y solicitó la prisión preventiva para distintos imputados en dos casos de trata de personas en la provincia de La Pampa. Una de las sentencias fue dictada por la jueza Federal subrogante, Iara Silvestre, el 30 de junio y la otra fue ordenada por el anterior titular del juzgado, Marcelo Piazza  en febrero de 2013. En concreto, en la causa resuelta por Piazza, Baric apeló el sobreseimiento de Nicolasa Beatriz Cardenas, Luis Javier Bassa y María Elena García. Mientras que en el otro caso, busca revocar la eximición de prisión dictada Silvestre cuando procesó a Héctor Mario Molina y Julia Gil Solano por el delito de acogimiento, recepción de mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual.  Molina era el dueño del local nocturno “El amanecer” y Gil Solano la encargada.

Cardenas está acusada del mismo delito cometido en otro prostíbulo denominado “El Delfín”, ubicado en la localidad de General Acha, y donde trabajaba como encargada. Por su parte, García y Basso se desempeñaban como intendenta de la ciudad y secretario de Gobierno del municipio, respectivamente.

Fundamentos de la Fiscalía

En uno de sus dictámenes, Baric sostuvo que para sobreseer a Cardenas, Bassa y García  “se parte de premisas incorrectas, tanto respecto de la ponderación, o falta de ella, del ordenamiento jurídico vigente al momento de los hechos como de la valoración de la prueba existente en autos para escoger el criterio absolutorio”.

Con respecto a Cardenas el representante del Ministerio Público agregó que “la contundencia de estos testimonios no puede dejar ninguna duda respecto del verdadero rol que desempeñaba la imputada en ‘El Delfín’, toda vez que se encargaba de controlar, cobrar, recaudar el dinero, producto de la explotación sexual a la que eran sometidas las demás mujeres".

En cuanto a Bassa y García, el fiscal destacó que son tres las líneas de razonamiento utilizadas para sobreseerlos: “La primera es la fecha en la que ambos habrían renunciado a sus cargos municipales. En tal sentido, Bassa habría presentado su renuncia en fecha 10 de junio de 2011 y García en fecha 16 de noviembre de ese mismo año”. De esta manera, la renuncia de Bassa sería anterior al allanamiento llevado a cabo en el local nocturno 'El Delfin', llevado a cabo el 11 de noviembre de 2011 mientras que la de García habría acontecido cinco días más tarde”. Ambos  firmaron las habilitaciones comerciales de “El Delfín” en concordancia con la ordenanza municipal N° 53/09.

Finalmente, ambos catalogaron como “caos institucional” a la situación que se presentaba en el Municipio de General Acha durante el transcurso de los hechos.

En ese sentido, para el representante del Ministerio Público Fiscal, “ninguna de esas tres líneas de razonamiento se encuentran amparadas por el ordenamiento jurídico vigente, ni por las reglas de la sana crítica racional ".

"En efecto, inicialmente se pretende imponer un razonamiento cronológico de los hechos, el cual resulta cuanto menos arbitrario, toda vez que de nada sirve sostener que la renuncia de Bassa fue anterior al allanamiento del local ‘El Delfín’ y la de García ‘apenas’ cinco días después de ese procedimiento, toda vez que las habilitaciones comerciales suscriptas por ambos funcionarios fueron notoriamente anteriores a esa fecha y en franca infracción al ordenamiento legal vigente al momento de celebrar dicho acto. Ello nos lleva a considerar el segundo razonamiento utilizado por la  Jueza Iara Silvestre, que es aquél por el cual ambos funcionarios no habrían incumplido sus deberes. Como puede observarse, no puede expresarse ni razonarse válidamente que había una Ordenanza Municipal vigente que autorizaba a ambos ex funcionarios públicos a habilitar comercialmente una auténtica 'casa de tolerancia', como lo era 'El Delfín", agregó el fiscal.

Por su parte, Molina y Gil Solano fueron procesados pero sin prisión preventiva. Esto último fue apelado por Baric quien consideró que por la gravedad del delito es necesario cumplir con la detención a la espera de las otras etapas procesales.

Asimismo, señaló que los argumentos que utilizó la jueza para eximirlos de prisión obedecen a ”un mero juego de palabras que no encuentra asidero en la legislación y merece la tacha de nulidad por reposar solo en una fundamentación aparente y, por lo tanto, arbitraria”.

Los hechos

Ambas causas se originaron el 8 de noviembre de 2011, con el requerimiento de instrucción y solicitud de allanamiento de los locales nocturnos “El amanecer” y “El Delfín”, ambos ubicados en la localidad pampeana de General Acha.

En esa oportunidad, en el prostíbulo "El Delfín" se constató la presencia de dos mujeres, una de nacionalidad paraguaya y otra argentina. Pero, a través de otros hechos, se determinó que también había, al menos, cuatro mujeres más, oriundas de la provincia de Misiones. Además, se hallaron preservativos y geles íntimos.

Como consecuencia, se le recibió la declaración indagatoria a Marta Silvia y Nicolasa Cárdenas, acusadas de ser propietaria y encargada, respectivamente, del local nocturno que funcionó entre el 1 de noviembre de 2010 y el 30 de junio de 2012. Allí, trabajarían mujeres mayores de edad como “coperas” y en ese lugar se llevarían a cabo encuentros sexuales con clientes del bar a cambio de un precio que pactaban con Silva, quien les retenía el 30%.

Las mujeres explotadas debían devolver los gastos del traslado hacia el lugar, que habrían sido solventados por Silva. El dinero era considerado un adelanto de la "ganancia" que iban a obtener.

Según las víctimas, todas vivían con Silva, le alquilaban la habitación en la que dormían y les cobraba “absolutamente todo”. Asimismo, declararon que no tenían francos ni permiso para salir del lugar cuando no se encontraban trabajando. El dinero que les quedaba como ganancia se lo entregaban a Silva que con la excusa de haberlo depositado en el banco por razones de seguridad, se negó sistemáticamente a entregarlo. De esta manera, se generó una situación de total dependencia con su explotadora, quien llegado un momento de reiterados reclamos incluso amenazó  a una de ellas con una multa si no iban a trabajar, mientras que a otra le negó cualquier ganancia que pudiera corresponderle.

Salvo para los gastos de comida y alojamiento, ninguna tenía dinero disponible para solventarse los pasajes en caso de querer regresar a su lugar de origen.

En el caso del operativo llevado a cabo en el local nocturno denominado “El Amanecer”, que funcionó entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de junio de 2012, se pudo constatar la presencia de cuatro mujeres dominicanas y cuatro argentinas con libretas sanitarias y con preservativos en su poder.

Como consecuencia, el fiscal subrogante de ese entonces solicitó el procesamiento de Héctor Mario Molina, acusado de ser el propietario del prostíbulo, y Julia Gil Solano, identificada como la encargada. Las víctimas trabajaban como "coperas" y "alternadoras" y en el lugar se acordaban encuentros sexuales con clientes del bar a cambio de un precio que pactaban con Molina, quien se quedaba con un porcentaje de la ganancia. Para esa época, el local estaba habilitado como cabaret.

A Bassa se le imputa haber extendido la habilitación comercial del local nocturno en su carácter de secretario de Gobierno del Municipio de General Acha para la explotación del cabaret “El Amanecer” cuya propiedad es de Héctor Molina. La realidad es que ese lugar funcionaba como una "casa de tolerancia" y esto no podía ser desconocido por el entonces funcionario público. Asimismo, luego del allanamiento tampoco  arbitró los medios a su alcance para clausurar el local.