El titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, homologó los acuerdos de reparación ofrecidos por distintas personas imputadas, en el marco de once investigaciones por violaciones a las restricciones impuestas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia por el virus COVID-19. De este modo, se recaudarán 147 mil pesos que se destinarán al sistema de salud.
Las investigaciones se formaron entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, a raíz de la detección de distintos eventos privados realizados durante la cuarentena sanitaria dispuesta por el gobierno nacional, en las cuales nueve personas resultaron imputadas por conductas que encuadran en violaciones a las medidas antipandémicas (artículo 205 del Código Penal) y desobediencia a la autoridad (artículo 239 del Código Penal). Asimismo, otras tres personas fueron imputadas por incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.
El fiscal Guillermo H. Ferrara, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, junto al auxiliar fiscal Eduardo Rezses, se entrevistaron con las personas imputadas y sus defensas, y aceptaron las propuestas de reparación económicas efectuadas en el marco de las medidas alternativas de resolución de conflictos contempladas en el Código Procesal Penal Federal. Los ofrecimientos consistieron en la entrega de dinero por una suma total que alcanza los 147 mil pesos, que serán destinados al sistema de salud para el abordaje de la pandemia.
En virtud de ello, y en el marco de las audiencias para informarle a las personas imputadas la formación del expediente, llevadas a cabo el pasado 10 de agosto, el juez Ramos Padilla homologó los acuerdos alcanzados, con la presencia del auxiliar fiscal Rezses, bajo la condición de que las personas imputadas mantengan buena conducta y no registren antecedentes.
Desde la fiscalía se informó que la decisión adoptada se encuadra en las medidas alternativas de resolución de conflictos, previstas en el proceso penal que, en casos como este, colaboran a descongestionar el sistema de justicia, permitiendo que los esfuerzos se concentren en la investigación de delitos complejos. Asimismo, los acuerdos celebrados no implican que las personas imputadas asuman la responsabilidad de los hechos, pero permiten que éstas adviertan las consecuencias de sus conductas de forma más directa, dinámica y eficaz, que si se siguiera el proceso penal tradicional.