27 de febrero de 2024
27 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El prostíbulo funcionaba a pocas cuadras de la estación de ómnibus de la capital provincial
La Plata: requirieron el juicio oral contra cuatro imputados por trata de personas
La fiscal Laura Roteta consideró probado de los hombres explotaron sexualmente a 16 mujeres, la mayoría de ellas de nacionalidad extranjera, en situación de vulnerabilidad.

La titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº1 de la Plata, Laura Roteta, requirió la elevación a juicio de cuatro personas por un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Bajo el velo de una “whiskería”, los imputados habían montado un cabaret en el que captaron, recibieron y prostituyeron, al menos entre junio y agosto de 2014, a 16 mujeres, quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad y que contaban con escasos recursos económicos. Diez de las víctimas eran de nacionalidad paraguaya, una dominicana y las restantes argentina.

La investigación comenzó a partir de una denuncia que indicaba que a pocas cuadras de la terminal de ómnibus de la capital provincial, funcionaba un prostíbulo en el que se explotaba sexualmente a mujeres. Luego de la investigación ordenada por la Fiscalía a la Delegación de Inteligencia Criminal de la dependencia platense de la Prefectura Naval Argentina, se constató la existencia del cabaret, que era regenteado por uno de los imputados.

Durante el allanamiento realizado el 24 de agosto de 2014, se secuestró el contrato de alquiler y recibos de pago por la locación del inmueble a nombre de quien habría oficiado como el encargado del lugar y remitos de una distribuidora de bebidas librados a nombre del cabaret, además de otra documentación y el testimonio de los “clientes” que confirmaron que en el lugar se explotaba la prostitución ajena.

Según la investigación, el cabaret funcionaba todos los días entre las 23:00 y las 7:00. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Roteta indicó que “la dinámica del lugar era la siguiente: los clientes invitaban una copa -por un valor de $ 150- a las mujeres que, en virtud de esa copa ‘invitada’, los acompañaban a la mesa y luego se producía la oferta sexual en concreto: en caso de acceder al servicio ofrecido, había que pagar, según relataron los agentes que realizaron las tareas, $500 más el hotel, ya que el local no contaba con habitaciones habilitadas al efecto”.

La representante del MPF destacó también el informe elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata de Personas dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que las profesionales que participaron del operativo resaltaron una serie de aspectos  que consideraron indicadores de trata: “Se destaca la situación de vulnerabilidad en que la mayoría de las mujeres entrevistadas se encuentran dado que de los relatos se desprende que ingresaron al circuito prostibulario impulsadas por condiciones de vida que denotan situaciones socio-económicas precarias en sus lugares de origen, añadido al hecho de que muchas de ellas refirieron ser las únicas responsables de la manutención de sus hijos. Este factor acrecienta la necesidad de conseguir solventar sus necesidades económicas de modo urgente agravándose de este modo las condiciones en las que se encuentran”.

Por últmo, Roteta puntualizó también que el objeto de protección de este delito es la libertad entendida en términos amplios, como posibilidad de autodeterminación: “El tratante, que se encuentra en una posición de asimetría con respecto a las víctimas, coloniza la subjetividad de éstas quebrando su capacidad de auto-determinarse y, de este modo, las cosifica y se naturaliza la opresión”. La fiscal recordó, además, el “compromiso internacional del Estado Argentino de prevenir, perseguir y sancionar este tipo de conductas al ser parte de numerosos tratados y convenios internacionales, dentro de los cuales cabe mencionar el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional”

En este caso, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “debe incluirse la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) puesto que la explotación sexual de las mujeres constituye una macabra forma de ejercer violencia de género”.