El fiscal Leonel Gomez Barbella solicitó la elevación a juicio de dos personas acusadas de explotar al menos a seis trabajadores en un taller textil clandestino dedicado al estampado, ubicado en la localidad de Lomas de Zamora. Los imputados habrían engañado y trasladado a cinco personas de nacionalidad boliviana y una peruana en situación de vulnerabilidad para someterlos a una situación laboral “indigna”, con jornadas de entre 12 y 13 horas diarias, salarios por debajo del mínimo legal, descansos reducidos y sin medidas de seguridad ni higiene. Además, se les imputa la tenencia de un arma de fuego y la permanencia ilegal en el país de dos de las víctimas.

Por otra parte, el fiscal solicitó al Juzgado la extracción de testimonios y la formación de otra causa por separado para continuar la investigación respecto de otros dos domicilios vinculados que fueron allanados durante los allanamientos realizados el 1 de septiembre de 2015, con el fin de establecer si allí también operaba la red dedicada a la trata y explotación de personas.

El taller clandestino había sido detectado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según la investigación, en el lugar se explotaba a personas de ambos sexos, en algunos casos menores de edad, indocumentados y/o recién llegados al país. El trámite judicial inicial estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Sin embargo, luego de avanzada la pesquisa, el Juzgado de Garantías N°6 del partido bonaerense decretó la incompetencia y remitió el expediente a la justicia federal, donde tramitan las causas por trata de personas.

El 1 de septiembre de 2015, se realizaron tres allanamientos simultáneos donde fueron rescatadas seis víctimas. En el taller, se secuestró ropa con etiquetas de la marca "Siamo Fuori", entre otras, maquinaria utilizada para la industria textil y armas de fuego. En tanto, en dos viviendas particulares se de ubicó a los dos imputados.

A través del testimonio de las víctimas, se estableció que los hechos habrían ocurrido al menos entre el año 2012 y septiembre de 2015, que los trabajadores eran alojados en el lugar donde eran explotados, que el dueño del taller le habría abonado el pasaje en ómnibus a tres de las víctimas, que luego fue descontado del monto de dinero recibido por las tareas realizadas, y que el acusado habría abonado entre $3 y $4 por prenda confeccionada. Según los relatos, la permanencia en el lugar rondaba los cuatro meses y los tres años y que los alimentos que ingerían durante el desayuno, almuerzo, merienda y cena eran provistos por el imputado.

Las víctimas señalaron que no tenían contrato laboral y que las jornadas de trabajo eran de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y los sábados de 7:00 a 13:00 horas con 30 minutos para desayunar, otro intervalo del mismo tiempo para almorzar y una hora para cenar.