Hoy, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de Buenos aires, comenzará el juicio contra el ex interventor del Instituto de Servicios Sociales Bancarios (lSSB), Fabián Luis Santos Venturo, por “haber administrado fraudulentamente fondos pertenecientes a esa institución, cuyo manejo tenía a su cargo, concretándose la maniobra ilícita a través de diversas contrataciones mediante las cuales obligó abusivamente a la institución, en las que asumía el rol de parte locataria en los acuerdos cuestionados”, destaca el requerimiento de elevación a juicio presentado en noviembre de 2009.

También, están imputadas otras ocho personas, quienes resultaron los co-contratantes de Santos Venturo. Se trata de Juan Esteban Coronel, Beatriz Aliani, Gabriel Ramón Di Ludovico, Marys Edith Ibalo, Alizia Marcela Mainardi, Marcelo Miguel Bertotti y Carlos Alberto Bonelli. En representación del MPF intervendrá la fiscal general Gabriela Baigún.

Los hechos

Durante el debate oral, se dilucidará la responsabilidad de los nueve imputados respecto a distintos hechos que ocurrieron entre los años 2001 y 2002, cuando Santos Venturo era el interventor del Instituto. En el primero de ellos, los días 23 de marzo, 26 de abril y 7 de diciembre de 2001, Coronel presentó al cobro al ISSB, en su carácter de titular de la firma “Electra”, una serie de facturas que ascendían al monto total de $93.473, “en razón de tareas de instalación eléctrica, albañilería y pintura” realizadas en inmuebles del instituto ubicados en distintas partes del país. La particularidad es que no se realizó ninguno de los trabajos, indicó el entonces fiscal federal Luis Comparatore en el requerimiento de elevación a juicio.

De la elevación a juicio surge que los imputados firmaban contratos para realizar tareas que no se ejecutaban, pero por las cuales de todas maneras recibían el pago. En el caso de la imputada Aliani, por ejemplo, Santos Venturo cedió en su favor derechos y acciones por la suma de $ 54.450.

Otro de los hechos, que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2000, el ISSB vendió al imputado Vasconi un inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba, por la suma de 80 mil dólares. Sin embargo, en el mismo día, y con la intervención del mismo escribano que había participado en la primera venta, “la propiedad en cuestión fue vendida nuevamente por Vasconi a [la imputada] Mainardi por la suma de 170 mil dólares”, indicó el ex fiscal que intervino en la instrucción de la causa, quien, sobre esto último, agregó: “la valuación fiscal del bien, de acuerdo a los registros de la Municipalidad de Córdoba del año en cuestión, era de por sí muy superior al precio de venta que acordaron las autoridades del instituto, para luego venderla a casi al doble del mismo […], circunstancia que da cuenta de un accionar cuanto menos ilegítimo en una operación de compraventa de un bien inmueble”.