Bajo la premisa de que el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) es un derecho básico de cualquier persona, y que permite obtener el acceso a beneficios sociales, salud y educación, desde la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata se programaron dos jornadas de documentación en las unidades penales 50 y 15 de Batán, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Ministerio de Justicia bonaerense.

Lucía Ivorra, como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, acudió a la Unidad Penal 50 de mujeres, donde se realizó el despliegue, junto a integrantes de la Fiscalía Federal; el director provincial de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Roberto Falcone, y representantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. Allí, lograron hacer el DNI más de 40 mujeres, algunas de ellas carecían de cualquier tipo de documentación personal. “La idea surgió de la Mesa contra la Violencia Institucional luego de la implementación de la Universidad en la cárcel. Cuando empezamos a hacer los trámites nos dimos cuenta que había muchos  detenidos que no tenían el DNI y por eso no podían hacer la inscripción”, explicó la joven abogada.

En marzo, se realizó un relevamiento voluntario tanto en la Unidad Penal 15, como en la 50, “pabellón por pabellón”. “De 1094 personas encuestadas, 304 no tenían DNI, y 165 no lo actualizaron a los 16 años. A raíz de eso, se coordinó el trabajo tanto con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) como con el Ministerio de Justicia”, detalló Ivorra. "Un porcentaje nunca había tenido su documento, otro tanto lo había perdido en traslados de unidad a unidad, y había quienes dijeron que lo tenía retenido la policía desde el momento de la detención”, agregó.

La intención, dijo, es diagramar un proyecto para la implementación de un mecanismo que facilite en todas las unidades penales una delegación que haga el trámite del DNI y que en cada juzgado los magistrados tomen nota de esta situación “y hagan las gestiones necesarias y arbitren los medios para garantizar la tenencia de los DNI, ya que es una herramienta que habilita muchos derechos”.

“Es un derecho humano porque garantiza materialmente el acceso a la identidad, y también es un derecho llave, porque también permite acceder al derecho de la educación, de la salud y a los beneficios de la seguridad social”, destacó Ivorra.

En tanto, desde el Ministerio de Justicia de la Provincia, expresaron: “Este es un mecanismo muy importante de ampliación de derechos, ya que hace a la dignidad de la persona que cada interno tenga su DNI y pueda ser un ciudadano con todos los derechos que le asisten como tal. Tenemos que entender que la persona privada de su libertad el único derecho que pierde es el derecho a la libertad, pero todos los otros derechos tienen que serle permanentemente concedidos”.