Con la mirada puesta en la protección y acompañamiento a las víctimas del delito, en consonancia con lo dispuesto desde la Procuración General de la Nación, en la Fiscalía de Distrito Mar del Plata, a cargo del fiscal Daniel Adler, se creó un Área de Coordinación de Asistencia que permite imprimir una mirada interdisciplinaria en el abordaje jurídico de los fenómenos delictivos. Está coordinada por la licenciada en Trabajo Social y especialista en Salud Mental, Mila Montaldo, y se está interviniendo en la asistencia de 44 víctimas. De ellas, 37 son víctimas del delito de trata -20 por explotación sexual y 17 laboral-, y las otras siete de delitos como secuestro extorsivo, corrupción y falsedad ideológica.

Este espacio tiene su primer reflejo en una resolución de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien estableció como prioritario “que esta institución consolide un rol activo y amplio respecto de la protección y acompañamiento de las personas que han sido víctimas de delito”, y marca que “el MPF además de procurar investigaciones eficientes y respetuosas del debido proceso, está obligado a atender la situación de las personas afectadas directamente por la comisión de ilícitos penales”.

El eje fue tomado por el fiscal coordinador de Distrito quien rubricó en febrero de este año la resolución interna 5/2016, que busca la articulación y coordinación con organismos del Estado para evitar la superposición de esfuerzos y así generar una mejor administración de recursos para proveer una real e integral asistencia a las víctimas.

En este sentido, Adler señaló la importancia de incluir en el proceso penal a operadores jurídicos venidos de otras ciencias, que sustentados en otros paradigmas “permitan escuchar, contener, asistir, como asimismo, explicar esta problemática desde su construcción estructura e histórica”. Allí situó, entre otras cuestiones, la complejidad de este delito: “Pues la representación que tiene la sociedad del mismo conlleva a su naturalización y por ende las dificultades en persecución criminal”.

En este sentido, el fiscal de Distrito en su resolución planteó: “La trata y explotación de personas, así como sus delitos conexos –como regenteo de casas de tolerancia, infracción a la ley migratoria, entre otros- son síntomas de un fenómenos social como la violencia que aquejan a las sociedades y según el contexto histórico, se expresan y manifiestan indistintamente. Este nudo medular que es la violencia adquiere, a su vez, otras aristas como la violencia de género, delitos contra la integridad sexual, tortura, etc.; por tanto se trata de una matriz pluricausal, debiéndose así comprenderla y abordarla”.

Frente a ello, el fiscal de Distrito comprendió que “esto encomienda a los organismos judiciales a establecer en su política criminal un abordaje integral por cuanto para su adecuada atención requiere que la intervención judicial involucre equipos interdisciplinarios”. Bajo esta premisa, se planteó la construcción del espacio de la coordinación, donde el MPF cumpliría un rol de organizador en lo que hace a la atención de las víctimas, con la intervención de los organismos que el estado municipal, provincial y nacional. El objetivo es ofrecer a las víctimas aquellos puntos que se contemplan en la ley 26.842 y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de  personas”, como subsidios, asignación universal por hijo, capacitaciones, pasantías, oportunidad de empleo, seguimiento social y jurídico del caso, entre otros.

Resignificar y no revictimizar 

Con la intención de resignificar la figura de la víctima durante el proceso y la actuación de las instituciones asistenciales evitando la revictimización, se apuntó, en una primera instancia, a conocer y planificar un método de trabajo con los organismos administrativos que confluyen en la atención de las víctimas.

“Con posterioridad a un allanamiento se produce una multiplicidad de acciones, y de la experiencia surgía que, previo a esta coordinación, la víctima en esa multiplicidad de actuaciones solicitadas desde el órgano judicial terminaba desdibujándose; sin poderse desde el organismo jurídico realizar un seguimiento adecuado, desconociendo el estado en el cual la víctima podría llegar a la instancia del juicio oral”, explicó Montaldo.

La puesta en marcha del área de coordinación derivó en dos encuentros con los representantes de organismos administrativos locales, provinciales y nacionales, encargados de la asistencia, con el fin de monitorear las intervenciones y su impacto. En el segundo encuentro se propuso elaborar un protocolo de actuación e intervención con el Ministerio de Justicia de la Provincia –mediante el Programa de Lucha contra la Trata y participantes de la oficina de Trata  de la Provincia; así como con los organismos dependientes del Municipio.

En lo que respecta al trabajo dentro del Ministerio Público se trazó una planificación de tareas, y se construye en lo cotidiano con los operadores jurídicos puentes de comunicación y entendimiento en relación al método de trabajo. “Pese a las prácticas judiciales automatizadas instaladas, hemos y estamos pudiendo avanzar significativamente apelando al compromiso y sensibilidad social de cada uno de los operadores que están comprendidos en la temática de las Fiscalías”, añadió la trabajadora social.

El Ministerio Público Fiscal en Mar del Plata, por decisión del fiscal de Distrito, cuenta con un espacio donde pensar la Justicia desde la articulación del derecho con otras disciplinas. “El concepto de Justica se amplía adquiriendo su dimensión real donde la acción no se agota en la investigación penal sino, por el contrario, es el punto de partida y en su accionar se consolida el espíritu de la Ley de ‘erradicar la trata’  al dar posibilidad y capacidad a las víctimas de modificar y/o transformar su realidad”, concluyó Montaldo.